Chihuahua, Chih.

- La comisión de actos, presumiblemente ilegales en contra de la normatividad electoral, crece inexorablemente
- Quienes lo hacen tienen la máxima responsabilidad ciudadana, tanto en el ámbito local, como en el nacional
- Hay, además, un rechazo oficial a las opciones ciudadanas, ajenas a los partidos políticos.
- En ello se inscribe el rechazo del IEE a la candidatura independiente de Jaime García Chávez
- En tanto, el gobernador Corral, inmerso en la contienda electoral, sin dinero, intenta ahogar aun más al estado en deudas.
- El entorno en el cual se desarrollan los primeros eventos de la campaña electoral es notablemente adverso a su sano desenlace.

La participación del gobernador Javier Corral para influir en la designación de los candidatos al gobierno de Chihuahua en su propio partido y en Morena es más que evidente; y las continuas expresiones del presidente López Obrador, denostando a los partidos que resolvieron efectuar una alianza electoral parcial -PRI, PAN y PRD-, con el fin de evitar el triunfo de Morena en la Cámara de Diputados, es claramente ilegal.

¡Ya cállate, chachalaca! Le lanzó el entonces candidato del PRD a la presidencia, López Obrador, al presidente Vicente Fox, porque este insistía, una y otra vez, en vituperar al abanderado del partido del sol azteca.

Hoy, los papeles se han cambiado y el ahora presidente exige -aunque la ley no se lo permite- alegando tener derecho de réplica, defender a su gobierno y su proyecto de nación en lo que es, claramente, un debate que le corresponde a los partidos políticos, incluido, por supuesto, a Morena.

Que puede estar mal la restricción al presidente, que en las democracias modernas todos los mandatarios debaten y participan en las campañas electorales; bueno, el presidente norteamericano hasta usa el avión presidencial para trasladarse a los mitines de campaña de su partido y/o de su reelección; pues sí, pero el marco normativo existente dice que el presidente -y los funcionarios en general- no pueden participar en los procesos electorales en horarios de trabajo.

Está obligado.

Hay, además, un hecho por demás importante: La increíble inequidad en la distribución de recursos presupuestales entre estados y federación, de lo que resulta que el presidente, a pesar de todos los recortes a sus facultades y atribuciones realizados a lo largo de las dos últimas décadas, ejerce, en las entidades, más recursos que los asignados por la Cámara de Diputados a las entidades federativas para que éstos los ejerzan de acuerdo a sus propios presupuestos aprobados en los congresos locales.

Son claramente diferentes las injerencias de Corral y López Obrador. 

En el caso del tabasqueño no han llegado al grado de interferir en los procesos de los partidos, ni se han detectado hechos presumiblemente delictuosos en el ejercicio de recursos para favorecer a los candidatos de Morena; hay, hasta ahora, solamente, las continuas declaraciones del mandatario en las conferencias mañaneras.

Pero lo realizado por el paseño convertido en gobernante del “amanecer” chihuahuense va más allá de las simples declaraciones.

Al señalar públicamente a dos aspirantes al gobierno de ser supuestos beneficiarios de la “nómina secreta” y no haber actuado legalmente, a pesar de tener un supuesto conocimiento de ello desde más de 3 años y medio atrás, está en el limbo de la comisión de un delito -por omisión-, por lo que su conducta le imprimió a las acusaciones un inocultable tufo político-electoral, en aras de evitar que Maru Campos y Cruz Pérez Cuéllar se conviertan en candidatos de sus partidos.

Ahora, las denuncias están “contaminadas” por ello y las acciones legales emprendidas por los señalados impedirán (el proceso de desafuero en contra del senador Pérez -que seguramente no procederá-; y el amparo tramitado por la alcaldesa Campos), por ahora, que el Poder Judicial desentrañe la justeza o la falsedad de los hechos imputados, cosa que Corral le ha negado a la sociedad chihuahuense.

A tan desalentadores acontecimientos vino a sumarse la sorpresiva decisión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), de negarle al abogado y dirigente de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, la posibilidad de inscribirse como aspirante a la candidatura ciudadana al gobierno de Chihuahua. 

Para sustentar su decisión, García Chávez publicó que “Me considero preparado para la tarea. Conozco la entidad en toda su extensión geográfica y la magnitud de su problemática comunitaria. Siempre he estado comprometido con el pueblo raso y nunca he claudicado ante el autoritarismo y los privilegios de los mandones de Chihuahua”.

García supera los 70 años de edad, que la Constitución de Chihuahua señala como impedimento para aspirar a ser gobernador, pero el IEE, en una adecuada interpretación de la ley en su más amplia acepción, para preservar los derechos de las personas, no opuso reparo alguno en la superación de tal requisito. 

Sí lo hizo, en cambio, en el de la obtención de una cuenta bancaria, que el aspirante debería abrir a nombre de la Asociación Civil que la ley obliga a crear a los candidatos independientes, y que no pudo obtener debido a la negativa de los bancos para abrir una cuenta con esas características.

Sin embargo, García Chávez presentó sendos documentos que muestran que el trámite fue solicitado y que las instituciones bancarias, en una clara violación a la ley electoral, se negaron a otorgarlo, por lo cual las autoridades electorales debieran exigirles les sea permitido abrir la cuenta bancaria que se necesita para fiscalizar los movimientos financieros de la campaña del candidato independiente.

Para demostrar tal hecho, Jaime García presentó las respuestas de dos bancos -Santander y Banorte- que le notificaron que habían iniciado de investigación y aprobación.

Pero la negación del registro, a pesar de tales hechos, y de la enorme trascendencia que esto tiene (que los bancos se constituyan en un valladar a la legislación vigente en materia electoral), porque si se niegan a abrir una cuenta a los candidatos independientes, entonces cerrarán cualquier posibilidad de la participación de éstos en los procesos electorales y se habrá clausurado una de las vías más importantes para superar a la partidocracia, que se ha erigido en un verdadero obstáculo para la democratización de la sociedad mexicana, y en particular la chihuahuense.

Notificado oficialmente de la negación del registro, García Chávez acudirá al Tribunal Estatal Electoral para hacer valer sus derechos. 

De lograr la aprobación deberá recabar las firmas de 84 mil 209 ciudadanos, equivalentes al tres por ciento de la lista nominal, en por lo menos 45 municipios de la entidad que representen el 2% de la lista nominal en sus demarcaciones, en un plazo que oficialmente terminaría el 19 de enero.

Sorprende el inusitado silencio de los partidos políticos, de los aspirantes a candidatos en cada uno de ellos; nadie se pronunció por la desalentadora decisión del órgano electoral que, con ella, se pone atrás de los requerimientos ciudadanos.

Nadie de la clase política -esa, que exultante cuenta los días para recibir sus jugosos aguinaldos y demás arrimadijos, los que, sumados, se convierten en algo más que pequeñas fortunas- se manifestó por tan grave atentado a la democracia y, peor aún, a uno de los más importantes protagonistas ciudadanos que hicieron posible la debacle electoral del PRI en 2016, cuyos principales beneficiarios fueron Javier Corral y sus funcionarios, los mismos que, ante la tragedia pandémica que nos asola evidenciaron aún más su exagerada incompetencia que produjo una catastrófica administración.

Lo hemos sostenido permanentemente, pero ahora, justo en el fin del año, la debacle financiera que agravaron, a la heredada del gobierno de César Duarte, está mostrando lo peor de sus efectos.

Sin capacidad crediticia -o abruptamente disminuida- y sin capacidad gestora, se están enfrentando a la realidad del mundo financiero y bancario, que les niega los créditos tan ansiosamente buscados, o que los pocos otorgados lo hacen con las tasas más altas del mercado -con lo que profundizarán la crisis financiera del año 2021 y de la próxima administración- y que, por necesidad, deberán emplearse en los aguinaldos, salarios y prestaciones del fin de año de los trabajadores del gobierno de Chihuahua.

Pero es que no tiene remedio el gobernador Corral.

En medio de las protestas de maestros, personal de salud y maestros del Colegio de Bachilleres, el mandatario insiste en solicitar un nuevo préstamo de largo plazo a la banca, por mil 600 millones de pesos, a pagar en 20 años, a fin de orientarlo a la construcción de un sinfín de pequeñas obras, las que, salvo alguna excepción, ninguna es de urgente construcción y solo 300 millones de ellos estarían orientados a combatir la pandemia.

¿Para qué endeudarse a horas de la elección? ¿Y para construir obras que, en todo caso, debieran ser responsabilidad de la siguiente administración?

Solo tiene una explicación, la más ruin de todas: Para tratar de orientar el voto ciudadano en las próximas elecciones.

Y para cumplir con semejante objetivo, al “amanecido” gobernante no le importa comprometer aún más las ya muy comprometidas finanzas estatales.

Aún más, contra todas las versiones de Corral, el aspirante de Morena, y diputado federal en funciones, Juan Carlos Loera afirmó que la disminución de las partidas presupuestales para el 2021 será solo de alrededor de solo mil millones de pesos, más la inflación. Corral dice que es de 5 mil mdp.

Del mismo modo, afirma que la federación no adeuda nada a Chihuahua, incluidas las partidas del Colegio de Bachilleres, argumento esgrimido por la la directora, Teresa Ortuño, para no haber pagado el pago de aguinaldos, prestaciones y bonos del personal.

¿A quién creerle?

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