Chihuahua, Chih.

Igual que antes, frente el creciente y alarmante crecimiento de episodios sangrientos, las autoridades de los tres niveles de gobierno reaccionan casi automáticamente incrementando el número de elementos -lo que está bien- para elevar los patrullajes -lo que podría estar bien- para desalentar -según ellos- las actividades de los criminales -lo que también está bien- , pero ¿Y luego?

¡Ah, po’s las unidades (vehículos, elementos, armas, mandos, recursos, etc.) se van y de vuelta a lo mismo!

Ahora estamos peor, quizá, aunque, como en todo, no deja de ser una percepción que, posteriormente, con el cotejo de las cifras y los índices, descubrimos que desgraciadamente, la percepción empata con la realidad.

Y esa realidad en Chihuahua es tétricamente devastadora. Hoy es peor porque los grupos criminales se han empoderado aún más.

Al gran número de eventos homicidas ocurridos en los primeros meses del año, debemos agregar el número de masacres, además de los más emblemáticos: El asesinato de los sacerdotes jesuitas y el guía turístico; el de la doctora en San Juanito; el descubrimiento de fosas clandestinas en la sierra; la detección de numerosos vehículos robados, algunos de ellos con reporte de varios años, etc.

Y las cerezas en el pastel:

La detención de Rafael Caro Quintero y el escandaloso y ríspido intercambio de declaraciones entre la gobernadora Maru Campos y el alcalde capitalino, Marco Bonilla, en el que cada uno quiso evadir sus respectivas responsabilidades, pero en la que principal recae, como es obvio, sobre la mandataria estatal, además de la correspondiente al gobierno de la república.

Anotemos que el crecimiento de los hechos homicidas se ha dado en medio de la realización frecuente de las mesas de seguridad, con la participación de las autoridades de los tres niveles y de los jefes civiles y militares de las distintas corporaciones.

Además, justamente cuando en La Tarahumara está desplegado un operativo de seguridad, seguramente el más importante y numeroso de las últimas décadas, acaeció el asesinato de la doctora Masiel Mexía Medina en San Juanito, hecho que de por sí es deplorable, pero aún peor fue que mientras las autoridades “se abocaban” a “investigar y esclarecer” el asesinato, manos criminales detuvieron al presunto responsable, lo golpearon y lo ataron a un poste, acompañado de un devastador y amenazante mensaje: “Esto te pasó por haber matado a la doctora y violado una muchacha”.

Terrible el mensaje, no sólo para los chihuahuenses, sino, especialmente a los gobernantes locales y federales.

-Miren, aquí, en esta parte del país, los que gobernamos y mandamos somos nosotros; aquí se aplica nuestra ley y aquí nosotros  sí sabemos quienes cometen crímenes que no ordenamos.

¿Cuántos elementos federales y estatales se encuentran en la zona buscando a El Chueco?

De ahí lo devastador y desesperanzador del mensaje.

Pero esos hechos hicieron que se refrescara lo que es una más que inquietante realidad: En San Juanito, quizá la segunda población con más habitantes en La Tarahumara, no cuenta con policías municipales; la presencia de poliestatales es prácticamente testimonial y el cuartel militar más cercano se encuentra en Cuauhtémoc, a mas de dos horas de camino.

¿Y entonces?

En la práctica su población -y la de casi toda la de la sierra- se encuentra en las mismas condiciones en las que se encontraba en 2008, cuando un comando asesinó a 13 personas en Creel y las autoridades estatales se negaran a prestar auxilio.

Por eso se deplora que se hagan las mismas cosas, que han mostrado hasta la saciedad su inutilidad, porque no van acompañadas de un sinnúmero de acciones y programas que afronten en las dos vertientes la crisis de inseguridad: Primero, la del ataque a las causas sociales, que es, necesariamente, a mediano y largo plazo, pero que debe ser de manera integral, con un modelo de desarrollo social, más allá de las políticas asistencialistas; y, segundo, la del enfrentamiento a los criminales, lo que no implica, necesariamente, como intenta hacernos creer el presidente, la política de la aniquilación, sino la de aplicar la ley, para procurar y aplicar la justicia.

Pero ni una ni otra cosa se hacen.

Los hechos lo demuestran palmaria y dolorosamente en las últimas semanas. 

Ante el crecimiento en el número de homicidios en la capital del estado, las autoridades anunciaron la llegada del primer grupo de 400 militares a la ciudad, quienes se integrarán “a las labores de patrullaje con las células mixtas”.

Son de escándalo las acciones. De repente, ayer, a las puertas de algunas unidades deportivas se apostaron camiones llenos de soldados.

¿Po’s qué hacen? ¿Qué labor de inteligencia desarrollan? ¿A qué grupos criminales desalientan?

¿Porqué no mejor capacitar a ese personal a fin de que se conviertan en policías, lo que implica hacer a un lado su formación militar y formarlos como los elementos de la policía que necesita el país?

Y es que sus comunicados dan cuenta revelan nítidamente la incapacidad para comprender la violencia que enfrentamos.

Miren: “Con estas acciones el Ejército Mexicano coadyuva con las actividades en materia de seguridad pública en beneficio de la población de Chihuahua, ya que últimamente los índices de delincuencia han ido en aumento, por lo que sirve también como medio disuasivo”.

Cosa semejante a la dicha por la gobernadora, Maru Campos: “… fortalecer las estrategias en la ciudad de Chihuahua para contener el alza de homicidios dolosos…”.

En ese mismo evento, como hacía tiempo no veíamos, la gobernadora lanzó una desusada crítica al alcalde Marco Bonilla, a quien señaló que ahora no se hace lo que hicieron ella y el ahora Secretario de Seguridad Pública, es decir, “blindar” al municipio para que no sufrieran el “efecto cucaracha”.

Ante lo cual, Bonilla afirmó que la violencia está generalizada en todo el país, “en Ciudad Juárez, la Sierra Tarahumara y también en la capital, pero es de vital importancia la coordinación entre corporaciones. Este tipo de delitos les compete propiamente al Gobierno Federal”.

Más allá de los dimes y diretes entre los gobernantes, lo cierto es que urge la actuación de la autoridad federal, la que debiera ser la cabeza del plan para enfrentar la inseguridad prevaleciente, al que acompañaran las autoridades locales. 

No puede ser de otra manera, no sólo por los visos de su incapacidad para hacerlo, sino, fundamentalmente, a que enfrentan a dos de los grupos criminales más importantes del país y que han llevado a Chihuahua a mantenerse, durante ya cerca de dos décadas, en los primeros lugares de homicidios -y ahora también de masacres- sin que se haya puesto en vigor un plan de mediano y largo plazo para enfrentar tal situación.

Las críticas palidecen ante la cruel realidad: “Este año se han perpetrado en Chihuahua, gobernado por la panista María Eugenia Campos Galván, al menos 12 masacres en las que han perecido 48 personas, cifra que incluye los recientes asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un civil. Durante 2022 se ha dado muerte en la entidad, con armas de fuego a 717 individuos, entre ellos más de 30 menores de edad, incluso bebés. Asimismo, han sido asesinadas 462 personas sólo en Ciudad Juárez y al menos 70 de esos homicidios fueron de mujeres”. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada, 27/VI/22).

Varias de las masacres ocurridas en las últimas semanas develan la ausencia total, primero, de la coordinación entre las entidades policiacas y las fiscalías, así como del uso de la inteligencia estratégica en el combate al crimen organizado y, segundo, el extendido manto de impunidad existente hacia los criminales.

A principios de mayo, fueron asesinados seis integrantes de una familia, uno de los cuales recién salía de una audiencia en el Poder Judicial Federal, por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.

Los asesinos estaban al tanto de la información. Y actuaron. 

¿Hay resultados de las investigaciones? No han informado nada.

A mediados de febrero, también en Juárez, en dos episodios ligados, fueron asesinadas 9 personas, que velaban a uno de sus familiares, asesinado en ¡el penal de Chihuahua!

Hay un tercer episodio semejante con dos grupos de jóvenes -entre ellos algunos adolescentes- a quienes la policía municipal de Chihuahua detuvo en poder de armas de alto calibre. Los entregaron a la FGR en la capital. Un grupo fue liberado y en la carretera, rumbo a Juárez, fueron atacados a tiros.

Darle seguimiento a los contactos de los implicados, conocer el origen de sus ingresos, hacer el peritaje de sus teléfonos, etc. por supuesto que revelaría una inmensa cantidad de datos que podría llevar al develamiento del entramado de estos grupos.

Lo mismo aplicaría en el caso del Chueco, en el que han sido detenidas un importante número de personas, a las que las autoridades han etiquetado como sus cómplices en la comisión de algunos delitos -lo que deberá ser demostrado en los procesos- y que igualmente nos debiera llevar al conocimiento pleno de la organización criminal a la que pertenecen.

Aparentemente, nadie investiga el financiamiento de los grupos criminales. No hay, hasta la fecha, reporte alguno de la autoridad, ya sea federal o estatal, que informe de las empresas, de los mecanismos financieros y bancarios de los grupos criminales asentados en pequeñas comunidades de la sierra o poblados rurales en general.

Esta es la realidad que nos golpea:

Al igual que el poblado de San Juanito, once municipios serranos más se encuentran sin policía municipal.

CARO QUINTERO.- Sólo algunas reflexiones sobre su detención. ¿Se plegará el gobierno mexicano al de EU? Los norteamericanos lo requieren por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, pero el famoso narcotraficante fue acusado, procesado y sentenciado por ese delito ¿Lo juzgarán dos veces por ello?

Además ¿Qué relevancia tiene Caro Quintero en el mapa criminal de México, aunque recientes reportes lo ubican como aliado del Cártel de Juárez? ¿Porqué no detienen a los “Chapitos” que ya se les subieron hasta las barbas en la CdMx? ¿Porqué no han detenido a Ovidio? ¿Acaso que ordenara la suspensión de las balaceras y el hostigamiento a los policías y militares en el “culiacanazo” no fueron actos delictivos, que lo ubicaron como el jefe de decenas, acaso cientos de criminales, y que es, presumiblemente, uno de los jefes de El Chueco?

¡Ah, no, mejor detener a quien es, ya, un senecto y hasta, probablemente, si es que es un jefe narco, una pieza menor en ese tablero!

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)