… déjeme le cuento que sigue estando en riesgo nuestra libertad porque antes del 30 de abril el Congreso quiere aprobar la Ley de Seguridad Interior.



“En un país con altísimas tasas de impunidad, no será el involucramiento de las fuerzas militares en tareas propias de las autoridades civiles lo que desincentivará al crimen, sino la certeza de su persecución y castigo penal”.

Jan Jatab, Representante OACNUDH-México, enero 2017





¿Si recuerda que en este momento existe una operación conjunta desde todos los espacios legislativos en complicidad con el ejecutivo federal para militarizar el país? Si no tenía antecedente le cuento que el senador Roberto Gil y los diputados César Camacho y Martha Tamayo impulsaron una iniciativa de ley con este objeto, a la cual se le suma la que el pasado 10 de enero el senador Luis Miguel Barbosa presentó con el mismo propósito.

En la más reciente actualización le cuento que ciudadanía organizada, específicamente en el colectivo #SeguridadSinGuerra logró frenar la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Reglamentaria del Artículo 29° que es la que de modo directo, regula la suspensión de derechos y garantías constitucionales. La propuesta versaba en ampliar tanto el margen de operación que hacía prácticamente imposible, al menos en lo inmediato, implementar controles que regulen las condiciones de aplicación de dicha ley.

Dentro de los objetivos que en su conjunto persiguen dichas iniciativas están:

Legalizar la intervención de militares en tareas que corresponden a autoridades civiles,

crear un marco de operación militar sin rendición de cuentas o transparencia,

empoderar al presidente y las fuerzas armadas, y

debilitar los contrapesos legislativos y judiciales para vigilar y controlar la ejecución de dichas tareas.

En lo concreto, a lo que se traduciría la ley de seguridad es:

Se habilitaría el espionaje para que el gobierno pueda obtener información privada de cualquier manera,

acercaría al país a un estado militarizado,

el gobierno podría utilizar la fuerza –incluso letal- para sofocar la protesta pacífica,

el ejército podría establecer bases de operación y realizar patrullajes libremente en cualquier sitio del país,

el presidente podría de motu proprio activar la ley de seguridad interior dándole facultades absolutas para militarizar al país,

permitiría un régimen de excepción en que se violen los derechos como el de libre tránsito.

En vez de ampliar el marco jurídico para que las fuerzas armadas operen a placer, podemos centrar el debate en la discusión en el retiro programado de las Fuerzas Armadas y del fortalecimiento de las policías civiles; precisamente ese es el paso que el legislativo se está saltando antes de seguir impulsando una iniciativa de ley tan impopular como la presente y es que a riesgo de sonar reiterativa, pareciera que en el país no tenemos 10 años en guerra como para que las y los legisladores presenten dicha propuesta como la panacea en materia de seguridad.

Hay una pila enorme de casos documentados a considerar antes de seguir adelante para mirar con detenimiento:

Desde que comenzó la guerra contra el narco declarada por Calderón, el número de asesinatos dolosos aumentó en 122% en solo 4 años. Pasamos de 10,253 muertes anuales en 2007 a 22,852 en 2011. Actualmente van más de 213 mil homicidios dolosos según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 2017 (RNAPED).

Existe un alarmante aumento de desapariciones: más de 30,942 personas se encuentran desaparecidas sin contar con las personas que se encuentran atravesando en país migrando. Entre enero de 2007 y marzo de 2013, se registraron más de 1,800 muertes violentas de menores de edad en hechos vinculados en la guerra contra las drogas –se comenzó a configurar el juvenicidio como fenómeno social- según la cifra ofrecida por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En datos ofrecidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2000 y 2006 se registraron 1 millón 135,000 quejas contra las fuerzas armadas por violaciones a los derechos humanos y 11 recomendaciones al gobierno mexicano. De 2006 a 2016 la CNDH ha registrado 10,751 quejas y emitido 146 recomendaciones en contra de las fuerzas armadas. Algo así como 1,075 quejas y 14 recomendaciones en promedio al año.

Entre de letalidad, el ejército mexicano tiene el mayor del mundo: mata a 8 personas más de las que son el objetivo real. Entre 2008 y 2014, el índice de letalidad (número de civiles muertos por cada civil heridos en enfrentamientos con fuerzas federales) del Ejército y de la Marina fue de 10.4 y 16.8 respectivamente según los datos que aporta el Centro de investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Más de 287 mil personas han sido desplazadas por la violencia de sus comunidades sin que puedan regresar a pesar de la fuerte presencia militar en sus entidades de origen. (Fuente: Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos).

Existen más de 1,273 denuncias por tortura a manos de militares entre 2006 y 20014, según la PGR (imagine la cifra real).

En estos 10 años en guerra medios de comunicación y sociedad de manera conjunta nos hemos construido una narrativa sobre una estrategia de seguridad sin sustento que en ocasiones se ha llegado a justificar y en este momento, nos inquiera pensar que sería de nosotros y de la seguridad si el ejército sale de las calles. Sin embargo, no nos planteamos hablar de fortalecimiento institucional, rendición de cuentas o bien, a modo de supervivencia crearnos nuevas formas de resistencia.

¿Qué hacer? Una de las formas inmediatas para manifestarnos en contra de la militarización en el país es firmar la petición que se distribuirá a nuestros 500 legisladores para tratar de incidir en el sentido de la votación, esta se encuentra en la dirección www.seguridadsinguerra.org donde además encontrara más información documental, testimonios y las iniciativas con sus respectivos análisis.

El tiempo se agota.



marielacastroflores.blogspot.mx

@MarieLouSalomé