Chihuahua, Chih.

De veras, ya no hay nada que hacer luego de dos de las declaraciones del presidente más recientes, ambas en materia de seguridad pública y el combate al crimen organizado.

Por supuesto que las dos deben confrontarse, y se confrontan, con la realidad imperante.

Luego de años de sostener la inexistencia de zonas o regiones controladas por el crimen organizado, víctima de su incontrolada e impreparada alocución matinal, el presidente se ufanó -eso pretendía, dada su inveterada manía de colocar todos los acontecimientos a la luz de la aceptación popular de su gobierno, en vías de la siguiente elección presidencial- de que a nosotros “nos respetan los narcos en retenes”. (Nota de Claudia Guerrero y Antonio Baranda, Reforma, 30/5/23).

En lo que fue una inusitada aceptación, explícita, al relatar, presumiendo, que “los Servidores (de la Nación, los trabajadores de la Secretaría del Bienestar) que trabajan en la ejecución de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar han llegado a ser retenidos en comunidades por esos bloqueos, pero que son respetados al ser identificados como parte del Gobierno federal”. (Ibídem).

“Hay casos en donde detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia, pero como usan un chaleco ya los identifican y los respetan”. (Ibídem).

El presidente no abundó en más detalles, incluido el hecho de no informar si las corporaciones de seguridad emprendieron alguna acción encaminada, porque, finalmente, si bien es un problema -de todo tipo- que los trabajadores federales pudieran ser molestados por los criminales, lo es mayor para la población de esa zona, para la que se advierte, a juzgar por los hechos, el gobierno no ha sido capaz de emprender acción alguna, derivada de una adecuada estrategia que nos llevara a una real disminución de la incidencia delictiva.

Y si el mandatario se ufana de que a “sus” trabajadores no los molestan, quiere decir que no tenemos defensa alguna como sociedad.

Los hechos siempre regresan por sus fueros. 

Hace un año, el 30 de mayo, el presidente visitó Guadalupe y Calvo, centro permanente de disputas de las bandas del crimen organizado, al igual que amplias zonas de La Tarahumara. 

Pues bien, en medio de la visita presidencial, grupos de periodistas que enviados por sus empresas dan cuenta de la actividad presidencial fueron detenidos a menos de 20 kilómetros de la cabecera municipal, lugar en donde se desarrollaba la reunión con el presidente y la gobernadora.

Fueron detenidos por un retén de criminales. Cuestionado, después, sobre ese incidente, que forma parte de la cotidianidad serrana, negó esa influencia, así como ha negado reiteradamente la presentación de masacres.

La ineficacia de los agrupamientos encargados de la seguridad pública en el país en el presente sexenio es proverbial, a grado tal que ahora hasta las familiares de los desaparecidos (as) le han planteado un pacto a las bandas criminales ¡Al que ve con buenos ojos el presidente, sin parar mientes en que la desesperación de las mamás (fundamentalmente) las ha llevado a mostrar cruelmente la magnitud del fracaso del gobierno de la 4T en esta materia!

Al grado de pedirle a los narcotraficantes un pacto ¡Inconcebible!

Por todos lados brotan los datos de la ineficacia gubernamental, si nos guiemos por lo realizado por la Guardia Nacional. 

Mientras la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el presidente, presumen que las tendencias van a la baja en varios índices delictivos, según los datos del INEGI (dirigido por un hombre designado directamente por el presidente López Obrador) muestra un acelerado declive del número de detenciones efectuadas por ese agrupamiento (en 2022 efectuó 3 mil 7) lo que representó una salvaje disminución de ¡63.5% respecto del año inmediato anterior, 2021 (8 mil 258)!

Esas cifras son demostrativas de la ineficiencia de la Guardia Nacional, cuando se trataba que, por lo menos, actuase como una corporación que coadyuvase eficazmente a las policías locales en el combate a los criminales.

A lo mejor tenía razón el presidente López Obrador en enviar a 5 mil elementos de la GN a vigilar que no se incendiasen las llantas del Metro.

Envió a esa tarea a más guardias que a Chihuahua, entidad que no baja de los primeros seis lugares en homicidios cometidos en su sexenio, y quintuplicó el número de guardias en Juárez, vamos, ni siquiera con la búsqueda del Chueco en La Tarahumara se trajeron muchos más guardias para hacer de la sierra una zona mucho más segura que hoy.

Probablemente ahí se concretó un acuerdo no buscado (o a lo mejor sí), pues fueron los mismos criminales los que lo encontraron y lo ejecutaron por haber “calentado” la región.

¡Qué cosas!

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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