Chihuahua, Chih
Después del papelón que Carlos Olson nuevamente desplegó, subiendo a tribuna una iniciativa de ley para la penalización de la zoofilia, exhibiendo argumentos desinformados, citando en la justificación de la misma fuentes de sitios “periodísticos” sin rigor profesional y otros, especializados para “comunidades” zoofílicas en las que se comparten “consejos” para ejercer su parafilia sin ser molestados, ofrecer foros de contención y recomendaciones en los que se organizan convenciones entre otras actividades, así como otro de la comunidad furry, que es donde coinciden personas que les gusta disfrazarse de animales en su cotidianidad sin que esto, necesariamente tenga connotaciones sexuales.
Pues bien, imagine que en la redacción de una política pública en materia de educación sexual integral o salud reproductiva, para la obtención de los datos estadísticos de la justificación de la misma, se recurra a sitios pornográficos y a las preferencias de los usuarios para sustentarla.
Debo decir que no cuestiono ni señalo las prácticas privadas de nadie, siempre y cuando no afecten a terceras personas, solo trato de confrontar la doble moral de los panistas, que por un lado, dicen defender a la familia y los valores tradicionales, estigmatizando y criminalizando todo lo que escapa a la heteronormatividad y rebajan el nivel de discusión legislativa a esto: websites de personas con graves parafilias y pasquines.
Justo cuando las discusiones -sobre todo las legislativas- que trascienden al espacio público para convertirse en ley, la aspiración debería ser que fueran los avances en la tradición jurídica de derechos humanos y el reconocimiento de libertades y dignidad para todas las personas, así como los diversos organismos, agencias gubernamentales especialistas en los temas e instituciones nacionales e internacionales, las que fueran referentes para brindar a la ciudadanía herramientas e información para la formación de su criterio y, eventualmente, convertirla en masa crítica reivindicando derechos como la construcción de ciudadanía o la participación política.
Pero no, más bien se instalan en la afrenta del llamamiento a la violencia contra las disidencias sexuales instigando crímenes de odio alimentados por discursos de la misma naturaleza.
Ante la obvia y esperada respuesta de colectivos derechohumanistas que confrontaron a Olson y a su fracción parlamentaria, ahí, en el mismo sitio del agravio que es sitio común para la ciudadanía, el Congreso del Estado, el legislador se atrevió a responder que “buscaban coartar su libertad de expresión” (La Verdad Juárez. Abraham Rubio. 21/IX/22), al señalarle sus manifestaciones de odio.
Él podrá decir lo que quiera (o crea); sin embargo, calumniar para lograr estigmatizar e incitar a la violencia por una orientación sexual o expresión o identidad de género distinta a la heterosexual, es odio. Y lo agrava el hecho de que se ejerza desde una curul, porque además se incurre en negligencia criminal y homicida a cargo del erario.
El diputado Olson debe saber que solo el derecho internacional permite establecer límites a la libertad de expresión, nadie más; estas restricciones deben estar contenidas de modo claro y accesible para imponerse de modo legítimo y especifico. En el caso que nos acude, por hacer apología del odio y por proteger los derechos de las personas. Todo discurso puede ser considerado intolerante cuando un sector de la población ya de por sí, vulnerable, exija deba ser cuestionado. En nuestro país la discriminación es un delito, en nuestro estado tenemos una ley especifica para su prevención, la misma constitución reconoce la no discriminación como un principio fundamental y transversal.
Otro principio de derechos fundamentales más para conocimiento del diputado: el derecho a la libertad de expresión es uno de los derechos centrales de toda sociedad democrática, este llega a donde hace frontera con el discurso de odio. Ahí termina para convertirse en delito porque vicia la voluntad ciudadana con manipulación y propaganda.
Ya de por sí es un lastre cargar con quien ejerce un cargo de elección popular con sueldos insultantes para la mayoría de la población, como para que hagan gala de ignorancia e irresponsabilidad y es que, en el mismo momento el que usted lee esta colaboración, seguro se le vienen a la mente una serie de nombres de personas con una buena carga de empatía, conocimiento mínimo de las leyes y sentido común como para ejercer de mejor forma encargos como este.
Si bien los mecanismos para lograrlo son sumamente complejos para la ciudadanía común, ejercer nuestro derecho de audiencia, a manifestarnos públicamente, a exigir una debida rendición de cuentas y sobre todo, a exhibir al perverso y al mentiroso, SÍ nos es posible y además, es una obligación amparada en nuestro derecho a construir ciudadanía.
Y lo seguiremos haciendo.
Es cuanto.
@marielousalomé
