Chihuahua, Chih.
Encubierta bajo un lenguaje supuestamente inclusivo, cuidadoso acerca de las distintas recomendaciones realizadas por un sinfín de organismos internacionales derechohumanistas, el gobernador Javier Corral ha enviado al Congreso del estado una iniciativa para reformar la Constitución del Estado de Chihuahua que contiene los mecanismos y procedimientos para designar al Fiscal General del Estado.
Igual que otros mandatarios estatales, al término de sus mandatos y justamente cuando se avecinaban las a la postre históricas elecciones del 2018, que promovieron diversas reformas para que permanecieran en sus cargos quienes se habían desempeñado bajo sus órdenes como responsables de las fiscalías, así lo está intentando el gobernador Corral.
Más allá de las argumentaciones expresadas en la exposición de motivos de la iniciativa enviada ayer al Poder Legislativo, lo que prevalece es su propuesta de que el próximo fiscal de Chihuahua sea nombrado al inicio del segundo año del mandato del gobernador y que, en tanto, permanezca en su cargo el actual fiscal, César Augusto Peniche, quien sería, como ahora, el jefe inmediato superior de los fiscales existentes hasta ahora.
Llama la atención el increíble desparpajo del titular del “Nuevo Amanecer” y el extremo espíritu de incongruencia con el que actúa, incluso al término de su gestión -calificada, dependiendo de la empresa encuestadora, como la peor, o la penúltima más mala del país- en la que, como si gozara, aún de la confianza de la mayoría de los diputados locales de su partido, el PAN, y les pudiera enviar una iniciativa de ley condenada al fracaso.
Fracaso que se puede extender, sin ir mucho más allá por la información, a la gestión de quien permaneció todo el quinquenio al frente de la Fiscalía General del Estado, con pésimos resultados, tanto en la procuración de justicia, como en la de la preservación de la seguridad pública.
Los números son escalofriantes. Durante la gestión de Peniche -y la de Corral- asesinaron a poco más 11 mil personas en el estado, sin que los índices de impunidad disminuyeran.
Ciertamente, en la parte final del gobierno no tenía la responsabilidad de la seguridad pública, pero, con toda seguridad debiera compartirla pues quienes han estado al frente de esa responsabilidad en el gobierno de Corral fueron, en algún momento, compañeros del fiscal chihuahuense, quien, salvo unos cuantos meses, ha tenido en sus manos las más altas responsabilidades en materia de seguridad pública en Chihuahua, con pésimos resultados, y a quien, ahora, se pretende premiar con la ampliación de su encargo por dos años más a la salida de Javier Corral.
¡Cuánto descaro!
No hay lugar para otras expresiones. Peniche fue Delegado estatal de la PGR en Chihuahua entre noviembre del 2010 y agosto del 2015 y Coordinador del Operativo de seguridad 'Nuevo Michoacán' de PGR entre 2014 y 2015.
En ambos casos cuando la ola homicida era imparable. Antes, entre 2008 y 2009, fue titular de la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la SIEDO entre 2008 y 2009.
Cuando arreciaba la ola homicida, César Duarte dio su beneplácito para que ocupara la delegación estatal de la PGR y al iniciar el gobierno de Javier Corral, éste se lo trajo -se decía en su momento que por recomendaciones de los más altos mandos militares- y ahora pretende heredárselo a la siguiente administración estatal, dicen las malas lenguas que para que le proteja una vez concluido su mandato.
¿De eso se trata?
Ojalá alguien le dijera al gobernante chihuahuense que su gestión ya terminó, que la mayoría de los diputados locales no aprobarán su engendro legislativo, que reforma de tal calado debiera dejársele a los nuevos gobernantes de Chihuahua.
Es decir, que alguien le plantee al gobernador Corral que debiera tenerle respeto a los electores de Chihuahua, al que tanto ha faltado, máxime con una propuesta que intenta instaurar la ampliación del corralito, pero sin Corral.
Díganle que ya se le acabó!
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