Chihuahua, Chih.

No podía ser de otra forma. Desatadas las pasiones políticas -cuyo leitmotiv es el poder y sus dividendos, recordémoslo permanentemente- en el Congreso del Estado por la renovación de la Mesa Directiva, que deberá tomar posesión el 1o de septiembre, las fuerzas políticas ahí representadas han entrado en una vorágine por ver quien la preside.

La disputa no es solo entre los grupos parlamentarios, también al interior de varios de ellos.

Va más allá, en el fondo está la pretensión del grupo gobernante -aunque se haga cada vez más difícil delinear los contornos de este- de mantener el control del Congreso a través de alguien, así sea medianamente confiable para sus fines.

No hay motivo de discusión en este aspecto.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece claramente quien debe ocupar la presidencia de la mesa directiva en el siguiente período: “ARTÍCULO 68. La Presidencia de la Mesa Directiva se ejercerá de manera alternada entre los integrantes de los grupos y coaliciones parlamentarios, considerando de manera prioritaria, a los diputados representantes de los partidos políticos que por sí mismos constituyan la primera y segunda fuerza política. El orden para presidir este órgano será acordado por la Junta de Coordinación Política”.

El orden para ocuparla fue acordado hace un año, por ello, el PAN la presidió y Morena la Junta de Coordinación Política; ahora deberá invertirse el orden, sin que esté sujeto a discrecionalidad alguna. Hacer lo contrario, simplemente será violar la ley.

Pero la paridad de fuerzas entre PAN y Morena, sin que ninguno sea mayoría relativa, ha llevado al PAN a intentar por todos los medios hacerse de una mayoría “prestada” mediante el “convencimiento” de los grupos menores de diputados.

Lo ha logrado en distintos momentos al contar con la aquiescencia de los diputados del PT, del extinto PES (con la excepción de una diputada, Marisela Sáenz), del Verde Ecologista, de Movimiento Ciudadano, del Panal y dos diputados del PRI.

Por eso pretende mantener como grupo parlamentario a los 3 diputados del PES, a pesar de que este partido dejó de existir.

Otra vez, la ley es muy clara al respecto, dice: “ARTÍCULO 46. Las y los diputados que pertenezcan a un mismo partido político y, por tanto, tengan una misma afiliación, integrarán un grupo parlamentario, requiriéndose para ello, un mínimo de dos representantes populares”.

Está muy claro, “diputados que pertenezcan a un mismo partido político”, si no hay partido, no hay grupo parlamentario que represente a un partido inexistente.

Por si fuera poco, el artículo 53 establece que “ … En el caso de que un grupo parlamentario se disuelva, sus integrantes podrán incorporarse a otro…”.

Son dos pasos que la actual mayoría legislativa se ha negado a aceptar y resolver en consonancia pues el artículo 55 lo señala: “La Mesa Directiva comunicará al Pleno la constitución, disolución y fusión de cada grupo parlamentario…”.

Mantener como grupo parlamentario a los diputados del exPES, además de sus votos en el pleno del Congreso, tiene importancia en la toma de decisiones en la Junta de Coordinación Política pues estas se efectúan tomando en cuenta el número de diputados de cada agrupación política -el llamado voto ponderado-.

En esas decisiones, el actual coordinador del PES, el diputado Misael Máynez, les ha servido de mil maravillas.

Llegó a ese puesto, luego de destituir a la anterior, Marisela Sáenz; maniobra que le redituó, decían sus críticos, recibir una lujosa camioneta para su uso personal, la que arguyó no era de su propiedad, sino del Congreso, entregada, coincidentemente, después de votar a favor de la reestructuración de la deuda propuesta por el gobernador Corral.

Ahora pretenden mantener esa falacia, desde todos los puntos de vista ilegal.

El PES ya no existe, por tanto, no tiene derecho a contar con un grupo parlamentario de ese partido.

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