Chihuahua, Chih.

El regreso del presidente López Obrador, luego de padecer el COVID 19, ha estado marcado por varios hechos; uno de ellos, el de que reafirmó la estrategia para combatir la pandemia.

Lo hizo, a pesar de que, oficialmente, de acuerdo con los datos que diariamente ofrece la Secretaría de Salud, el número de mexicanos muertos por ella rebasa los 172 mil y que, seguramente, al terminar el mes de febrero México estará rondando los 200 mil muertos por la pandemia.

Por desgracia, la imagen que más ilustra sobre la conducta presidencial es la del presidente negándose a usar el cubrebocas, y que, para hacerlo, arguyera un hecho que nadie, en el mundo, avala: El de que ya no puede contagiar.

No solo eso, alegó haberse contagiado porque le tocaba, “ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó”. 

No, se enfermó porque no respetó las restricciones sanitarias, entre ellas, la del uso del cubrebocas, lo que defendió con el rupestre argumento de que se debería defender la libertad.

Detenerse en esos hechos es importante, que el presidente recomiende, o no, determinada conducta, tiene un peso radical en la sociedad, pero convendría detenerse en el asunto mayor, el del combate al COVID 19.

¿Realmente el gobierno de México -y no solo el gobierno federal, por supuesto que los gobiernos estatales han incurrido en la misma responsabilidad- está haciendo lo correcto para combatirla?

No se está hablando de enfrentar las consecuencias de la misma, sino de las estrategias aplicadas para impedir la propagación del virus.

El gobierno de México se preparó para enfrentar el hecho de que habría un número equis de personas que se contagiarían y que, de ellas, un porcentaje elevado requeriría un tratamiento altamente especializado.

En la medida de lo posible, con un sistema de salud destrozado y en medio de la transición del modelo que López Obrador impulsó -con una cantidad increíble de actos improvisados, los que produjeron una crisis sanitaria, previa a la de la pandemia- el gobierno federal se preparó y elevó sustancialmente el número de camas hospitalarias y de las necesarias para enfrentar las fases críticas de los enfermos de COVID.

Pero para impedir la propagación de la pandemia sólo atinó a decretar restricciones a la movilidad y a la actividad económica. Nada más.

Al tiempo, cuando la enfermedad hacía trizas los pronósticos del equipo de López Gatell, crearon la figura de los semáforos y sus gradaciones.

¿Qué debió hacer el gobierno mexicano?

Lo que hicieron los gobiernos que mejor contuvieron el contagio: Detectar los casos nuevos, darle seguimiento a todos los contactos y confinarlos a todos ellos durante dos semanas, amén de otorgarles el tratamiento médico oportuno y necesario que se necesitaba en ese momento; para la detección, aplicar millones de pruebas; la clausura de fronteras, tamizajes para todo aquel que entrara al país en cuestión, restringir la migración interna y decretar una drástica inmovilización de todas las actividades.

Además de lo anterior, la entrega millonaria de apoyos económicos a toda la población a fin de evitar que saliesen de sus domicilios.

Probablemente suene fantástica e increíble la exposición -y la inversión requerida- de adoptar esas medidas, pero el costo pagado por la sociedad mexicana ante una errática estrategia contra el COVID 19 es descomunalmente más cara que aquella estrategia.

Se pueden medir económicamente las consecuencias, pero ¿Cómo medir el dolor de los familiares de alrededor de 400 mil muertos? ¿Cómo medir el sufrimiento de cientos de miles que debieron cursar la enfermedad en condiciones verdaderamente dramáticas?

No hay cómo.

El gobierno mexicano lo dijo en contadas ocasiones, pero lo dijo: Su intención era alcanzar la “inmunidad comunitaria”, que es más conocida como “inmunidad de rebaño”.

Es decir, pretendía que un muy alto porcentaje de personas se contagiaran y que al lograr eso se disminuyera la velocidad del contagio, con todas las consecuencias de hacer que un número muy grande de personas adquirieran la enfermedad.

El 30 de junio de 2020, José Luis Alomía, Director General de Epidemiología, dijo que quienes se enfermaran “… podrán entonces contribuir más adelante con los que se sigan incrementando a esta inmunidad de rebaño que se quiere lograr en un futuro próximo». (Un daño irreparable: La criminal gestión de la pandemia en México, Dra. Laurie Ann Ximénez Fyvie).

Pero para llegar a la inmunidad “de rebaño”, deberían entrar en contacto con el virus, y enfermarse o transitar asintomáticamente, alrededor del 60-70% de la población.

El problema es que, del total de las personas que se contagian, el 80% no se enferman, el 15% padecen la enfermedad con distintos grados de severidad y el 5% severamente. De este último porcentaje 2/3 partes mueren, lo que llevaría a que, en nuestro caso, muriesen alrededor de 2 millones 500 mil personas.

¿Qué ha hecho el gobierno mexicano y, con él, todos los gobernantes estatales?

Nada para detener el contagio colectivo, sólo medidas económicas y de atenuación de la velocidad del contagio y prepararse para enfrentar a las multitudes de enfermos y fallecimientos que sobrevendrían.

¿Cuándo se tuvo control sobre la velocidad del contagio? Nunca.

¿Cuándo se tuvo conocimiento sobre esa velocidad? Igualmente, nunca.

Tan no lo supieron, no lo calcularon, o creyeron que la inmunidad comunitaria aparecería con porcentajes bajos de personas infectadas que el peor escenario esperado por el gobierno federal, descrito por Hugo López Gatell, fue el de 60 mil decesos.

Dolorosa descalificación para el conjunto de los gobernantes mexicanos de la presente hora que, salvo la llegada millonaria de vacunas y su aplicación, no podrán impedir que México pudiera ser la nación con la segunda cifra más alta de decesos en el mundo.

Y es que tanto en Israel, como en EU, en los que la aplicación de las vacunas ha abarcado a porcentajes elevados de la población, se ha observado un descenso importante de contagios, de hospitalizaciones y de decesos. “En EU, desde que alcanzó un pico el 8 de enero, relacionado con las reuniones navideñas, el número de nuevos casos diarios confirmados se ha reducido en casi un 60%”. (Nota de David Leonhart,  NYT, 11 de febrero de 2021).

Pero la dimensión de la tragedia sufrida por los mexicanos no podrá ser encubierta por la llegada de las vacunas y será develada en los próximos meses, cuando el INEGI dé a conocer el número de fallecimientos por el COVID 19. Será del orden, a fines de febrero, de más de 400 mil.

Todo, porque quienes gobiernan se equivocaron de cabo a rabo, debieron aplicar un ambicioso y costoso plan de apoyos económicos a trabajadores formales e informales, a las empresas -desde las micro a las medianas- a fin de evitar que la población se movilizara en busca del sustento; destinar inmensas cantidades de dinero para que los servidores de la nación, y los elementos de las fuerzas necesarios se dedicaran al seguimiento de contagios y contactos.

Si no ¿Cómo evitar que esa parte de la población -la mayoritaria- saliera a la circulación en busca del sustento?

Ah, po’s manipulando el color del semáforo sanitario, que en palabras de López Gatell se volvió “irrelevante” cuando el presidente, a fin de no obstaculizar las ventas del fin de año, se opuso a la propuesta de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de decretar el rojo y ordenar una drástica paralización de las actividades en diciembre.

Resolvieron lo contrario y durante el mes de enero, sólo en la capital mexicana, murieron más de 11 mil personas.

Así es como se pueden medir los errores. Hasta el presidente se convirtió en una de los enfermos de ese mes.

Sobran los ejemplos de lo que hoy sufrimos. 

Al anterior, agréguese los del estado de Guerrero y Mazatlán.

Guerrero es uno de los estados que transitó al rojo en la semana que inicia mañana, a consecuencia de la apertura de Acapulco para el fin de año.

Lo mismo ocurrió con Mazatlán. Durante semanas lo mantuvieron en amarillo, vino el torneo beisbolero de la Serie del Caribe, el estadio se vio repleto de aficionados, los mismos que ahora, desde los hospitales refieren -casi todos los nuevos casos- que asistieron a la fiesta beisbolera.

Y para quienes sostienen que llevar al cabo esa estrategia para impedir el crecimiento de la epidemia, baste decir que Viet Nam, un país con 95 millones de habitantes y con una economía inferior a la nuestra solo tiene 2 mil 395 casos y 35 defunciones (Reporte de la U. John Hopkins, 13/II/21). 

Pero ellos aplicaron estrictamente las medidas aquí enfatizadas y llegaron a efectuar hasta 40 mil pruebas por cada nueva persona contagiada. 

Compárese esa cifra con una terrorífica: El 79% de los pacientes muertos por COVID-19 en México no llegó a terapia intensiva. (Pp149, ibídem).

Mueren en sus casas.

¿Cuántos más?

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