La alternancia partidista en el gobierno de la república -sin dar origen a un nuevo régimen político, democrático- produjo, entre otros aspectos nocivos, el entronizamiento de los mandatarios estatales, especialmente de los emanados del Partido Revolucionario Institucional, y en menor medida de los emergidos del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano (anteriormente, Convergencia) y Verde Ecologista.



La explicación seguramente será compleja, pero en el caso del priismo existe un factor incontestable. Al no existir Presidente de la República priista, se perdió el “fiel de la  balanza”; la figura del presidente del comité nacional no fue suficiente para atemperar los excesos de los ex virreyes convertidos en, casi, monarcas absolutos, y menos en el caso de Roberto Madrazo, que usó la dirigencia partidista para ungirse candidato presidencial.



El resultado ya lo sabemos. Derrota del candidato presidencial del PRI en 2006 en todo el país pues no ganó una sola entidad, luego de que, incluso, hubo mandatarios priistas que operaron en contra de su partido y a favor del candidato panista, Felipe Calderón, en aras de impedir la llegada de López Obrador a la presidencia, en lo ahora ya sabemos, sí fue un auténtico complot, relatado hasta por el ahora impulsor de la candidatura del tabasqueño, Alfonso Romo.

Pero en esa “docena trágica”, los gobernadores se convirtieron en mandos prácticamente únicos, muchos de ellos involucrados con el crimen organizado; gobernaron casi sin controles, ejercieron los presupuestos como quisieron y en esa bacanal de poder endeudaron a sus entidades a niveles de lo que hoy sabemos, casi 600 mil millones de pesos.



Por si fuera poco, aprovechando ser mayoría aplastante, crearon la Conferencia Nacional de Gobernadores para enfrentar a los presidentes Fox y Calderón, inicialmente, y luego, sumar a los otros mandatarios y con esa fuerza, traducida en el control ejercido sobre los diputados federales de sus entidades, le impusieron a los presidentes panistas nuevas reglas en el presupuesto federal, a fin de obtener una tajada mayor de las participaciones federales, en pleno auge petrolero.



Así, la clase política manejó a su antojo y placer la riqueza pública, llevaron al desastre la vida nacional; hoy sufrimos las consecuencias, porque algunos de ellos,  luego de la “docena trágica”, al calor de su incondicional apoyo a Peña Nieto, continuaron aquella forma de gobernar y ejercer el presupuesto, César Duarte entre ellos, de manera muy destacada.



Y cuando se habla de la desaparición de los contrapesos en el ámbito nacional, debemos agregar que lo mismo ocurrió en el local. El PAN de la primera mitad del gobierno de Duarte en Chihuahua no jugó ese papel, solamente en la parte final, cuando ya la situación era insostenible y la elección gubernamental estaba a la vuelta de la esquina, cambió su discurso y postura.



La “francachela” económica de los gobernadores explica la aprobación de la La ley de disciplina financiera, en vigor a partir de abril del año pasado, que obligará a los gobiernos estatales a ceñirse a algunos controles en la contratación de más empréstitos, lo que llevará a que a más tardar el 30 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de a conocer los cálculos y techos de endeudamiento que tendrán cada estado y municipio.



Basada en esa información, la agencia Moody’s efectuó un estudio, denominado “La ley de disciplina financiera genera mayor transparencia y menores incrementos de deuda”, en el que señala que “los estados de Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz y Sonora podrían estar en riesgo de incumplimiento de pago de deuda bancaria y de proveedores, que los ubicaría en focos rojos por insolvencia y no tener acceso a más endeudamiento en el 2018”. (Nota de Elizabeth Albarrán, El Economista, 16/V/17).



Tal clasificación deriva de los resultados del indicador de deuda sobre ingresos de libre disposición (esto es, ingresos propios e ingresos federales), “que forma parte del sistema de alertas y que mide la capacidad de pago, dichas entidades se ubican por arriba de 100% de esta relación (Chihuahua tiene alrededor del 184%), un nivel alto, ya que la media se ubica por debajo de 50%…”. (Ibídem).



Actualmente, la deuda total de Chihuahua es de 48 mil 819 millones de pesos, según el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al primer trimestre del año.



De ese total, más de 18 mil 300 mdp son deuda bursátil que está garantizada con la recaudación de los ingresos en las casetas de peaje; 6 mil mdp, con los remanentes del Fideicomiso Carretero, que fue la última contratación de deuda que hizo la anterior administración; otros 21 mil mdp, de deudas contraídas con la banca comercial, que tienen su garantía de pago en las Participaciones Federales; más 2 mil 460 mdp de adeudo a Banobras.



Ante el anuncio, el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes, se apresuró a declarar que Chihuahua no caería en insolvencia, debido a que el pago de la deuda está garantizado por haberse contemplado en el presupuesto de egresos para el presente año.



Sin embargo, la ley de disciplina financiera establece que los estados y municipios serán catalogados con una especie de semáforo mediante el cual se medirá si son aptos financieramente para seguir endeudándose sin poner en riesgo sus finanzas públicas.



Así, las entidades que se ubiquen en “foco verde” o endeudamiento estable podrán tomar financiamiento hasta por el equivalente a 15% de sus ingresos de libre disposición.



Los estados que se ubiquen en “foco amarillo” o en nivel de endeudamiento en observación, podrán tomar financiamientos hasta por 5% de los ingresos de libre disposición y los que estén en “foco rojo”, es decir, endeudamiento elevado, tendrán un techo de financiamiento neto igual a cero, en ese caso se encuentra Chihuahua que, al igual que las otras entidades mencionadas podría, y solo podría, tener dificultades “para cumplir con todas las prácticas de disciplina financiera, expone Moody’s”. (Ibídem).



De acuerdo con Moody’s, la ley de disciplina financiera permitirá tener mayor transparencia en el uso de los recursos estatales y municipales pues ahora estarán obligados a registrar sus créditos de corto y largo plazo, así como el de las inversiones en las asociaciones público-privadas, que estará disponible en el portal de la SHCP, “el cual también servirá como un mecanismo para asegurar que las entidades cumplan con los límites de deuda impuestos por la legislación”.



¿Llegó tarde la regulación del endeudamiento público?



Por supuesto, sí, pero ahora nos servirá para impedir la aparición de nuevas tentaciones como las que ahora tiene sumidas a las finanzas de Chihuahua en la peor de las crisis pues a pesar de los anuncios de Fuentes Vélez -que no se caerá en moratoria- es evidente que el salvaje endeudamiento contratado por Duarte afectará el crecimiento económico de Chihuahua pues una buena parte de él, en contra de toda la regulación existente, se fue al gasto corriente y otra, no menos importante, a juzgar por las evidencias, a la corrupción.



 Bueno, pues en ese entorno económico, con esos recursos, el gobierno de Corral deberá efectuar un verdadero recorte presupuestal, el que se ha empañado por las numerosas informaciones extraoficiales de las contrataciones de nuevo personal del gobierno estatal, independientemente de las que muy merecidamente han puesto en vigor el tema del nepotismo, y poner en marcha el plan de inversiones que requiere la entidad… sin endeudarse, pues del Fondo General de Participaciones, el 80% está comprometido hasta el año 2044; el 54%  de lo que pagan los patrones por concepto de Impuesto Sobre Nómina, hasta el 2026, en tanto que  los ingresos carreteros están comprometidos hasta el 2038.



Superar tal entorno requerirá de una agresiva e innovadora forma de gobernar ¿Podrán hacerlo?



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