Chihuahua, Chih.

Presos, sin duda, del ambiente electoral en el que son protagonistas de primer nivel, los equipos gobernantes en el estado, Chihuahua, la capital y Juárez, a propósito de dos de los más acuciantes problemas, de toda la entidad y uno de ellos, el transporte en el antiguo Paso del Norte, que aquejan a las dos principales urbes de Chihuahua, se han enfrascado en una por demás estéril dinámica de dimes y diretes.

Es entendible que el grado creciente de violencia desatada en esas ciudades pueda llevarlos a perder, así sea momentáneamente, el equilibrio y la mesura, pero, precisamente por el tipo de problema que se aborda, es que no debiera ser así.

Y es que la sorpresiva (para la gobernadora Maru Campos)  llegada de más de 2 mil nuevos efectivos a Juárez, la instalación de varios retenes militares en la ciudad fronteriza, el posterior anuncio del fiscal César Jáuregui de que se estudiará la puesta en aplicación del «mando único»; seguido de la declaratoria del secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, en el sentido de que el nuevo contingente llegó con el objetivo especial de combatir el número de homicidios y luego de la desafortunada (y quien sabe si apoyada en datos del gobierno estatal) afirmación del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, de que la mayoría de los homicidios cometidos en la capital son atribuidos a delincuentes de «Juárez, o procedentes de allá» desataron las hiperreactivas declaraciones de los mencionados.

A ese tema y cruce declarativo le sumaron el tema del transporte en Juárez, el que abordaron los secretarios, del ayuntamiento juarense, Héctor Ortiz, y el de Gobierno, Santiago de la Peña.

El cruzamiento declarativo ha ensombrecido uno de los aspectos más importantes de los acontecimientos recientes y que, aparentemente, denota que, con toda probabilidad, los mandos militares ya definieron cual será la estrategia en materia de seguridad pública, sin que en esa elaboración, por lo que sabemos, se haya, siquiera, tomado en cuenta la opinión de las autoridades civiles, municipales y estatales de la localidad.

No hace falta ir muy lejos para confirmar tal aserto.

«Mediante retenes, en donde se revisan vehículos y la documentación de personas, buscan inhibir los delitos y contener la incidencia delictiva en Ciudad Juárez, comentó el oficial Ramírez López de la Guardia Nacional». (Nota de la redacción, El Diario, 14/2/24).

Con ello buscarán «… contener las actividades criminales y bajar los delitos considerados de alto impacto». (Ibídem).

Igual se pronunció el secretario de Seguridad Pública Municipal juarense, César Omar Muñoz Morales, quien dijo que los nuevos efectivos «buscan disminuir la incidencia delictiva que aumentó en las primeras dos semanas de febrero, principalmente los homicidios». (Nota de Daniel Domínguez / El Diario de Juárez, 16/2/24).

En el mismo sentido declaró Santiago De la Peña: «… Este refuerzo tiene como prioridad más importante reducir el índice de homicidios en Ciudad Juárez». (Nota de la redacción, Tiempo, 14/2/24).

Y todos coinciden en ubicar a la venta y distribución de droga sintética como la principal causa de los homicidios en la ciudad.

Ahora bien, esa táctica ya mostró su ineficacia en ese pasado que ahora parece remoto, -aplicado en la peor época homicida en Juárez- y la estrategia instrumentada en la actual administración federal, consistente casi de manera exclusiva en que los mílites se dedican, preferentemente, a patrullar y actuar reactivamente ante cada recrudecimiento de la violencia, ha mostrado palmariamente su inutilidad.

Más aún ¿Bajo qué ordenamiento, bajo qué sustento legal las fuerzas armadas pueden interrumpir el tránsito, exigirle a los ciudadanos sus identificaciones o sus aparatos telefónicos (la fotografía que publicó El Diario es prueba concluyente*) y efectuar revisiones a los vehículos?

Y, por otra parte ¿Cómo es posible que una partida militar lance un operativo de tal naturaleza sin que las autoridades civiles hubiesen participado en su elaboración, diseño y aplicación?

¿O que se haya enviado una partida de esas dimensiones -que, por otra parte, qué bueno, siempre y cuando actúen con base en las operaciones de inteligencia- sin que los más altos mandos militares le hubiesen notificado a las autoridades estatales, después de razonar con ellas la necesidad de su presencia en la zona?

Y luego la feria de declaraciones.

«’El alcalde de Chihuahua trata de justificar su ineficiencia y flojera': Pérez Cuéllar».

Brighitte Granados, la dirigente morenista le espetó al alcalde Bonilla «Que su administración sea un desastre en seguridad pública no es culpa de los juarenses… en particular este 2024 se ha observado un marcado incremento en violencia en la ciudad capital, a lo que el Gobierno Federal ha respondido con 200 efectivos militares más para el Municipio de Chihuahua…». (Comunicado del CDE Morena, 16/2/24).

Bueno, pues la presidencia de la república y los jefes militares tienen otros datos: Mandaron más de 2 mil soldados a la frontera y 200 a la capital, luego de que hasta el 13 de febrero en Juárez se habían presentado 170 homicidios en el presente año.

Todo ello ocurre cuando recientes reportes señalan a Chihuahua como el cuarto estado en cantidades de dinero ‘inusual’, al alcanzar, las transacciones sospechosas, la cantidad de 26 mil 861 millones de pesos en 2023. 

«De acuerdo con una base de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –que contiene el número de Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y montos por entidad federativa desde 2004…». (Nota de Sandra Rodríguez/El Diario de Juárez, 9/2/24).

Las «operaciones “inusuales”, según la definición de la UIF, son aquellas “que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional”.». (Ibídem).

Se trae a colación este dato, porque es de los que más sirven para combatir al crimen organizado y no la puesta en vigor de un semi estado de emergencia, revisando vehículos ¿Acaso las autoridades militares, y las federales en esta materia, no saben que las bandas criminales tienen infinidad de ojos, que alertan acerca de los operativos como el de los retenes?

¡Qué bárbaros!

Sirva de referencia: Según la información del abogado  chihuahuense, Ernesto Avilés Mercado, en los últimos cinco años solo cinco carpetas de investigación se han levantado en el estado por delincuencia organizada en la Fiscalía General de la República en Chihuahua.

Ahí está la veta y, además, operativos como el recientemente ejecutado de los 16 cateos realizados el viernes, minuciosamente preparado, a juzgar por la participación de los tres niveles de gobierno, la discreción y la preparación y ejecución de las respectivas órdenes de cateo y algunas de aprehensión.

Por supuesto que tiene un mar de fondo el anuncio de Jáuregui, de que se analizará la creación del mando único en las operaciones de seguridad pública.

Nadie podrá rechazar tal posibilidad, con una condición, la de que deberá estar bajo la autoridad civil y que tenga como una de las metas más importantes el fortalecimiento de las agrupaciones policíacas.

Y cómo estamos en plena campaña electoral, más de un seguidor del presidente López Obrador verá en esta postura un asomo de crítica (además de que la gestión del tabasqueño, en esta materia, sí es absolutamente deficiente) pero dejarán de lado el hecho de que en la CdMx esa fue la línea de conducta en seguridad pública, fortalecer a las policías y no depender del aporte militar.

Y Jáuregui prometió que pronto habrá resultados. 

Pero esto lo decía dos días antes de las polémicas declaraciones del alcalde capitalino, Marco Bonilla, a las que le siguieron las no menos controversiales del alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar, ambas bajo la peregrina idea de que la seguridad pública de las dos urbes chihuahuenses fuera absolutamente independiente una de la otra.

Por supuesto que existen factores particulares en cada una de ellas, pero los alcaldes hacen a un lado el principal rasgo común de la criminalidad del mundo contemporáneo y en el  que los académicos y especialistas en esta materia no dejan de insistir, es decir, que se trata de un fenómeno global y más en el caso de Chihuahua.

¿Cómo imaginarse el tráfico de drogas, sustancias precursoras, dinero, personas, migrantes y vehículos existentes en la entidad sin que deba existir, obligadamente, una auténtica cooperación, no solo entre los mandos de los tres niveles de gobierno, sino entre las autoridades municipales de ambas ciudades?

Da gusto comentarlo, quienes estudiarán las alternativas para enfrentar la inseguridad, serán autoridades estatales y federales, las que, por lo que se ve, quedarán ajenas, a su vez, de los dimes y diretes entre López Obrador y Maru Campos.

Pero parte central del problema de inseguridad es que desapareció la policía federal -cualquiera que sea su nombre- y la Guardia Nacional sigue actuando como una fuerza militar, a pesar de contar con todo el arsenal, en materia de inteligencia e investigación, tanto la propia, como la del ejército y la marina.

De la falta de coordinación, da cuenta, y como si estuviéramos en una situación de emergencia ordenada por el Congreso, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Saúl Luna Jaimes, y la Secretaría de la Defensa Nacional se asumen como los responsables de la estrategia y del modo en que van cambiando los operativos: «Nosotros estamos en la fase de ver cómo se va moviendo la situación y si en un momento se requieren en otro lugar se moverán las tropas a otro lado del estado. Sin embargo, detalló que por el incremento en hechos violentos la prioridad es Ciudad Juárez». (Nota de Francisco Córdova, El Diario, Chihuahua, 11/2/24).

¿Podrán eludir el factor electoral y hacer su tarea, guardarse un poquito sus arrebatos políticos y enfrentar, coordinados, la inseguridad existente?

Urge lo hagan.

* https://diario.mx/juarez/militares-ponen-retenes-para-revision-de-vehiculos-y-documentos-20240214-2152358.html)

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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