Chihuahua, Chih.

Ya han transcurrido más de cuatro meses desde el anuncio oficial de la pandemia en nuestro país; y casi cuatro meses de que el Consejo de Salubridad General aprobó las medidas generales para contrarrestar la propagación del virus Covid-19. 

Desde entonces, la paralización de la actividad pública ha sido una constante.

Ante la inexistencia de una legislación -federal y local- aplicable en estos casos, se ha intentado ‘regular’ la actividad de la población mediante ‘acuerdos’ administrativos sin sustento legal alguno.

En la mayoría de los casos, se ‘exhorta’ a la población para que cumpla las medidas preventivas de salubridad, y evitar así, un mayor número de contagios. Paralelamente, los Poderes Legislativo y Judicial ordenaron la paralización total de sus funciones constitucionales.

En lo que respecta al Poder Legislativo Local, sin importarles violar los principios fundamentales del pueblo chihuahuense -plasmados en la Constitución Local-, los diputados han celebrado sesiones plenarias virtuales en las que; inclusive, han aprobado reformas constitucionales; o sea, se aprueban reformas constitucionales, violando la propia Constitución.

En el Poder Judicial la ignominia y cobardía política de los magistrados ha llegado al extremo de subordinarse a los acuerdos aprobados por un órgano administrativo interno (Judicatura), sin facultad alguna para ordenar la paralización total de la función jurisdiccional.

En la Administración Pública del Estado solo ciertas dependencias dan atención a los usuarios. Y la inmensa mayoría de los burócratas permanecen enclaustrados en sus hogares, en cumplimiento a las medidas preventivas ordenadas por las autoridades sanitarias.

A pesar de ello, miles de burócratas estatales (que laboran en alguno de los tres poderes locales) han conservado su empleo y siguen percibiendo, puntual e íntegramente, su salario. 

En cambio, miles de trabajadores asalariados en todo el Estado han perdido su trabajo; y con ello, la imposibilidad de satisfacer las necesidades más apremiantes de sus familias (alimentación, pago de servicios, etc.); así como para pagar, oportunamente, sus deudas crediticias (créditos bancarios, automotrices, etc.).

Ahora bien, debo hacer la siguiente aclaración: debe distinguirse entre empleados y funcionarios públicos. Los primeros, integran la mayor parte de la burocracia estatal; y la inmensa mayoría de ellos no tienen un salario digno y decoroso. Son el lumpen burocrático.

Los segundos, también merecen ser clasificados en dos grupos: a) funcionarios de segundo y tercer nivel; y b) funcionarios de primer nivel. De los funcionarios a), podría afirmarse que si bien es cierto que perciben un sueldo decoroso, también es cierto que su trabajo bien podría considerase como una explotación laboral, dada cuenta que su sueldo no es proporcional con su responsabilidad oficial.

Por su parte, los altos funcionarios (secretarios de gobierno, directores, magistrados y diputados, entre otros) perciben sueldos estratosféricos e inmerecidos que distan mucho de ser proporcionales con la función pública que desempeñan. Y más, cuando ni siquiera la realizan, de manera real y eficiente.

Por lo anterior, me queda claro que todos los altos funcionarios de los tres Poderes Locales que -sin trabajar los últimos cuatro meses- cobraron su sueldo, cometieron peculado, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

La LGRA establece, en lo conducente, que “cometerá peculado el servidor público que realice actos para el uso o apropiación para sí de recursos públicos, sean materiales o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.

Luego, resulta evidente que todos los altos funcionarios estatales, magistrados, jueces y diputados que -durante cuatro meses- no realizaron función alguna, se apropiaron ilícitamente de recursos públicos, al cobrar -sin pudor alguno- su sueldo íntegro (incluida la compensación), sin trabajar.