Chihuahua, Chih.

El pasado 20 del presente mes el Diario de Chihuahua publicó un artículo llamado de “De ser niñas a ser madres”, de la reportera Alejandra Sánchez, en el que, por desgracia, recoge y publica de manera tergiversada declaraciones obtenidas de mi persona en entrevista. 

En tiempos en que la ultraderecha que gobierna nuestro estado bajo un manto de simulación utiliza como estrategia perversa la cooptación de elementos y recursos discursivos progresistas para hacer menos cuestionable el propio por ser profundamente violento y violatorio de derechos humanos, es pertinente aclarar ciertas cuestiones puesto que la redacción de la publicación pareciera hecha por una persona antiderechos que desconoce la temática.

Si bien el trabajo periodístico tiene buena intención y viene a ampliar colaboraciones previas, ahora ofrece nuevos elementos para el análisis ya que arroja cifras preocupantes sobre el número de niñas que se han convertido en madres en la entidad. 

Obtenidos de la Secretaría de Salud vía la plataforma de transparencia, declara que “en el año 2022 a nivel estatal se registraron 8 mil 113 nacimientos vivos, cuyas madres fueron niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años y que de esos alumbramientos, 334 fueron de niñas de 10 a 14 años, mientras que en adolescentes de 15 a 19 años, fueron 7 mil 779 casos”. 

Las cifras son alarmantes y merecen un debate serio sobre el contexto de regionalización causal que genera que la cifra lejos de descender, se incremente.

En esto, es fundamental dejar saber que si bien las cifras están asociadas a violencia de género, contextos de precarización, elementos de socialización tradicionalmente conservadores en entornos familiares y escolares, violencia exacerbada, entre otros, no puede dejarse de lado el talante ultraconservador del actual gobierno y esta misma expresión inserta en el anterior período corralista que, de modo sensible, impactó seriamente en las cifras referidas por colocar a titulares en las secretarías de salud y educación (ésta, al menos al principio de su administración) que,  a pesar de la existencia de diversos ordenamientos e instrumentos jurídicos en la legislación vigente para favorecer la construcción de autonomía para las infancias y las adolescencias, se negaron a aplicarlos o a generar obstáculos para que así fuera.

No es cosa menor, las pasadas autoridades y especialmente las actuales se han opuesto consistentemente a trabajar de modo articulado y eficiente con la Federación para garantizar la salud sexual y reproductiva del sector de población de 10 a 19 años, a pesar que hay política pública probada construida con evidencia y estadística de elementos cualitativos y cuantitativos, de resultados recogidos por décadas por organismos y personas expertas especializadas, nacionales e internacionales, y condensados en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), que además en su configuración posee perspectiva de género, infancias, adolescencias, juventudes, enfoque de derechos humanos, interseccionalidad y pertenencia cultural. 

A pesar de ello, las autoridades locales respaldadas por personas que hacen activismos religiosos o laicos ultraconservadores, consideran que pueden encontrar el hilo negro en el tema, cuando incluso sus conceptos e ideas han sido ampliamente superadas.

Y si, han sido superadas al demostrar que la capacidad de agencia de estos grupos etarios existe, que son sujetos de derechos y que a través de la autonomía progresiva pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin tutela de alguien más.

Porque también son derechos humanos y es obligación del Estado mexicano protegerlos para que en su ejercicio no haya violencia. 

Así, se debe, por ejemplo, respetar y proteger la decisión de una adolescente que decide llevar a término un embarazo, si es una decisión autónoma, no ejercida ni obligada por terceros, así sean sus padres o motivada por la presión social. 

También, se le debe prever un aborto seguro si su decisión e interrumpirlo con todas las garantías que el Estado pueda proveer, entre ellas, no solo el cuidado de su salud integral, también la protección de su intimidad y privacidad.

Cabe mencionar que entre mis afirmaciones se encuentra reiterar lo que ya se sabe y es comprobado y pareciera sí recoge un amplio consenso social: todo embarazo infantil es producto de violencia sexual, porque en la infancia no hay posibilidades de consentir un embarazo; en la adolescencia en algunos casos sí, porque es un derecho reproductivo y para las adolescentes que se encuentran embarazadas o ya maternando existe la Ruta NAME (Niñas, Adolescentes, Maternando o Embarazadas).

La que es una política de restitución de derechos para que puedan seguir cumpliendo su proyecto de vida sin que se vean mermadas sus posibilidades de desarrollo; es pertinente señalar que el actual gobierno, desde sus diversas secretarías que deberían verse involucradas, se han negado sistemáticamente a permitir el debido desarrollo de la presente y solo la han aceptado en el discurso sin que promuevan acciones contundentes para su implementación.

Así se define que el conjunto de omisiones de la actual administración, que viene a acendrar las previas sí han tenido un impacto contundente en el alza de las cifras para favorecer el incremento de estas tasas en vez de fortalecer esfuerzos para generar precisamente el efecto contrario como lo establece la ENAPEA y lograr no solo reducirlas, también conjuntar esfuerzos para erradicar el embarazo infantil. 

En esto, las Secretaría de Educación y de Salud tienen un propósito nodal definido por sus homólogos federales cargadas además con una sustancial bolsa presupuestal, que no obvio decirlo, por perversidad del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que siguiendo instrucción de la gobernadora y la ineptitud de su anterior directora Blackaller, fondos nada despreciables como el FOBAM (Fondo de Bienestar y Avance para las Mujeres) fueron tirados a la basura en la simulación.

Así que cuando hablamos desde el enojo y la indignación que las cifras provocan, no dejemos de lado considerar la enorme responsabilidad del estado en todo esto, porque es el directamente responsable de garantizar derechos  y a pesar de que cuenta con bastantes recursos presupuestales para hacerlo y una estrategia nacional ampliamente probada científicamente por diversas disciplinas de la teoría social y la práctica que resuelve la problemática no solo en la teoría, sino en las poblaciones a las que se desea impactar, la gobernadora y todos los municipios de su misma extracción partidista y que están bajo su control se encuentran empeñados en negar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y con ello, abatir problemáticas sociales para las que tienen el remedio, la receta y el trapito.

Las niñas deberían estar jugando, aprendiendo, desarrollándose en entornos seguros y no siendo madres. El estado, el gobierno y la sociedad les está fallando en ello.

Construyamos un futuro y mundo mejor para ellas y si el actual gobierno se sigue oponiendo, sigamos trabajando y denunciando.

@marielousalomé