Chihuahua, Chih.

Si hiciera falta un hecho que se convirtiera en un revulsivo de la intensa confrontación sostenida por el ex gobernador Javier Corral en contra de la gobernadora Maru Campos, la detención de Francisco González, ex coordinador de la “Operación Justicia para Chihuahua” en la administración de Corral, se ha convertido en eso.

González está acusado de la presunta comisión del delito de tortura contra varios colaboradores del ex mandatario priista César Duarte. (Nota de Pedro Sánchez, Reforma, 24/11/22).

La disyuntiva planteada en si es inocente -como argumentan los seguidores del ex gobernador- o, si por el contrario, como sostienen fundamentalmente algunos de los ex colaboradores duartistas, es plenamente culpable de los delitos que se le señalan, con lo que, de darse un veredicto de culpabilidad, la mayor parte de las acusaciones levantadas por el equipo corralista corren el riesgo de ser desestimadas, debido a que podrán argumentar que sus declaraciones fueron obtenidas bajo tortura.

De esa dimensión es el caso del ex fiscal de los Expedientes X de Corral; no es solamente la disputa política que, además, es extremadamente importante, pues en tanto Corral ha regresado a los medios de comunicación capitalinos -como articulista-, en lo que eventualmente podría replantearse una nueva etapa política, aún por definir pues el ex gobernante coquetea abiertamente con Morena y el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado.

Y, a su vez, la gobernadora Campos es abiertamente placeada por la dirigencia nacional como una de las aspirantes a la candidatura presidencial.

En la primera opción, Javier Corral ha encontrado un cálido entorno, generado sobre todo por el Delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera, y su equipo. Pero no solo, el mismísimo presidente López Obrador lo desestimó, meses atrás, al término de su gestión, como representante diplomático de México, debido a la doble nacionalidad del paseño.

Cuenta, sin duda, y más en el caso del equipo de la 4T, las opiniones presidenciales, pero, además, en el ámbito local, el equipo de Loera ha copado prácticamente todas las posiciones de poder del partido gubernamental en Chihuahua, en las que el ex Secretario de Desarrollo Social de Javier Corral, Víctor Quintana, (y su equipo, entre los que se encuentran destacadamente la ex consejera de la Judicatura Estatal, Lucha Castro) juega un importante papel, como una especie de gozne entre los corralistas y los morenistas de Loera.

Deberá anotarse que luego de ser casi expulsado de Morena por el hoy presidente de la república, Quintana volvió a las filas de ese partido, aspiró a ser candidato al gobierno de Chihuahua y después de las elecciones del año pasado, durante un tiempo fue el coordinador de asesores del grupo parlamentario de Morena en el congreso local.

Además, el último vocero de Corral, Manuel del Castillo, se desempeña hoy en el mismo cargo en la delegación del Bienestar federal, bajo las órdenes de Loera, entre otros muchos datos que evidencian la notoria cercanía entre Loera y Corral.

No es nueva.

Queda para la picaresca nacional la alegre velada sostenida en la tradicional cantina de la capital chihuahuense, “La antigua paz”, en tiempos del gobierno del paseño, por Corral, la hoy secretaria del Bienestar de la 4T, Ariadna Montiel, JC Loera y el entonces -y ahora- diputado local morenista, tío de Loera, Gustavo de la Rosa Hickerson.

Son muchas los vasos comunicantes existentes entre ellos.

Por otra parte, y en medio de una más que inexplicable lógica política, a la administración de Maru Campos, han ingresado numerosos priistas que tuvieron relevantes cargos en el duartismo, con lo que se ha fortalecido la visión de que su gobierno encarna, en voz de sus detractores, una especie de duartismo sin Duarte, que podría tener como colofón la liberación del ballezano, luego de su prolongado juicio de extradición.

No es el único flanco débil del actual equipo gobernante, y que es, precisamente por ello, a donde enfilan sus baterías los corralistas-loeristas.

La gobernadora, haciéndose eco, también, de las exigencias del dirigente nacional panista, Marko Cortés, ha accedido a figurar como una de las aspirantes a la candidatura presidencial del blanquiazul, con lo que se convierte, de inmediato, en objetivo político de Javier Corral.

No solo en el ámbito local tiene sentido la ofensiva de Corral, también en el nacional le interesa hacer aparecer a la gobernadora como solapadora de las corruptelas duartistas y con ello obstaculizarle la posibilidad de que sea la candidata -más allá de las reales posibilidades de la mandataria-, aunque poco se repara en el hecho de que la elaboración de la acusación en contra de Duarte fue plena responsabilidad de su gobierno

Todo lo anterior tiene como marco, por si fuera poco, la inexplicable lentitud con la que avanzan los procesos jurídicos anunciados en contra del ex gobernador Corral y algunos de sus ex colaboradores, es tanta la parsimonia que en los mentideros políticos y reporteriles es una de las incógnitas a develar. 

¿Por qué tan lentos, porqué no avanzan las acusaciones, si tanto se dijo de la existencia de numerosas evidencias del más que notorio número de irregularidades cometidas en el quinquenio del “amanecer”?

Además de los muy evidentes errores políticos cometidos por la actual administración, entre los que tiene un muy relevante lugar la reciente puesta en escena de la obra teatral “La golondrina y su príncipe”, más allá de las calificaciones artísticas que mereciera, pero que en la parte de la asignación de recursos cojea evidentemente; así como otras desafortunadas decisiones, como la del reemplacamiento y sus tarifas, la del costo de los uniformes del Colegio de Bachilleres y los constantes amagos de los concesionarios del transporte público de elevar por su cuenta -o presionando al gobierno- las tarifas.

Se concuerda en el hecho de que la persecución judicial en contra de los gobernantes anteriores no puede ser el eje del actual, lo es también que, al igual que en el de Duarte, la evidencia pública de las irregularidades cometidas abruma y enerva.

Papel central, y no solo por sus facultades y obligaciones, sino por la relevancia que adquirió la celebración de procesos judiciales imparciales, impecables, con un estricto apego a las normas jurídicas y, esperamos, rebosantes de ética por parte de los juzgadores, lo juega el Poder Judicial de Chihuahua.

Años atrás, ante la inminencia de su arribo a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, el escribiente le sostuvo al entonces magistrado José Miguel Salcido, que por su desempeño podría calificarse al gobierno de Duarte.

-¿Porqué me dices eso?

-Es que eres de los pocos que le pueden decir que no al gobernador.

Ahí estriban muchos de los problemas que padecemos: La eterna subordinación de los titulares e integrantes del Poder Judicial al titular del Poder Ejecutivo en turno, cualquiera que sea el origen partidario de éste.

Sí, igualito que en el ámbito nacional. 

Tanto allá, como acá, la regla es colocar a los amigos, a los cercanos, o a los parientes de los cercanos, en las magistraturas o ministerios y una vez colocados ahí, maniobrar para que se designe como presidente a uno de los más obsecuentes.

Y no es ese el principal riesgo, el problema es, como sucede en casi todos los ámbitos gubernamentales, de los organismos autónomos o, incluso los universitarios, que sus integrantes están a lo que diga el señor -o señora- en turno en el poder.

Sobran los ejemplos: El cabildo chihuahuense accediendo a imponerle el nombre de Luis Donaldo Colosio al periférico de la Juventud (que así se conoce mayoritariamente) a propuesta del entonces alcalde, Gustavo Ramos Becerra; o el Consejo Universitario de la UACh designando al nuevo estadio universitario, como “José Reyes Baeza” ¡Cuando aún el deliciense estaba en el cargo!

La lista es larga.

Por ello, y con los negros antecedentes en esta materia (la de la independencia del Poder Judicial), si hubiese habido un mejor momento para que este poder tuviese la oportunidad de otorgarle a la sociedad certidumbre sobre distintos procesos, conductas y procedimientos gubernamentales, es este.

¿Francisco González es inocente, como dicen los corralistas, o plenamente culpable, como sostienen los duartistas?

Solo debiera anotarse, como punto a destacar que la detención de González derivó de una denuncia a la que dio vista la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque “el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura advirtió sobre posibles hechos relacionados con tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

La palabra la tiene el Poder Judicial. 

Tiene la responsabilidad de dictaminar sobre este caso -y otros muchos más, igualmente relevantes- que nos permita tener la confianza de contar con un poder judicial creíble.

¡Poca cosa!

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)

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