Chihuahua, Chih.

A raíz de la información consistente en que adjudicaron un contrato por 80 millones de pesos para la compra de medicamentos para pacientes del Ichisal y/o del Seguro Popular, se desataron las críticas en contra del Secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez.

La empresa favorecida por tan ilegal operación fue Egro Servicios de México S.A. De C.V., cuyo apoderado legal es César Alejandro Carballo Ramírez, que, a decir de los empleados de la farmacia ubicada en el domicilio fiscal de Egro, también surte medicinas subrogadas a Pensiones Civiles del Estado.

La noticia es que, en lugar de desmentir la información publicada en distintos medios de comunicación, la Secretaría de Salud emitió un comunicado de prensa en el que ¡confirma la existencia de un contrato, sin licitación! hasta por “80 millones de pesos”, pero, seguramente pensando que es un atenuante a la gravísima violación a la ley de adquisiciones, descubiertos en la ilegal operación, nos dicen que, “sin embargo, desde el mes de abril (tiempo en que la empresa comenzó a dotar medicamentos) al 31 de julio, se ejercieron cerca de 20 millones de pesos en la subrogación de servicios farmacéuticos”.

Es decir, pecamos, pero nomás tantito y aceptan que, efectivamente, “Debido a que 600 claves permanecían pendientes y ante la tardanza en el surtimiento de los medicamentos e insumos, se optó por realizar la contratación de la empresa ‘EGRO Servicios Farmacéuticos S.A de C.V’, con el único fin de garantizar el servicio a la población chihuahuense y acelerar la entrega de medicamentos varios a los pacientes que requerían el servicio”.

Y la justificación se la achacan directamente al Dr. Avila, quien, sostiene el comunicado, ha encontrado “alternativas con las empresas que están dispuestas a seguir otorgando crédito a la Secretaría de Salud, como sucede con la empresa EGRO, toda vez que el estado crediticio y la mala reputación de esta institución (la Secretaría de Salud) disminuía la posibilidad de encontrar empresas que pudieran cumplir las condiciones del contrato”.

¡Y se curó en salud! Descartaron que el Dr. Avila tuviera “relación con los propietarios de la empresa o que persista un interés superior al de otorgar medicamentos a la población que así lo requiere”.

¿Qué pensarían, quienes ahora defienden, desde el gobierno, la transparencia de operaciones como esta, si los funcionarios de la administración de César Duarte justificaran, del mismo modo que lo hacen ahora los funcionarios del amanecer, compras como las que hace el Secretario de Salud?

¿Y que, además, anunciaran que lo seguirían haciendo?

¡Qué bárbaros!