Chihuahua, Chih.

En medio de un ejemplar primer proceso plebiscitario, a celebrarse en la ciudad de Chihuahua, para que los habitantes de la capital resuelvan acerca del proyecto de alumbrado público propuesto por la actual administración municipal, encabezada por la panista María Eugenia Campos Galván, una nueva tormenta de carácter político se cierne sobre la entidad, generada por las declaraciones, tanto por el gobernador Javier Corral, como por el Secretario de Gobierno, Saúl Mesta, y Jorge Espinosa, Consejero Jurídico del gobierno de Chihuahua, en el sentido de que no acatarán las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El anuncio efectuado lo hicieron a partir de su rechazo a los mecanismos de la elección de Rosario Piedra Ibarra, como nueva titular de la CNDH. 

Tal postura esconde una más criticable razón: La de no acatar las recomendaciones, no las que vaya a realizar la nueva presidente, sino las generadas a partir de sus propias acciones o, como en el caso de la emitida con motivo de la contaminación producida por la planta de Avalos, firmada por el anterior presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, contra el cual no pesa el señalamiento de los funcionarios del amanecer chihuahuense.

Las declaraciones del gobernador Corral son verdaderamente preocupantes (las del Secretario Mesta y el abogado Espinosa no lo son menos, sin embargo, al ser subordinados del primero se entienden en pleno concierto con el titular del Poder Ejecutivo) pues lo revelan totalmente contrario a lo mostrado, no sólo en los años previos a su ascenso al gobierno local, sino, incluso, ya en el ejercicio actual, cuando a resultas de la firma de un convenio con la CNDH, emitió una serie de opiniones totalmente contrarias a las que le escuchamos en los días recientes.

El gobernador Corral sostuvo que es irrelevante el desacato a la CNDH pues, sostuvo, las “recomendaciones de la CNDH, no son vinculantes, ninguna autoridad cae en desacato cuando no cumple o no acepta las recomendaciones”, pero resulta que los tribunales federales pueden resolver toda “controversia que se suscite… (por) I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;…”.

Por lo tanto, la CNDH tiene la facultad de presentar denuncias penales y administrativas en contra de cualquier autoridad que haya desacatado las recomendaciones del organismo derechohumanista, máxime si se tiene en cuenta que las recomendaciones son el fruto de largas y muy documentadas investigaciones, que en el mayor número de casos eran archivadas por las autoridades anteriores y que ahora estarán sujetas a un más riguroso escrutinio.

Es decir, que, además, de que la CNDH puede solicitar al Congreso de la Unión sea citada la autoridad que no haya acatado alguna recomendación, puede solicitarle a la Fiscalía General de la República se levanten las respectivas indagatorias debido a presuntas violaciones a los derechos humanos, de tal manera que no es tan “irrelevante” no acatar las recomendaciones del organismo derechohumanista.

Y los ejemplos sobran de la postura del gobierno de Chihuahua en desobedecer las recomendaciones de la CNDH. Para iniciar, ahí está el hecho de que el Estado incumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los cadáveres encontrados en el campo algodonero, noticia dada a conocer por el mismísimo entonces presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

A lo que se suma el hecho de que el organismo garante de los derechos humanos, en su último informe, “el del 2018, deja muy mal parada a la entidad, con liderazgo en homicidios de periodistas, defensores de derechos humanos y feminicidios”. (La columna, El Diario de Chihuahua, 22/XI/19).

Las luces de alerta sobre la actual administración están prendidas hace tiempo.

La tasa de feminicidios, del 2.47, es de las más altas a nivel nacional; igual ocurre en el rubro de los periodistas asesinados, aspecto en el que Chihuahua sólo es superado por “Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca”, así como en el de los derechohumanistas, en el que “del 2006 al 2018, 40 (han caído) a nivel nacional, 14 solamente en Chihuahua, donde destacan los primeros tres años del corralato”. (Ibídem).

Por ello, la desastrosa actuación de los senadores de Morena en la designación de Rosario Piedra se le presentó al gobernador de Chihuahua como una invaluable oportunidad de pretender (como siempre, de manera chabacana, oportunista y demagógica) aparecer como un acabado demócrata al momento de impugnar esa elección.

Porque, no hay duda, Rosario Piedra -más allá de sus méritos como activista de Eureka, la organización fundada por su madre, Rosario Ibarra, para reclamar a los desaparecidos en la guerra sucia de los 70’s- incumplió con un requisito constitucional: El de no haberse desempeñado como dirigente partidaria un año antes de su elección. Pidió licencia tardíamente al cargo de Consejera Nacional de Morena, su partido, del cual el Consejo es un órgano de dirigencia nacional.

Lo anterior, independientemente del hecho de que, más allá de que el número de boletas votadas en la elección de presidente de la CNDH fueran 114, y de que aparecieran un papel en blanco y un sobre y éstos no se contabilizaran como votos emitidos, lo cierto es que la lista de presentes de la Cámara de Senadores -único documento válido para certificar el número de senadores presentes en la sesión- arrojó la presencia de 118 senadores.

La norma constitucional establece que el presidente de la CNDH debe ser nombrado con el voto de las dos terceras partes de los senadores PRESENTES, no de los que hubiesen emitido su voto. Por tanto, el número mágico para Rosario Piedra era el de 79 votos a favor y sólo obtuvo 76.

Ante ese hecho, el gobierno de Querétaro, primero, y luego el de Chihuahua, anunciaron que no acatarán las recomendaciones de la CNDH en virtud de su “ilegitimidad”, en lugar de atacar jurídicamente el nombramiento, en virtud de su presunta inconstitucionalidad, algo que al final de la semana pareciera tomar forma en el grupo de senadores del PAN.

Las declaraciones de los funcionarios de Chihuahua encontraron una rápida y contundente respuesta de Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, quien sostuvo que “Todas las recomendaciones tienen que ser atendidas y la autoridad tiene la obligación de atenderlas,…  porque incluso incurren en desacato y probable juicio político, tienen que ser llamados a comparecer al Senado”. (Nota de Orlando Chávez / Gisela Reyes, El Diario de Chihuahua, 21/XI/19).

Pero el argumento de que no reconocerán a Piedra Ibarra se les presenta como una oportunidad de oro ante la emisión de una recomendación por demás emblemática de la CNDH (Elaborada y emitida por el anterior ombudsman, González Pérez), en la que los señalamientos son a los tres niveles de gobierno, derivados de la grave violación a los derechos humanos de los vecinos de la planta minera de Avalos, en la capital del estado, por una elevada y persistente contaminación, en la que la CNDH le ordena al gobierno estatal que reubique a las familias afectadas, además de un sinfín de acciones destinadas a remediar la contaminación de la zona.

La recomendación abre la posibilidad para que los exgobernadores Patricio Martínez, Reyes Baeza y Javier Corral puedan ser denunciados “por haber permitido la construcción de una unidad habitacional en las inmediaciones de la planta Ávalos, señaló la diputada presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, Rocío González Alonso”. (Nota de Alejandro Piñón, El Diario, 14/XI/19).

Sorprende la fuente de esta nota, se trata de una legisladora del blanquiazul, ligada a la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, quien sostuvo que “pese a que se sabía de la contaminación ambiental existente por los residuos minero-metalúrgicos de la Planta de Ávalos, entre ellos plomo y zinc, cuyos predios fueron adquiridos por el Gobierno del Estado de Chihuahua en 2004, se dio entrada a la construcción de esta colonia…”.

No iniciará bien el 2020 para el “Nuevo amanecer”.

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