Chihuahua, Chih.
Es alarmante ver cómo México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente
El uso desproporcionado de las normas penales es una de las amenazas principales al derecho de protestar pacíficamente para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente en México, dijo Amnistía Internacional hoy al publicar el informe México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, en el que se documenta el uso desproporcionado del sistema de justicia para disuadir, castigar e impedir que las personas defensoras protesten para exigir sus derechos.
“El uso desproporcionado del sistema penal contra personas que protestan se inserta en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Es alarmante ver cómo México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, mientras lejos de que el Estado atienda y prevenga esta violencia, se van sumando otras violaciones graves a sus derechos humanos, como la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe se centra en cuatro casos: i) Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde un grupo diverso de personas se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en la que causaría daños ambientales; ii) Zacatepec, en el que Miguel y Alejandro, comunicadores y defensores nahuas, protestaron en oposición a la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que desembocaría en el Río Metlapanapa, contaminándolo; iii) Chilón, Chiapas, en donde César y José Luis, defensores tseltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio; iv) Sitilpech, Yucatán, pobladores de esta localidad como Jesús Ariel, Arturo y Juan Diego, se oponen a las actividades de una mega granja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera.
El derecho a la protesta es una vía fundamental que las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente han utilizado para exigir sus derechos, en particular cuando otros mecanismos institucionales han fallado o no han sido accesibles para ellas. Diversas autoridades estatales han utilizado la vía penal en su contra sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Tampoco han considerado los contextos de las protestas, las causas que las originaron, ni el derecho de las personas a defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Persecución penal y estigmatización
Nuestro informe resalta la utilización de tipos penales vagos o ambiguos que no respetan el principio de legalidad como “motín”, “obstrucción de obra pública” y las variaciones del delito de “ataques a las vías de comunicación”. También se observó la adecuación, a conveniencia, de los hechos que ocurren durante las protestas a otro tipo de delitos mediante interpretaciones amplias de tipos penales y declaraciones que tergiversan los hechos. Las acusaciones son construidas principalmente mediante declaraciones de servidores públicos y de trabajadores de las empresas directamente relacionadas con los hechos denunciados por las comunidades. En ningún expediente penal existe evidencia contundente que permita configurar algún delito.
Amnistía Internacional constató algunas características comunes en los casos que son preocupantes. Las denuncias presentadas van dirigidas en su gran mayoría a personas que son consideradas líderes, o las personas más visibles de movimientos de protesta, a quienes se les intenta procesar por delitos vagos, sin evidencia contundente y exclusivamente por sus acciones pacificas. Los procesos suelen alargarse por diversas causas, adicionalmente, existe una amenaza constante de reactivación de procesos o de fabricación de nuevos delitos.
“Los procesos penales en contra de personas defensoras intentan ser un mecanismo disuasivo para otras personas que abogan por las mismas causas, pues suelen causarles miedo al ver que sus legítimas demandas pueden terminar, además, en estigmatización, represión y en amenazas a su vida y seguridad. Esta situación ocasiona claroscuros: por un lado, pudimos observar la esperanza y dignidad de las personas criminalizadas injustamente al sentirse apoyadas por sus comunidades, pero también que algunas personas decidieron abandonar la lucha para exigir respeto a sus derechos”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Impactos diferenciados de la presión estatal
Los procesos suelen venir acompañados de estigmatización hacia las personas defensoras y de problemas graves a su seguridad e integridad personal. Esta situación impacta también en sus representantes legales y en las personas que les apoyan de manera constante. El uso del sistema punitivo por disentir o alzar la voz en contra de proyectos de interés de gobiernos locales y de empresas se realiza sin ninguna consecuencia y en completa impunidad. Otras violaciones que ocurren en el marco de las protestas tampoco han sido investigadas, como las violaciones del derecho de libertad y seguridad de las personas defensoras, así como el uso excesivo de la fuerza.
La criminalización injusta de las personas defensoras que protestan pacíficamente tiene impactos tanto individuales, como colectivos. Entre las afectaciones más comunes a nivel individual destacan las físicas, psicológicas y económicas, como enfermedades, dolores físicos como consecuencia de golpes recibidos, miedo, ansiedad, dificultades para dormir, estrés, impotencia, sentimiento de injusticia por lo que les pasó y afectaciones en su labor de defensa de derechos. Dentro de los impactos colectivos está el efecto amedrentador o la inhibición de la demanda de derechos de tierra, territorio y medio ambiente en contra de personas que abogan por las mismas causas.
La criminalización injusta de las personas defensoras de derechos humanos distrae la atención sobre las causas raíz y los desafíos que enfrentan las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. El abordaje del derecho a la protesta debe reconocer que los conflictos sociales que se abordan con perspectivas punitivas generalmente agravan los problemas y no resuelven el fondo de los asuntos. Las exigencias de las personas defensoras deben ser escuchadas y analizadas de manera adecuada y su derecho a la protesta garantizado.
El informe de Amnistía Internacional detalla varias recomendaciones generales para atender la problemática del uso desproporcionado del sistema penal contra quienes protestan y otras específicas para los casos documentados en el mismo. Entre las primeras está que las autoridades reconozcan la valiosa labor de las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente; se abstengan de estigmatizarlas; garanticen su participación en los asuntos que afectan a sus comunidades; se fortalezca el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se abstengan de utilizar cuerpos de seguridad militarizados, como la Guardia Nacional, para la vigilancia de protestas.
Entre las recomendaciones específicas Amnistía Internacional llama al Estado a que cese de inmediato la criminalización de la protesta y que los hechos de violaciones a derechos humanos en los casos documentados en el informe se investiguen de manera adecuada, para asegurar a las personas defensoras una reparación integral del daño.
El informe se acompaña del lanzamiento de la campaña #ProtestarNoEsUnCrimen que busca visibilizar la problemática de la criminalización injusta de las personas defensoras de derechos humanos y el impacto en la defensa de tierra, territorio y medio ambiente.