Chihuahua, Chih.

¡Cuán difícil resulta opinar lo políticamente “incorrecto” para impugnar acciones con propósitos positivos pero realizadas con mecanismos incorrectos!



¡¿Quién podría estar en contra, desde el campo democrático, de la auténtica reforma del Poder Judicial de Chihuahua y que éste adquiriera, ahora sí, la independencia y autonomía soñadas frente al Poder Ejecutivo?!



¿Quién medianamente informado podría oponerse a que la mayoría de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueran removidos, porque sus designaciones fueron claramente opuestas a la correcta aplicación de las leyes y la ética y que llegaron a sus puestos por la decisión del entonces gobernador César Duarte?



La respuesta es obvia.



Pero lo que menos necesitamos los chihuahuenses son las respuestas maniqueas.



¡Ah, lo que ahora se hace está bien, no importa si se violan las normas, porque lo hacemos en nombre del bien! ¡Porque nosotros somos los buenos y la sociedad –y nosotros hablamos por ella– lo “está pidiendo”!



No puede haber taxativas, lo efectuado por el grupo gobernante entre el jueves y el sábado es una clara intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial.



Al contrario de lo que declaró el Secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles (de quien no le vimos declaración alguna cuando el anterior grupo gobernante modificó la ley para cambiar a ¡13 magistrados y nombrar a un buen número de abogados sin los merecimientos legales para acceder a esas posiciones!, con la plena aprobación del grupo parlamentario del PAN) hay, en la sociedad chihuahuense, voces –entre las que se encuentra el escribiente– que ahora criticamos esta medida, como en el pasado nos opusimos a la realizada por el grupo de César Duarte.



Lo hicimos porque se violaba el principio de la división de poderes, porque un grupo político, sólo porque obtiene una mayoría relativa y construye una calificada –es decir, porque puede– quita o pone al presidente del Poder Judicial, destituye magistrados y coloca a incondicionales en su lugar y porque, pensamos, lo que debe privar es el más estricto respeto al marco legal.



Y porque la transformación democrática debe hacerse con la construcción de instituciones estables, sólidas, que resistan el embate de los resultados electorales y porque deberá impulsar la existencia de una sociedad que, con tal de acabar con un régimen de oprobio, apruebe medidas que se le pueden revertir en cualquier cambio electoral.



Vamos imaginándonos dos escenarios, a cual más de hipotéticos e inconvenientes: Escenario 1: Imagínense –así sea por un momento– que una fuerza política distinta a la hegemónica de hoy gana la mayoría en el Congreso en las elecciones del 2018 y decide cambiar la ley orgánica del Poder Judicial. Luego, por medio de un artículo transitorio de esa reforma cambian al presidente del TSJ.



¡¡Ah, no!! ¡¡Cómo lo van a hacer!!



¿Lo aprobarían, como ahora lo aprueban hasta prestigiados y queridos amigos jurisconsultos?



¿Esa reforma estará mal, sólo porque restituiría a los “malos” en el poder?



¿Y la de ahora está bien, sólo porque llegan los “buenos” a sanear el Poder Judicial de Chihuahua?



Escenario 2: Soñemos que una fuerza política distinta gana la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión y que a las dos semanas, por medio de un artículo transitorio de una reforma al Poder Judicial de la Federación, sin que se hiciera una reforma constitucional, quitan al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



En ambos escenarios el factor común es que por medio de una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, cualquier día de éstos, si se construye una nueva mayoría parlamentaria, se podría quitar, cada que eso ocurriera, al titular de ese poder, sólo porque es de los “malos”, o de los “buenos”, según sea el caso.



Ahora bien, la reforma aprobada contiene una serie de nuevas medidas que probablemente mejorarán los mecanismos de designación de los jueces y magistrados, así como el del presidente del TSJ, aspecto que era urgente modificar pues la mayoría de los magistrados -afines y miembros del anterior grupo gobernante- se proponían dar un albazo en el nombramiento de 74 nuevos jueces, cosa que quedó marginada en la discusión por la trascendencia de la remoción del anterior presidente magistrado.



El mismo ahora presidente del TSJ, Julio César Jiménez Castro, lo declaró de esa forma: “La intención fundamental era la de suspender el nombramiento de 70 jueces, esa es la finalidad fundamental del decreto, no tanto que el magistrado (Gabriel) Sepúlveda pudiera dejar la presidencia”.



(Conferencia de prensa, 11/XI/16).



¿Y entonces, porqué no cambiaron solamente lo referente a los procesos de designación y apurar, con otros mecanismos, hasta el juicio político, el cambio del presidente del TSJ sin que se tuviese que cambiar la ley con ese solo objetivo?



Argumentos podrían tener muchos a la mano, entre ellos el de la inelegibilidad del propio Sepúlveda para acceder, primero, al cargo de Secretario General del entonces Supremo Tribunal de Justicia, pues cuando lo designaron aún no transcurría un año de haber dejado de ser diputado, requisito establecido por la Constitución para acceder a ese cargo, desde el cual ascendió al de magistrado, como fruto de la anterior reforma de la ley del Poder Judicial, la que mereció justas críticas de no pocas voces.



Así lo dijimos en su momento: “... este proceso (la designación de los magistrados) es ya el emblemático de la actual Legislatura. Ratificó, en dimensiones poco vistas, la plena subordinación al titular del Poder Ejecutivo en una nueva modalidad: Ahora vino signada por todos los partidos políticos...



Lo realizado por el Congreso del Estado es de una extrema gravedad. Le permitieron a un muy elevado número de personajes cercanos al titular del Poder Ejecutivo arribar al Poder Judicial.



Podrán argüir lo que deseen, el hecho es que en esa tesitura se encuentran los ahora magistrados César Ramírez, extitular del Registro Civil; Jorge Ramírez, encargado de la implementación (sic) del nuevo sistema de justicia penal y otrora perdedor candidato a la alcaldía de Cuauhtémoc; Gabriel Sepúlveda, ex aspirante a la alcaldía de Parral, exdiputado local; el ex delegado de Profeco, Filiberto Terrazas y Alfredo Fierro Beltrán, de la Barra de Abogados, ‘con estrechos círculos en Palacio y la UACh’ (De los reporteros, El Diario de Juárez, 15/XI/14), por aquello de ser el esposo de la directora de la Facultad de Contaduría, Liliana Álvarez, ex secretaria de la Contraloría del Gobierno de Chihuahua...



Por su parte, y seguramente por la previsible molestia que generaría al interior del Poder Judicial una conducta distinta, 6 de los elegidos provienen del ‘interior’, con mayor o menor aprobación de la comunidad jurídica...”.



Y, además “... la designación de dos militantes de este partido (PAN), Rafael Quintana y Luis Villegas, quienes, al igual que sus ahora colegas emanados directamente de las filas del PRI, no tienen antecedentes de los establecidos por la Constitución General de la República para acceder a esos cargos, en lo que es a todas luces la cuota cobrada por el PAN para la aprobación de semejante lista...”. (“¿Oxigenación al Supremo?”, LJVF, El Diario, 16/XI/14) Y como todo cambia, para que nada cambie, ahora son las diputadas del PRI las que arguyen las violaciones constitucionales, a las que, en estricto sentido jurídico, no les falta razón, entre las que mencionan “al principio de división de poderes; al régimen de facultades expresas; al principio de retroactividad; al principio de Igualdad y al proceso legislativo”, además de que Gabriel Sepúlveda buscará ampararse el día de mañana en contra de su destitución, pero que en realidad es el Pleno de los Magistrados el que ha sido violentado con la reforma aprobada el jueves, pues la elección del Presidente del TSJ es una atribución exclusiva de ese organismo.



Ahora bien, hay una buena cantidad de argumentos para criticar y quizá hasta enjuiciar a Sepúlveda, expresados hasta por el Secretario de Gobierno, César Jáuregui, tales como el “chambismo y crecimiento desmedido de la nómina”, lo que ha llevado a que “la calidad de la justicia ha dejado mucho qué desear”. (Comunicado de prensa, 11/XI/16).



Expresiones semejantes a las de la presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Laura Marín Franco, quien afirmó que la reforma se aprobó “en el marco de sus facultades y en respuesta a una petición ciudadana de terminar con la impunidad”, (Nota de Alberto Aguinaga Cruz, ahoramismo, 11/XI/16) lo que obliga, entonces, al nuevo grupo gobernante, no sólo a la aprobación de la reforma, sino a la presentación de los cargos necesarios a fin de terminar con dicho fenómeno, también en este ámbito.



¿Porqué no optaron, mejor, por esta vía, que no les ofrecía los riesgos y críticas que ahora enfrentan, que puede derivar, si los opositores deciden ir hasta la SCJN, en la declaratoria de inconstitucionalidad de la medida aprobada el jueves?



Y, además, que hubiesen recibido el pleno respaldo ciudadano a esa acción.



Insistimos, las acusaciones en contra de los integrantes del antiguo grupo gobernante deberán estar plenamente apegadas a la ley, para que no puedan ser impugnadas, ni desechadas.



Las vísperas no anuncian cosas buenas.



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