Chihuahua, Chih.

Tienen razón, tanto los simpatizantes de la reforma judicial, como los opositores, en que contiene aspectos considerados como positivos, pero hay uno, además de inaceptable, muy negativo: La elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte.

Y es uno de los más destacados miembros del morenismo, hombre de las más estrechas cercanías del presidente López Obrador, Bernardo Batiz, miembro del Consejo de la Judicatura, quien expone los más sustentados argumentos que servirán para oponerse a ella.

Bátiz consideró que no es fácil la elección de jueces y magistrados «debido al número de cargos a elegir, que en este caso es de mil 674 impartidores de justicia federales». (Nota de Abel Barajas, Reforma, 20/6/24).

Además, frente a la argumentación de los morenistas, quienes alegan que los magistrados no tienen legitimidad porque no derivan de una decisión popular, Bátiz asentó: «Un juez, cuando dictó una sentencia, está ejerciendo la representación del pueblo mexicano y por tanto la soberanía nacional. Nuestra constitución establece que la soberanía radica en el pueblo... Pero el pueblo es muy grande y muy variado y muy disperso y no puede juntarse como lo hacían en Atenas, en la plaza pública, a deliberar y tomar decisiones». (Ibídem).

Por añadidura, a los funcionarios judiciales se les exige un perfil profesional, a diferencia de los integrantes de los otros Poderes de la Unión, «… es un Poder que exige una capacitación especial, un título profesional y, junto al título o además del título, más bien, una carrera para ir ascendiendo, subiendo y acercándose a los niveles más altos del Poder Judicial». (Ibídem).

A diferencia de los otros poderes, dijo, «… basta que los ciudadanos votemos por ellos y ya, no les exigimos nada (a los legisladores y el presidente), claro, les exigimos mucho, capacidad honradez, patriotismo, pero no una calidad profesional». (Ibídem).

Sin embargo, la discusión se ha centrado en los juzgadores del orden federal, porque ese es el énfasis de la reforma, pero ahí no se encuentra el grueso de los problemas que tenemos en la procuración y aplicación de la justicia. Estos los constituyen los del orden estatal, que atiende más de 80 por ciento de los expedientes.

Para abatir los niveles de impunidad existentes, no basta la elección popular de los jueces federales; es más, probablemente ni siquiera incida y lo más probable es que la acentuará. 

No, el mayor problema que tenemos se ubica en los ámbitos municipal y estatal.

Un aspecto esencial, no sólo de la reforma, sino incluso sin ella, es el del número de jueces necesarios que hagan posible hacer expedita la justicia. México tiene 3.2 jueces federales por cada 100 mil habitantes y los estándares internacionales marcan que deberíamos tener alrededor de 26, número con el que cuenta Costa Rica, por ejemplo, para no acudir a la comparación con los países de las democracias desarrolladas.

Según el Consejo de Europa, el promedio de jueces en sus Estados miembros es de aproximadamente 21 jueces por cada 100 mil habitantes (100 mh.)… (Datos tomados de ChatGPT).

Igual ocurre con los fiscales. En México rondamos los 2.6 por cada 100 mh. En muchos países europeos, el número suele oscilar entre 5 a 20 fiscales por cada 100 mil habitantes y la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) indica que la media de fiscales en Europa es de alrededor de 11 fiscales por cada 100 mil habitantes.

Solo como referencia, tómese los de algunos países de América Latina. En Brasil hay aproximadamente 8 jueces y 5 fiscales por cada 100,000 habitantes; Argentina 7 jueces y 4 fiscales.

Por otra parte, el número de jueces locales ronda los 3 por cada 100 mil h. En Chihuahua existen 281 y 24 Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, lo que nos ubica en el índice de 7.39 jueces por cada 100 mh., pero todavía por debajo de los índices internacionales.

O el Estado Mexicano incrementa notoriamente los presupuestos del Poder Judicial y las fiscalías, para elevar el número de sus integrantes, mejorar su capacidad y elevar sensiblemente los salarios, a tal nivel que compitan, por ejemplo, con los devengados por los catedráticos más calificados de las universidades públicas, o seguiremos quejándonos de los niveles de impunidad existentes, entre otros factores.

Porque estamos frente a un círculo vicioso: Necesitamos más jueces y fiscales porque tenemos muchos litigios per cápita y si no se aumentan,   no se mejorará la eficiencia del Sistema Judicial, el que podría requerir menos de ellos si fuese eficiente, lo que podría ocurrir si hubiese los recursos financieros y humanos necesarios, que podría mejorar si acrecentamos la eficiencia del modelo acusatorio que ya poseemos.

No solo choca el ánimo que presidió la designación a los integrantes del gabinete de Claudia con el meollo de la reforma judicial, sino también la beligerante actitud del presidente que despotrica contra cualquiera que expone su opinión crítica a la reforma. Lo mismo hace con los investigadores de la UNAM, que contra la dirección de la DEA.

«Ayer, antier, estaba yo leyendo que salen los de la UNAM, claro, con línea seguramente de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo”, señaló el presidente. “Pues ya ni vi nada, son predecibles, pero les diría, ¿qué se tienen que meter?”, cuestionó». (Nota de la redacción, El Universal, 20/6/24).

Es muy caro sostener el actual Poder Judicial, cuando en los hechos la justicia que se imparte aún es injusta, escribe Hugo González, presidente del Consejo Estatal de Morena-Chihuahua, y para ilustrarlo pone de ejemplo la disminución de ministros, de 11 a 9 integrantes. 

¿A quién se le ocurrió que esa disminución influirá en el presupuesto del Poder Judicial de la Federación? ¿Quién puede creerlo, de veras?

La reforma propone la reducción del período del encargo de los ministros, de 15 a 12 años ¿Y porqué no a 9, o a 3?. Quieren eliminar las salas de la SCJN y que todos los asuntos los resuelva el Pleno.

El año pasado la Suprema Corte resolvió más de 3 mil asuntos, mientras que los diferentes tribunales, colegiados de apelación y juzgados de distrito resolvieron cerca de un millón y medio.

Está en el aire la aprobación de tan regresiva reforma.

En tanto, la candidata presentó su primer paquete de integrantes del gabinete, cinco secretarios y la Consejera Jurídica, cargo, éste último, que recaerá en Ernestina Godoy, la ex fiscal de la CdMx.

Y sí hay diferencias, a pesar de que 3 (Ebrard, De la Fuente y Alicia Bárcena) provienen del gabinete ampliado de López Obrador, llama la atención que la mayoría provenga, como Claudia, ya sea de las aulas o de haber ocupado cargos directivos en la UNAM, lo que choca con el constante ataque presidencial a esta institución.

Ese es el caso de Juan Ramón de la Fuente, rector; Rosaura Ruiz, Directora de la Facultad de Ciencias y Alicia Bárcena, egresada de la facultad y titulada en la maestría de Ecología de la UNAM.

Además, es de resaltar que 4 de ellos hayan ocupado algunos de los cargos más destacados en la estructura y organismos de la ONU.

Alicia Bárcena como Secretaria de Medio Ambiente, fue Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de la ONU, durante 14 años (2008-2022), además de subsecretaria de ecología en el gobierno de Miguel de la Madrid y Directora de Pesca con Salinas de Gortari. 

Se desempeñó como jefa de gabinete adjunta y luego Jefa de Gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan en 2006. En 2007 fue Subsecretaria de Administración de la ONU.

Credenciales semejantes poseen, tanto Rosaura Ruiz, titular de la nueva Secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, quien fue, además de Directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la primera presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias; como Julio Berdegué nuevo titular de la Secretaría de Agricultura, quien se ha desempeñado en los más altos cargos de los organismos internacionales especializados en el desarrollo rural pues fue Representante Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Del mismo modo, Juan Ramón de la Fuente, posee un notable currículum en el que destaca su paso por la rectoría de la UNAM, además de haberse desempeñado como integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad de Naciones Unidas y del Consejo de la Organización de las  Naciones Unidas.

El tono y credenciales de los nombrados no congenian con el espíritu que animó la elaboración de la reforma judicial, por lo menos en lo relacionado con los mecanismos de designación de los jueces.

Veremos.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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