Chihuahua, Chih.

Hace muchos años, en plena época del partido hegemónico en el país, los habitantes de Baja California Sur elevaron una petición al presidente y al PRI: Que por favor el próximo candidato a la gubernatura fuera nativo y con arraigo, que ya no enviaran como abanderado priista a un político más, nacido fuera de BCS y sin conocimiento alguno de lo que ocurría en aquella tranquila entidad, que por entonces hasta los ciclones trataban con benevolencia.

Y es que en la práctica nada cambió al dejar de ser “Territorio” y convertirse en un “Estado Libre y Soberano”. El presidente seguía nombrando a sus amigos como gobernadores, o candidatos y como el PRI arrasaba en cada elección, pues más valía mejor pedirle que, por lo menos, enviara a alguien que hubiese nacido en el territorio sudcaliforniano, y tuviera arraigo.

Seguramente luego les pasó como lo que ocurrió en todo el país. Los gobernantes cada vez fueron más malos, independientemente de su origen o si tenían arraigo en la entidad. Aunque esta última característica, indudablemente que cuenta, y mucho, en el desempeño de los que ocupan un cargo público.

Tan larga disertación tiene un motivante: La presentación de la iniciativa del gobernador Corral para quitar el requisito, a fin de ocupar el cargo de Secretario del gabinete estatal, o el de Fiscal, de haber nacido en Chihuahua, o en caso contrario, contar con una residencia mínima de cinco años en la entidad.

El grupo gobernante quiso aprovechar la propuesta de dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción -cosa que está bien, si esa autonomía se le otorga, también, a la Fiscalía General- y se hicieran los nombramientos bajo los nuevos formatos de designación, que por lo menos incluyeran la designación, por mayoría calificada del Congreso del Estado.

Pero aprovechando el resquicio, ahora resulta que para ocupar los más altos cargos de la administración pública, en el Poder Ejecutivo, bastará con que el gobernador los designe y sin que, por lo menos, los beneficiarios de tales nombramientos tengan un mínimo de conocimientos del territorio en el que van a ayudarle a gobernar al mandatario y sin, aspecto mucho más importante, que la sociedad chihuahuense tenga conocimiento de tales funcionarios.

Hay, en tal propuesta, una cosa más allá del tufo: Una concepción burocrática del modo en que se debe gobernar, y de quienes deben gobernar.

La iniciativa, y el Secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, sostienen que los requisitos en vías de abolición “no tienen sentido, pues la administración pública exige gente preparada y capaz para desempeñar el puesto y esto no va ligado a su lugar de nacimiento o de residencia”.

¡Que alguien les diga que la preparación y la capacidad incluyen el conocimiento de la cosa en la que van a trabajar! ¡Y que esa cosa que van gobernar es la administración pública de los chihuahuenses!

¿Pero qué podemos esperar de un gobernante que, la verdad, no atina una?

Es probable que más de uno, ante los desplantes del gobernador Corral, llegara a pensar igual que los sudcalifornianos: ¡Que nos manden uno, o nativo, o con arraigo!

Aunque la experiencia del sexenio anterior sería, también, para rechazar a los muy arraigados a esta tierra que, ya lo vimos, les da por querer comprar todas las tierras y ranchos desplegados ante su vista.

Ahora Corral pretende traer a la entidad, para gobernar, a ciudadanos que no nacieron aquí, o que no cuentan con el necesario arraigo para hacerlo.

A veces pareciera ser exagerada la crítica expresada en estos espacios al gobernador del “Amanecer”. 

Ojalá así fuera.

La semana que termina es una que quisiera olvidar el mandatario chihuahuense. Probablemente sea la peor de su gestión y no solamente para él en lo personal, sino para la entidad. Y en este caso no tanto por la magnitud de las tragedias acaecidas, sino porque los actos criticables del gobernador develan en toda su dimensión las carencias que posee para gobernar y las graves consecuencias que esto acarrea al estado de Chihuahua.

La semana se inició con la información proporcionada por el gobierno federal acerca de las asistencias de los gobernadores a las diarias reuniones de seguridad celebradas en sus respectivas plazas. 

Corral, el mandatario de la entidad que ha ocupado uno de los cinco primeros lugares en homicidios a lo largo de más de una década, apenas acudió al 16% de las 263 reuniones celebradas. Asistió solamente a 36, mientras los homicidios en Chihuahua se incrementaron 15% en el presente año.

La revelación de la información desató la ira del gobernante chihuahuense y sostuvo que “no es adecuado que el Gobierno federal pretenda politizar el tema de seguridad”, además de tildar de “absurdo” que se pretenda calificar de esa manera su esfuerzo. (Nota de Miguel Silva, El Diario de Chihuahua, 17/XII/19).

Y si bien se podría sostener que la sola asistencia de los gobernadores a las reuniones no garantiza la obtención de resultados positivos, también es cierto, contrariamente a lo sostenido por el gobernador de Guanajuato, que asistir a recibir un informe pormenorizado de los hechos presentados a lo largo del día anterior, sí sirve a los gobernantes para tener el mapa de lo que ocurre en la entidad que gobiernan.

Ahora bien, si el gobernador de Yucatán no asiste a las reuniones, probablemente no pase nada pues esa entidad posee la tasa más baja de todos los índices delictivos, pero ese lujo no se lo puede permitir el gobernador de Chihuahua.

Los chihuahuenses agradeceríamos que este tema fuera el de las más altas prioridades de Javier Corral. Pudiera ser que si lo sea pero lo mostrado a lo largo de la gestión no abona en ese sentido

Las evidencias brotan por doquier. El martes, Daniel y Julián LeBaron, se quejaron en el noticiero nocturno de Milenio que, hasta la fecha, el gobernador Corral ni siquiera se había comunicado con las familias de las víctimas de la masacre de Bavispe.

Episodios de este tipo son innumerables, vamos, ni siquiera algo elemental como lo es el mostrarle solidaridad a las familias de los innumerables policías asesinados por los criminales o el de expresar preocupación ante los crecientes episodios homicidas ocurridos en la entidad bajo su gestión, como el de la masacre en la que asesinaron a cuatro mujeres en Juárez, o el secuestro del empresario deliciense, o los ataques a los conductores de la plataforma Didí en Chihuahua, etc.

No, no hay un mínimo de sensibilidad en Palacio de Gobierno, nadie que acompañe a los chihuahuenses caídos en la desgracia.

Ilustra nítidamente lo anterior un episodio ocurrido varios meses atrás. Mientras el gobernador Corral jugaba tenis desde temprana hora en la Ciudad Deportiva de la capital chihuahuense, varios portales digitales informaron de la celebración de una terrible balacera ocurrida entre Parral y Jiménez, que había iniciado alrededor de las 3 de la mañana. A las 7 de la mañana, grupos de criminales atacaron a uno de policías estatales asesinando a cinco de ellos.

A pesar de la gravedad de la situación y de la caída de los policías, el mandatario no fue interrumpido en su práctica deportiva, a la que, no cabe duda, tiene derecho. Sin embargo, es sabido que ha ordenado a sus subalternos que no se le interrumpa mientras practica esas aficiones lúdicas.

Por otra parte, si bien pudiera argüir que de poco sirviera su presencia en las reuniones, es indudable que le permitiría constatar la inocultable ineficiencia de los funcionarios a los que les encomendó la seguridad pública de la entidad.

Pero las imprevisiones, la incapacidad para articular acciones de gobierno nos inundan a diario.

Cuando ya se aprestaban los diputados a aprobar el presupuesto del gobierno para el 2020, el gobernador envió al Congreso la iniciativa para otorgarle autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, y la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, ¡Pero sin que tales propuestas y dependencias estuvieran contempladas con presupuesto propio!

Al cuarto para las doce, el gobierno de Chihuahua propuso cambios fundamentales en la materia que más problemas tenemos, con un nivel de improvisación verdaderamente increíble. 

¡Y luego se enoja porque lo “balconean” en la mañanera del presidente!

Pero aún no se recuperaba del golpe mañanero que le propinaron, cuando el Juez Federal Tercero de Distrito, Juan Fernando Luévano, le ordenó al gobernador Javier Corral devolviese el iPhone decomisado ilegalmente por sus guardias al obedecer las órdenes que les dió, sólo porque el reportero Gabriel Venzor lo había fotografiado jugando tenis en las canchas públicas de la Ciudad Deportiva de Chihuahua.

“Se concede la suspensión (provisional) para que el gobernador en respeto al derecho a la difusión de opiniones, noticias, ideas y de manera general a la libertad de prensa, gire las órdenes conducentes a fin de gestionar la devolución del teléfono celular”, dice la resolución.

Es probable que mañana se celebre la audiencia incidental, en donde se resolverá si se mantiene la medida provisional, la convierte en definitiva o es revocada.

Y mientras esto pasaba, los diputados del PAN y sus transitorios aliados aprobaron el presupuesto 2020, que contiene verdaderos monstruos financieros, como el de aprobar que un crédito de corto plazo, de más de 3 mil millones de pesos, se haya aprobado por el Congreso, lo que es una enorme chicanada financiera y que en estricto sentido no tendría porqué ser aprobado por el Congreso y que, a pesar de tal maniobra, el presupuesto 2020 tiene un descomunal déficit de 5 mil millones de pesos, a pesar de las dos reestructuraciones de la deuda aprobadas por los diputados.

De nada sirvieron.

¡Sin duda, son un desastre al frente del gobierno de Chihuahua!

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