Chihuahua, Chih.

A los increíbles desplantes de dos muy destacados militantes del partido en el gobierno, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quienes abiertamente violaron la ley electoral en la consulta popular de revocación de mandato se sumó otro, éste en la administración municipal de Chihuahua.

López Hernández efectuó sendos actos de apoyo a la gestión del presidente. Para hacerlo viajó en un avión de la Guardia Nacional, con el agravante de que en algunos de los actos participó el Jefe de esa agrupación, el Gral. Rodríguez Bucio.

A su vez, Mario Delgado publicitó que su vehículo lo usó para trasladar a votantes a las casillas electorales en el mismo proceso.

Sus conductas están claramente encuadradas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y debieran responder ante las autoridades electorales y la FGR por ello.

A esa conducta por demás reprobable -que tanto combatió la sociedad mexicana durante años, hasta lograr que se tipificara como delictuosa- se sumó el acto del ámbito local.

Con fecha del 5 de mayo, la Jefa del Departamento Administrativo del municipio de Chihuahua, Liliana Durán Rey, envió un “Memorándum” al Director, subdirectores y jefes de Departamentos, en el que los invitaba  al acto de “Encuentro de Humanistas en Acción”, a celebrar el 7 de mayo, y les pedía que la invitación la hicieran extensiva “a todo el personal a su digno cargo”.

En la sesión del cabildo realizada ayer, el coordinador de los regidores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eliel Alfredo García Ramos, pidió la destitución de la funcionaria. Ante la propuesta, el alcalde Marco Bonilla anunció la separación provisional de Durán Rey, “por cinco días hábiles sin goce de suelo”, en tanto se investigaba “la veracidad” de la falta denunciada.

No es cualquier cosa lo que ahora se aborda. Reviste una mayor gravedad a la de la emisión de una “simple” invitación, efectuada por, ni más ni menos, que la jefa superior en materia administrativa de todo el aparato municipal, más si se valora la importancia del acto al que convocó tan puntualmente la jefa administrativa del municipio de Chihuahua.

Era un acto, seguramente muy importante para el partido gobernante en el estado, pero sin duda alguna de muy poca relevancia para el electorado en lo general.

Estamos frente a la comisión, igual que los funcionarios federales y dirigentes nacionales de Morena, de un delito electoral, que se comete, tanto por condicionar un programa social a cambio del voto o la abstención del mismo, así como presionar a otro ciudadano a asistir a eventos proselitistas; además de que usar los recursos públicos bajo su encargo en favor de un partido es, igualmente, un delito electoral.

De acuerdo con el Art. 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales: 

“Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

…

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o…”.

Con el agravante de que, a partir de una propuesta del presidente López Obrador, los delitos electorales recibieron la categoría de “delitos graves”, que imposibilita, a quienes los cometan, acceder a algunas de las ventajas que el marco legal les ofrece a quienes incurrieran en alguna falta a la ley.

Sorprende que una funcionaria de tan elevado cargo haya cometido una falta de estas dimensiones y características pues, de acuerdo con las experiencias de por lo menos los últimos 15 años, acceden a esos cargos ciudadanos que tienen un conocimiento preciso de lo que pueden hacer y lo que les está vedado, en el uso de los recursos públicos.

En ese lapso ha crecido notoriamente la cultura electoral, mediante lo cual los funcionarios públicos se cuidan de que los probables delitos electorales en que pudieran incurrir, que las autoridades electorales -y los otros partidos- no puedan obtener evidencias de esas conductas ilegales.

¿Porqué ahora sí, en el caso de la funcionaria municipal y en el del responsable de la política interna del gobierno federal?

¿Es que acaso la clase política está empezando a cansarse de simular su respeto a la legalidad electoral?

Y es que es el caso de nunca acabar: En un proceso electoral violan las leyes. Para el siguiente cambian las reglas, supuestamente para prevenir esas conductas irregulares, sólo para buscar afanosamente cómo eludir, evadir y violar las nuevas reglas electorales, aprobadas por ellos mismos.

En cualquiera -y en todos los casos- la aplicación de la ley es impostergable. No hacerlo nos llevará a la pendiente de lo que creíamos ya superados: Los fraudes electorales.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)