Chihuahua, Chih.

En muy pocas ocasiones habíamos contado con la oportunidad de exigirles a los partidos, al mismo tiempo, la abrupta disminución de sus gastos de campaña y la de sus enormes privilegios.

Nació como la opinión de algún ciudadano pero en horas se ha convertido en la principal exigencia de amplias capas de la población, sobre todos las que no están tan afectadas directamente por la tragedia del 19 de septiembre y la derivada del sismo del 7 del mismo mes.

¡Que le quiten los gastos de campaña a los partidos en la próxima elección! corrió como pólvora en las redes sociales.

La propuesta ciudadana nació del corazón, pero también de la razón, la de la ciudadanía. Estamos cansados de tanto anuncio en radio y televisión escribieron muchos, ajenos a que las modificaciones al marco legal de las elecciones en 2007-2008 que prohíben a los partidos -y a cualquier persona o ente- contratar propaganda política en radio y televisión.

La publicidad que nos atosiga en tiempos electorales es la que se obtiene del tiempo del gobierno federal, destinado a los partidos y candidatos.

Pero esa se deriva de la exención de impuestos a la radio y Tv. Los empresarios de estos medios obtuvieron que, para no pagar impuestos, les concedieran la posibilidad de “donar” el 12.5% de su tiempo al Estado.

Así que eso no nos cuesta directamente. El problema está en que a pesar de que se les quitó esa posibilidad, la de contratar tiempos en radio y Tv, a candidatos y partidos, el monto de los recursos destinados a los partidos se incrementó exponencialmente a partir de esos años.

La intención de esa reforma política era la de obligar a los partidos a que dependieran menos de los recursos gastados en los medios electrónicos de comunicación, que se convirtieran, más, en organizaciones con una fuerte estructura territorial.

No sucedió así, al contrario, transformaron sus mecanismos de cooptación de votos mediante la compra de insumos de distinta índole para, literalmente, “comprar” los votos, de ahí las enormes sumas gastadas en materiales diversos y en la manutención del personal contratado como “activistas”, para que éstos realicen las tareas que les corresponden a los militantes de los partidos.

De ahí la gran aceptación ciudadana a la propuesta de “quitarles” las prerrogativas destinadas a las campañas electorales del próximo año y que esos recursos se destinen a los gastos de la reconstrucción.

Deberemos insistir en lo pernicioso que resultaría quitarles el total de esos recursos, se les daría manga ancha para que recurrieran al financiamiento privado, no solamente del modo en que se hace en EU, sino peor, porque los controles y la institucionalidad existente en nuestro país no tiene punto de comparación con la existente en el país vecino.

Si con la extrema regulación existente, para evitar que el dinero ilícito fluya a las campañas, candidatos y partidos políticos, lo “normal” es que esto suceda, solamente de imaginar lo que ocurriría si abrimos esa compuerta.

Para tener una idea de los cuantiosos recursos de los barones de la droga en México baste decir que se calculan en 12 mil millones de dólares anuales los que se “lavan” en México, procedentes de EU.

Y esos son los del tráfico de drogas, sumemos los que provendrían del contrabando del resto de las mercancías, de los “trafiques” y “moches” de la industria petrolera y de las inversiones públicas en la construcción, de ahí que contar con una cada vez mayor regulación en esta materia es condición indispensable para mantener nuestra incipiente democracia electoral.

Pero disminuirles a la mitad las prerrogativas sería una muy saludable medida, no sólo porque estos recursos irían a la reconstrucción, y que ahí serían los montos menores, dadas las dimensiones del desastre, sino porque iniciaríamos la ruta de la drástica disminución de recursos a los partidos políticos y a los funcionarios públicos.

Sí, porque debemos aprovechar la oportunidad; este es el momento de exigir una severa disminución de los salarios de los funcionarios públicos de los primeros niveles, así como la reducción del número de plazas que cuentan con salarios estratosféricos.

¿De qué manera pueden, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justificar que en un país como México, ellos ganen al mes 520 mil pesos, más alrededor de 200 mil más en diversas prestaciones?

Igualmente, los consejeros del INE ganan, neto, 183 mil 400 pesos y reciben una gratificación anual de 556 mil pesos; remuneraciones semejantes reciben los senadores y diputados federales, así como más de 2 mil 500 funcionarios federales, amén de los delegados federales adscritos a las entidades, con salarios que van de los 90 mil a los 170 mil mensuales, así como los gobernadores.

Del mismo modo, los secretarios de los gabinetes estatales y los diputados locales, cuyos salarios varían enormemente pero que tienen un rasgo común: Son extremadamente altos.

Y a los argumentos de quienes defienden lo elevado de los salarios de los funcionarios, basta con oponerles los ingresos percibidos por los académicos universitarios, que hayan alcanzado la categoría de ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores, cuyos salarios, en muy pocas ocasiones rebasan los 80 mil pesos y la generalidad ronda en el orden de los 45-60 mil mensuales.

¿Cómo fue posible que les paguemos más a diputados, regidores, secretarios, delegados, consejeros “ciudadanos”, etc., que a la comunidad científica del país?

Bienvenida la respuesta de los partidos, motivada, sin duda, por la inicial propuesta de López Obrador -destinar el 20% de los gastos de campaña a la reconstrucción- pero deberán ir más allá, están obligados a legislar, no bastan las exhortaciones, ni las chicanadas propuestas por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de que los partidos rechacen el monto que decidan y éste se devuelva a la Secretaría de Hacienda, que ésta lo destine a un fideicomiso especialmente creado, bajo vigilancia ciudadana, para la reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo.

Está bien eso, por ahora, por la emergencia, pero es el momento para elaborar una nueva legislación que disminuya drásticamente los recursos a los partidos y que reduzca los salarios de los funcionarios públicos.

Y no es solamente en el ámbito federal, está muy bien que los demás partidos locales se sumaran a la exhortación de los legisladores de Morena al INE (PRI, Panal, PAN y PVEM), para que permita destinar parte de los recursos de campaña de los partidos políticos a los afectados por el sismo, debieran hacerlo en su ámbito, en el de sus responsabilidades.

Si todos están de acuerdo ¿Porqué no cambiar la legislación local a fin de disminuir parte de lo destinado a campañas electorales locales para el próximo año?

Mecanismos y rutas legales podrían ser muchas, y estudiar hasta las propuestas por el Comisión Nacional de Derechos Humanos: “una reforma urgente al artículo 4º transitorio del Decreto en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el 27 de enero de 2016, a efecto de que cerca de 30 por ciento del monto total de los recursos destinados a los partidos políticos, conforme al presupuesto de egresos 2018, sea destinado al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para la reconstrucción y reparación de los daños a las víctimas de los sismos”.

Porque hacer el tipo de pronunciamientos realizados hasta la fecha por los partidos, significa que no están en la disposición de cambiar el estado de cosas existente y que sólo han reaccionado ante la circunstancia, para hacer una modificación extraordinaria, y no cambiar nada del insultante esquema de privilegios del que gozan hasta la saciedad.

No han asimilado que los elevados índices de rechazo a partidos y funcionarios gubernamentales obedece, sí, principalmente a sus enormes deficiencias como gobernantes, porque evaluada su actuación a lo largo de los últimos 32 años -lapso transcurrido entre el primer terremoto de esa fecha y el actual- la sociedad mexicana avanzó, sí, pero no la actuación de los partidos.

Con el terremoto del ’85 se cayó el PRI en la capital del país; de entonces a la fecha no ha podido ganar una elección local. Es que el sismo se llevó a la vieja y achacosa estructura corporativa del partido de Estado en que estaba convertido el PRI.

Pero también fue el arranque para un despertar electoral, con alcances nacionales, que motivó luego la derrota del PRI en varias elecciones estatales, el fraude electoral del ’86 en Chihuahua y el del ’88 en el país.

Cambios tan profundos originaron, luego, la aparición de un órgano electoral ciudadanizado y ajeno al control gubernamental directo.

Y los cambios en la sociedad fueron más profundos, ahí se encuentran las raíces del crecimiento del enorme despertar nacional, que se refleja en la amplitud y profundidad de las críticas en las redes sociales y que vimos corporeizada en los cientos de miles de “chilangos” lanzados a las calles a ayudar, a participar en los rescates, en la recolección de víveres; en los miles que ofrecieron sus viviendas para el resguardo de los damnificados; en la inmensa ola de solidaridad nacional con quienes se encuentran en medio de una enrome tragedia.

Y en el centro de la miseria humana, la Secretaría de la Marina y Televisa armando un “show” con la supuesta niña “Frida Sofía”.

¿Cuándo cambiarán?

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