Chihuahua, Chih.

Al paso de 3 gobernadores (Reyes Baeza, César Duarte y Javier Corral), y el inicio de la cuarta administración estatal, el de Maru Campos, Chihuahua encabeza, tomando como base el 2009, la mayor cantidad de víctimas de muertes violentas en el país.

“De acuerdo con una serie estadística de homicidios por entidad federativa registrados entre 2009 y 2020, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Chihuahua se contabilizaron en ese período 36 mil 195 defunciones por esta causa…”. (Nota de Sandra Rodríguez, El Diario de Juárez, 29/VII/21).

Frente a esa inconmensurable tragedia -que involucra directamente a casi un millón de chihuahuenses (cada muerte afecta, en primer término a alrededor de 50 personas)- se alza otra, acaso más profunda, más extendida y más “normalizada”: La de las mujeres golpeadas,  hostigadas, despedidas de sus trabajos, discriminadas y asesinadas.

La pandemia no se encuentra entre los factores que hayan incidido más en el incremento de los homicidios en el país, pero sí es, sin duda, el principal factor para que de un año a otro se hayan triplicado los casos de violencia contra las mujeres e incrementado drásticamente las denuncias por violencia doméstica, al grado de ubicar a Chihuahua entre los primeros lugares de esta tragedia.

En un contexto de violencia e incertidumbre económica-social, donde muchos perdieron su trabajo y había fricciones en casa, se produjo la exacerbación de ese crecimiento, con lo que se ha llegado a un máximo histórico. 

Además, sin políticas públicas que vayan a la raíz y prevengan tal violencia.

El panorama es aterrador, por más que se nieguen los hechos. Los feminicidios aumentaron 30% en 2021, respecto del 2020, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues la cifra pasó de 17 a 22 mujeres asesinadas por razón de género. 

Según el Instituto Chihuahuense de la Mujer, los tipos de violencia que más se han atendido en la modalidad familiar en lo que va del año son: la psicológica, con el 45% de las atenciones; física, con 9%; sexual 5%; patrimonial, con 40% y económica con un 1% de los casos.

En años anteriores el total de atenciones anuales oscilaba entre 10 y 11 mil. En 2020 esa cifra creció más del doble (22 mil 672 atenciones durante el año pasado) y en el presente año, hasta mayo, se presentaron más de 13 mil solicitudes de atención.

En ese escenario asume el gobierno de Chihuahua un nuevo grupo político. 

Lo hace con el respaldo de una victoria por amplio margen, por lo que las expectativas despertadas entre la población son, justificadamente, muy altas, pero lo que le espera a ese grupo no es un día de campo en el quehacer gubernamental y menos en el tema de la seguridad pública, ni en los rubros específicos de la violencia doméstica, la ejercida en contra de la mujer y la ola homicida, presente, ya, por más de una década y que ahora pareciera rebrotar.

Semejante panorama requiere de la adopción de medidas de largo plazo, que incidan en la formación de una cultura cívica, democrática y de tolerancia (entendida ésta como la actitud de una persona frente a alguna idea, creencia o práctica de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias) que, por fuerza, deberán ser imbuidas en el seno de la sociedad y de las cuales hay una extendida carencia en Chihuahua, si nos percatamos de la enorme paridad existente en el número de asesinatos atribuibles al crimen organizado y los de otras causas.

Se trata, sí, de atender con atingencia la problemática presente, de otorgarle los servicios, la protección y la justicia necesarias a las víctimas, pero hacerlo de mejor manera que los gobernantes precedentes y, especialmente, de poner en vigor una buena cantidad de programas sociales dirigidos a la formación de aquella cultura cívica tan urgentemente necesitada.

No se trata solamente de perseguir y sancionar a los transgresores, feminicidas, violentos familiares, discriminadores sociales, golpeadores de infantes y mujeres, sino de educar y formar a las nuevas generaciones en el cultivo de los valores más elevados de la sociedad, no de los religiosos, tarea reservada a la familia y los ministros religiosos, de acuerdo a las preferencias y creencias de cada uno.

Para ello se requiere de programas educativos, sociales, de campañas publicitarias y de una gran apoyo gubernamental a los centros educativos a fin de transformar la conciencia cívica.

Porque la tarea no es fácil. 

Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional en hechos violentos contra la mujer. (Nota de Bernardo Islas/El Diario, 29/VI/21).

En los primeros cinco meses del año, se presentaron 21 mil 707 llamadas a emergencias por violencia contra la mujer, equivalentes al 19% de las registradas en el país. (Ibídem).

Además, el incremento, en los primeros cinco meses de este año, respecto al 2020, fue del 18.92% en las solicitudes de auxilio por violencia contra la mujer.

No son números menores, pasaron de 18 mil 253 llamadas a 21 mil 707.

Son cifras de espanto pues los episodios de violencia en algunos casos escalan hasta el asesinato, que se aúnan a los perpetrados por agentes ajenos a las víctimas, lo que ha arrojado un incremento del 7% en los feminicidios en el país, en el cual nuestra entidad se colocó en el primer lugar de la presentación de esta tragedia, y Ciudad Juárez se convirtió, en el “foco rojo”, al ocurrir 38 casos en el presente año.

Si en los informes hasta mayo, Chihuahua ya era el primer lugar en casos de violencia contra la mujer, reportados a los números de emergencia, al cierre de agosto seguía ubicado en tan preocupante lugar, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), que informó la existencia de más de 8 mil carpetas de investigación por el delito de violencia familiar y 157 llamadas al día al número 911. (Nota de Bernardo Islas / El Diario, 29/IX/21).

Son escalofriantes las cifras, y más si las ubicamos de acuerdo con el número de habitantes, lo que nos lleva a inferir que tenemos un gravísimo problema: 

De enero a agosto de 2021 se registraron 38 mil 130 solicitudes de emergencia. Comparémoslas con las 31 mil 592 del Estado de México, con una población (17 millones) cuatro veces mayor a la de Chihuahua (3.85 millones); o con las 30 mil 789 de la Cd de México, con una población que triplica la nuestra (11.6 millones).

Al mismo tiempo que ocurría lo anterior, en cuanto a la violencia en contra de la mujer, la doméstica y los feminicidios, Juárez se convertía en la segunda ciudad más violenta del país, por el número de homicidios. (Nota de Jorge Ricardo / Agencia Reforma, 19/VII/21).

La cifra fue proporcionada por el presidente López Obrador, al presentar a los 50 municipios con mayor incidencia homicida. Tijuana se colocó en el primer lugar, pues ocurrieron 749 homicidios dolosos entre enero y mayo de este año, frente a los 515 homicidios presentados en el antiguo Paso del Norte.

Frente a tan espantosa tragedia, que supera, con creces, el desastre financiero de la entidad, el nuevo gobierno tiene un inconmensurable reto, el de combatir la ola delictiva del momento y atender las graves causas originarias de ella.

Ojalá lo haga, para no ser el cuarto gobierno consecutivo en Chihuahua con balances negativos en tema tan doloroso.

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