Chihuahua, Chih.

La semana pasada el presidente habló —nuevamente— sobre el consumo de sustancias ilícitas y anunció su propósito de concluir su gobierno con una iniciativa que criminalice a quienes consuman sustancias químicas. 

“Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo, así, directo… nosotros tenemos que seguir combatiendo tráfico de químicos, precursores de fentanilo ... e inhibir, evitar el consumo … sí se va a prohibir. Sí y con severidad… sí, puede haber ese riesgo [de criminalizar], pero es peor el riesgo a que se fomente el consumo de una droga que destruye, y no sólo eso … produce mucha violencia”, dijo López Obrador.

A estas alturas no sorprende una iniciativa tan inútil o conservadora. 

Si algo ha caracterizado al gobierno actual es su disposición punitivista, prohibicionista y paternalista. No es la primera vez que, sin evidencia alguna, AMLO acusa a las personas que usan drogas de ser responsables de la violencia o busca hacer uso del sistema penal para atender problemas sociales. 

Sorprende, en cambio, que quién tanto criticó a Felipe Calderón por la guerra contra las drogas —lanzada contra la ciudadanía— quiera llevar el prohibicionismo aún más lejos. Enoja, además, porque tras años de experiencia sabemos que está guerra afecta sobre todo a las personas con menos recursos.

Estudio tras estudio muestran que criminalizar el uso de sustancias no reduce el consumo. 

En Estados Unidos, la criminalización del uso de drogas llevó al encarcelamiento masivo de jóvenes afroamericanos e hispanos. 

La evidencia es clara: la prohibición lleva a la cárcel primero a los pobres. Gracias a esta política, este sector ha vivido en constante conflicto con la autoridad y sujeto al acoso de policías. 

Para el Estado, además, la prohibición ha implicado costos absurdos: cárceles, cortes de drogas, policías, corrupción. Se trata de una política elitista que ha profundizado la desigualdad y el despilfarro de recursos públicos. Los resultados en términos de inhibir el consumo ahí están, señalados bastante seguido por López Obrador.

La evidencia sobre lo que años de prohibición han dejado, sin embargo, no son relevantes para el presidente. 

En su conferencia, continuó justificando su pernicioso plan: “Cuando el Estado no cumple con su responsabilidad social podría ser, de que se haga el cuestionamiento, que no hay que criminalizar el combate a las drogas, pero si se está atendiendo las causas, si se están dando oportunidades de estudio y de trabajo, ¿por qué permitir que los jóvenes sean objeto de la drogadicción y de la delincuencia?”. 

Bajo su visión, el uso de sustancias siempre es un defecto moral y solo se justifica si el Estado falla. Si hay beca o trabajo, la decisión de consumir debe ser castigada “con severidad”. 

La transformación moral impuesta con violencia por el Estado.

La propuesta de AMLO es un reconocimiento de su fracaso. 

A pesar de proponerse un cambio en la política de drogas, este sexenio no logró más que un refrito del régimen prohibicionista que llevamos años padeciendo. Además, la idea de castigar consumidores surge por presión de Estados Unidos. 

Frente a la incapacidad de controlar la producción y trasiego de drogas, hay que aparentar hacer algo y qué más fácil que encarcelar a jóvenes usuarios. 

Y no olvidemos que este gobierno ha dejado la mayor parte de funciones de seguridad en manos de militares. Es decir, López Obrador propone terminar su sexenio haciendo que los militares (principalmente jóvenes) persigan a otros jóvenes por usar drogas. 

Ni Calderón se atrevió tanto.

*Doctora por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. @cataperezcorrea

**Publicado en El Universal, 30/01/2024