No son los videojuegos

No son los videojuegos 11 de enero de 2020

Mariela Castro Flores

Chihuahua, Chih.

Hace un par de días una nueva tragedia relacionada con armas y las infancias tuvo lugar en un colegio privado en Torreón, Coahuila. Quizá no es nuestra entidad, pero compartimos realidades y la pertinencia se enmarca en poseer condiciones similares que pueden provocar sucesos de la misma naturaleza, de los que poseemos antecedentes y pareciera, no estamos anticipando. 

Un menor de 11 años, alumno de sexto grado, ingresó con dos armas a su aula, disparó contra su maestra, que falleció posteriormente y a varios compañeros. 

De inmediato las especulaciones volaron sin dar tregua en una sociedad que no tiene memoria colectiva, autoridades que no se hacen cargo y desde una perspectiva moralizante busca culpables de inmediato que le den rostro a la infamia para verse relevada de lo que corresponde.

En esta ocasión la madre no pudo ser culpada. Fallecida hace unos meses, el niño es hijo de un padre ausente (forma políticamente correcta para decir que lo abandonó) en medio de un duelo que también comparte la abuela que se encargaba de su cuidado, el panorama no puede ser más desolador: un niño perdiendo a sus dos progenitores de golpe, a la madre por su muerte y al padre por abandono. 

Extraviadamente lo que se ha puesto en la mesa, son las suposiciones de que quizá el menor fue cooptado por el narco o algún grupo delincuencial, que su facilidad de conseguir un par de armas debió ser indicativo de actividades ilícitas de personas de las cuales estaba bajo cuidado, en fin, una serie de nefastas especulaciones que la mera repetición ya es infamante, básicamente porque estos dos temas no se abordan si sucesos como éste no ocurren. La constante es el desprecio de los gobiernos por las infancias y su invisibilización y, por otro lado, el poco cuidado de las políticas públicas para con la salud mental.

El primero es alarmante. Las infancias son solo tema cuando se ven envueltas en hechos que incluyen armas de fuego o asesinatos con características no propias de la edad ni de la humanidad misma, vaya, ni la violencia sexual que padece este grupo etario es noticia a pesar de lo delicado de las cifras: México posee el primer lugar en difusión y consumo de pornografía infantil (Boletín 035 Senado de la Republica, LXIV Legislatura), en Monterrey hace tiempo también un niño en un salón de clases y disparó a sus compañeros asesinando a dos y dejando gravemente heridos a otros más, el hecho también concluyó en suicidio. 

En Chihuahua, Christopher Raymundo Márquez Mora (2015) y Rafita (2018) son dos nombres que aún resuenan en la memoria de quien no se permite ser indolente.

En esta ocasión, las escuelas su suman a la serie de agravantes. 

Las instituciones particulares se ofertan como educadoras en “valores” pretendiendo hacer diferencia con la escuela pública, pero, es indicativo de algo que en las escuelas públicas que albergan a la mayoría de las infancias en situación de vulnerabilidad no ocurran hechos de esta naturaleza, al menos no de esta extrema violencia; por otro lado, el ámbito escolar y sus autoridades no se han comprometido a un análisis serio entrándole desde la dimensión social del contexto de la violencia. Podría suponerse que su condición de ser negocios de particulares no hace obligación para con la política pública de educación en su totalidad.

Por otro lado, el descuido a la salud mental es otra arista para el análisis; los duelos inconclusos son una herida abierta para todas las personas víctimas de la guerra en el país, sobre todo en las y los jóvenes. 

En México, se estimó que una de cada tres personas presentará algún desorden psiquiátrico a lo largo de su vida y solo se destina en promedio, el 2.4% de su gasto en el rubro a la salud mental. La pérdida de un ser querido se sigue percibiendo como una etapa de la vida que debe ser superada sin contar con lo que implica vivir en un contexto de violencia exacerbada.

Finalmente, algo que debería encender las alertas es la facilidad con la que se consiguen armas. Desde luego que su tráfico es uno de los negocios más redituables del crimen organizado; sin embargo, hay un consenso generalizado que cada vez crece más sobre la anuencia y consecuentar lo necesario para poder poseer armas frente a la imposibilidad y la ineficacia de las autoridades para contener a la delincuencia y los delitos del fuero común. 

Así, sin una educación mínima en el tema, grupos de derecha han impulsado el supuesto derecho a defender sus bienes y su propiedad privada respondiendo con fuego de ser necesario, convirtiendo en héroes a quien logra salir con vida de esas incursiones; pero hay varias cuestiones que convierten en problemática la propuesta, una es que en un país feminicida habilitaría aún más los delitos por razones de género y segundo, lo que acabamos de presenciar.

En una sociedad en extremo violenta, las personas están exigiendo el derecho a ejercer el monopolio de la fuerza por propia mano con consecuencias de las que nadie se hace cargo luego, porque no son los videojuegos ni las salidas rápidas a las que se suele acudir cuando desde la política pública no se trabaja para sanar, desde la sensibilidad y el reconocimiento que hay heridas que solo en comunidad se pueden cerrar, es que “defender” en la concepción aprendida en este país es poseer y en este país hay profundas brechas de desigualdad y quienes menos tienen, con armas en la mano, bueno, no le tengo que contar…

@MarieLouSalomé