Chihuahua, Chih

La Constitución local establece la obligación del gobernador(a) de enviar al Congreso del Estado, dentro de los seis meses siguientes de que tome posesión del cargo, los Planes Estatales de Desarrollo y de Seguridad Pública (PED-SP), con la correlativa obligación del Congreso de aprobarlos dentro de los plazos legales. 

A su vez, la Ley de Planeación define la Planeación para el Desarrollo como “la ordenación racional y sistemática de las acciones de las diversas instancias de Gobierno con la participación de los sectores social y privado, a fin de transformar la realidad socioeconómica de la entidad, y elevar la calidad de vida de su población”.

Corresponde al titular del Poder Ejecutivo la conducción de “la planeación estatal para el desarrollo con la participación democrática de los sectores social y privado, mediante los mecanismos de coordinación, concertación e inducción…”.

Asimismo, enumera los elementos del Sistema Estatal de Planeación Democrática; uno de ellos, “un proceso que permita, a través de la formulación de planes y programas, articular las demandas sociales y traducirlas en decisiones y acciones de gobierno; así como la participación de los sectores social y privado en la formulación, instrumentación, control y evaluación de los mismos”.

 En el PED-SP 2022-2027 se precisa que la actual administración estatal “tiene su principal motor y característica en ser fundamentalmente humanista. El bienestar de los chihuahuenses y su próspero desarrollo debe ser (¿será?) un faro que guíe el diseño e implementación de las políticas públicas dirigidas a disminuir las brechas de desigualdad que imperan”.

Lo anterior, toda vez que “el enfoque de desarrollo humano se centra en las personas, que son la verdadera riqueza de una sociedad, por lo que el desarrollo implica ampliar las oportunidades para cada persona”. 

Maru Campos se compromete a lograr que “el ejercicio del Poder Ejecutivo sea competente, transparente y moderno… (y) con agresivos instrumentos fiscales, se implementará una instrumentación para liberar las deudas contraídas en el pasado”.

En lo relativo a la disciplina administrativa, “se evitará caer de nuevo en la insuficiencia y en el mal manejo de los recursos, es fundamental fortalecer a la Secretaría de Hacienda, para dotarla del liderazgo para hacer frente al desorden existente, encaminando a todas las dependencias estatales para procurar un eficiente uso de los recursos y optimizar el gasto”.

En materia de recursos humanos, la actual gobernadora asume, entre otros, los siguientes compromisos: a) actualizar el código de ética, los códigos de conducta, normatividad y criterios relacionadas con la cultura institucional y la ética pública; y b) impulsar la implementación del servicio profesional de carrera en la administración pública estatal.

Por otra parte, se dio a conocer que este lunes, Maru iniciará la ‘socialización’ del PED-SP en las principales ciudades del estado. A mi parecer, esta práctica debería eliminarse, ya que conlleva un dispendio de recursos públicos por ser una forma de populismo.

Por último, en el PED se precisa que el actual Gobierno “impulsará una fuerte participación ciudadana con el fin de contar con una sociedad informada, exigente, propositiva y comprometida en el logro de los objetivos planteados en el Plan”.

Yo me pregunto: ¿Cuáles demandas sociales serán traducidas en acciones de Gobierno? ¿Se permitirá la participación de la sociedad en la revisión de las políticas públicas dirigidas a disminuir la desigualdad social?

Al respecto, debe señalarse que, al igual que en materia electoral, la participación política de los chihuahuenses es ocasional y restringida, motivo por el cual resulta casi imposible generar un real y oportuno control del abuso del poder.

A pesar de ello, le concedo a Maru el benéfico de la duda, con la esperanza de que el humanismo que pregona sea una realidad. De lo contrario, sería otro ejemplo más de demagogia política.