Chihuahua, Chih.

“Debemos siempre tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al atormentador, nunca al atormentado”.

Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz en 1986



Pocas veces en la historia del país tantas veces se han conjuntado tantas voces, que han concordado con la de miles de otras en distintas latitudes. Si lo dejáramos al análisis de la historia este es un fenómeno de dimensiones globales, uno que obedece a la condición humana y al sistema en el que nos educamos y criamos que nos ha condicionado hasta la forma en la que respondemos al peligro, riesgos y como desde ahí, nos relacionamos entre mujeres y hombres. Partiendo de ese punto, el orden y el contrato social están viciados porque las motivaciones provienen del miedo y la conveniencia de quienes ostentan el poder.

A eso obedece la férrea defensa del status quo que históricamente promueve el miedo para mantener calladas a quienes somete.

La semana que concluye, en el ámbito local se colocó de nuevo en la mesa el tema del acoso y hostigamiento sexual y laboral por parte del ahora nuevamente delegado del ISSSTE, Jorge Esteban Sandoval Ochoa a sus subalternas y que se suma a la lista de casos ventilados en medios de comunicación en referencia a la comisión de estos delitos, como la inhabilitación de Rodolfo Bermejo Rodríguez, otrora, titular del ICHIFE (Instituto Chihuahuense de la Infraestructura Educativa), la renuncia de Heriberto Flores Gutiérrez que fungió como rector de la UTCH (Universidad Tecnológica de Chihuahua) y a la inhabilitación también de José Luis García, antes, secretario de Desarrollo Social en la pasada administración.

Todos, hombres en posiciones de poder, de distintos partidos en diferentes administraciones. Panistas, priistas y ahora Morena. Lo que habla de actores dentro de un sistema que posibilita agredir y acosar sin repercusión alguna; sin embargo, el equilibrio que se basa en el control y la fuerza se está alterando porque la enunciación de los casos en conjunto demuestra que no se trata de asuntos personales o cuestiones políticas entre grupos de poder en los que las mujeres resultamos marionetas fácilmente manipulables para beneficiar intereses ajenos.

“Es golpeteo político” suele ser una justificación de agresores sexuales. Y no, las denuncias por violación a los derechos humanos se deben atender oficiosamente por el estado en la que no caben acuerdos políticos o de mediación ni en los que quepa la consideración que la víctima tenga que tener de nuevo contacto con su agresor, como es el caso del delegado del ISSSTE porque regresa a despachar al sitio en el que cometió su serie de agravios y en el que labora la víctima denunciante.

Quienes atienden y acompañamos a víctimas de procesos de violencia sabemos y damos cuenta de la enorme importancia de denunciar y hacer el dominio público las agresiones como parte del tratamiento y proceso de recuperación de las personas. Una gran parte de las afectaciones deviene de mantener ocultas las humillaciones, de quedar relegadas y silenciadas por miedo o por vergüenza. El ciclo se alimenta porque los agresores nutren sus violencias por el silencio; estos suelen ser personas lúcidas, inteligentes, perfectos caballeros, es decir, sus intenciones y malas acciones (delitos en realidad) son casi increíbles en ellos por su carisma o por el reconocimiento a su “capacidad de liderazgo”.

Esto empeora cuando el espacio donde se desarrollan las agresiones es el laboral y quien las ejerce es de una carrera política de larga data como la de Esteban Sandoval, porque supone un perfecto constructo de relaciones de poder políticas que posibilitan la perpetuación de estas dinámicas de ostentación y ejercicio del poder misóginas en detrimento de las mujeres que colaboran como sus cercanas, de modo directo por ser las primordialmente afectadas y de forma indirecta, por establecer complicidades viciadas de otras mujeres que por temor a ser afectadas en su trabajo y entorno laboral, callan o atienden indicaciones de afectar a las víctimas directas.

Otra afectación es que en conjunto, hombres y mujeres normalizan la situación. Ellas por padecerla, ellos por ejercerla.

Romper el silencio es ir sentando precedentes que sirvan de base para que recaiga en los agresores la responsabilidad de los actos cometidos, que las víctimas dejen de sentir sobre sus hombros el peso de la culpa y la vergüenza que transitan en la revictimización cuando al tratar de sacar la cabeza del infierno que supone el acoso sostenido y que se agrava cuando adquiere connotaciones sexuales, con la denuncia, sea práctica común.

La construcción de espacios seguros para nosotras en los que se nos garanticen nuestros derechos humanos, en este caso, al del trabajo y por ende, a una vida digna, es una cuestión preeminente del Estado mexicano en la que es su obligación investigar, sancionar y otorgar medidas y garantías para la no repetición.

Independientemente de las consecuencias legales que hayan adquirido las denuncias que se formalizaron ante las instancias correspondientes, las vías pueden ser otras y ahora se pretende incidir en la administrativa. Los agresores dentro de la función pública en cualquiera de los tres niveles de gobierno deben ser inhabilitados y señalados públicamente como lo que son: AGRESORES.

El sistema al que obedecen y los protege está dejando de funcionar, eso porque estamos alzando la voz desde todos los espacios.

Ya no van a gozar nuevamente de la comodidad que les otorga nuestro silencio y mucho menos, seguirán construyendo sus carreras sobre la espalda de las mujeres.



marielacastroflores.blogspot.com

@MarieLouSalomé