Chihuahua, Chih.
Los hechos del fin de semana no pueden ser más inquietantes. De todas las brutales formas de violencia y sus expresiones manifiestas en nuestra entidad, la de los atentados y ejecuciones por razones o tintes electorales habían estado ausentes, de modo contrario a Nuevo León, Tamaulipas o Guerrero donde son situación común e inhiben la participación de la ciudadanía en el ejercicio democrático de lo que aquí, se ha tenido el despropósito de llamarlo, en alguna ocasión, “la fiesta electoral”.
La jornada de terror –como la calificó El Diario y concuerdo- vivida el pasado domingo desde temprana hora en Zaragoza y Gómez Farías, luego de que un numeroso comando irrumpiera en la zona y asesinara a 8 personas, entre ellas, a una candidata del PRD, incendiando domicilios, vehículos y negocios, sumado a la desaparición y aparición del cuerpo sin vida -en la ciudad de Chihuahua- de Eduardo Aragón Caraveo, líder municipal del Partido Encuentro Social, dibujan un escenario que si bien si habíamos experimentado, no en tan particulares condiciones que han movilizado a un sector que con procesos electorales andando, se dedicaban a posicionar a sus candidatos(as) como personas impolutas en campos verdes llenos de flores.
Como si el estado en el que vivimos fuera idílico.
Partidos políticos y sus dirigentes se encuentran exigiendo justicia por los recientes crímenes y por condiciones que garanticen contender y que el proceso y día de la elección se realicen tranquilamente, porque pareciera que solo eso importa: la jornada electoral. Si no, ¿por qué ha sido esto lo más importante a resaltar y no recuperar e insistir en las condiciones en que se vive en la zona serrana y noreste del estado?
Podrá usted disentir conmigo y con justificada razón. El clima de ingobernabilidad no es solo una percepción, se constata con hechos. A los paros laborales del magisterio, los connatos del mismo ejercicio de parte del personal de enfermería del sector salud, la guerra por el agua que se está librando entre Lebarones privilegiados contra pobladores, histórica por cierto, en una zona en la que por años se ha venido advirtiendo que esta situación estallaría en una crisis de las dimensiones que como ahora vemos, casi adquiere tintes de confrontación civil armada; aunada a la permanente actividad de grupos delincuenciales que se traduce a ejecuciones constantes y a un sistemático ejercicio de exterminar a policías estatales, nos arrojan un vacío de poder que se apuntaló con la ausencia del titular del ejecutivo estatal en el desfile del primero de mayo.
¿Temor al reclamo popular? Es lo más probable, al menos frente a la explicación otorgada, esa que atiende a cuestiones de etiqueta y reglas de urbanidad (no asistir a donde no se nos ha invitado) y no acorde a la de un titular que enfrenta junto a la ciudadanía que gobierna, la peor crisis de seguridad que se ha vivido en el estado.
Retomando, la operación de las células armadas en procesos electorales se encuentran ampliamente documentadas y los hechos de hace un par de días, encajan perfecto en la narrativa del horror que se implementa para incidir en la voluntad del electorado.
Uno de los informes que se pueden consultar es “Violencia contra funcionarios municipales”, en la que se han registrado 106 actos de violencia contra funcionarios municipales y otro más: “Ejecuciones y atentados de precandidatos” en el que se reportan 28 nombres, de los cuales existe registro de 28 personas ejecutadas; 22 también se encuentran en la primera lista por haber tenido reportes previos. Ambas fuentes de consulta son de libre acceso.
El mayor reporte de incidencias son ejecuciones –suman 20-, 12 casos de secuestro, hay 12 casos que se registraron de ese modo pero a la postre, se supo, tuvieron fatal desenlace. La mayor parte de los hechos se concentran en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México y Veracruz. Las principales víctimas son presidentes municipales, recién electos o en funciones, candidatos(as), sus operadores políticos o familiares. En la mayoría de los casos del ámbito municipal; las posibilidades de candidatearse para diputaciones federales eran amplias o bien, buscaban su eventual reelección.
No es buen es buen augurio este grado de violencia con tintes electorales para la democracia, su falta de atención, tampoco. Si desea especular y negarse a ver la realidad, entonces, la alternativa no es más halagüeña porque implicaría la disputa encarnizada por una plaza y en ambos casos, el total abandono del gobierno y su nula capacidad para el diseño de una política criminal que privilegie los trabajos de inteligencia a los de reacción.
Esta nueva de implantar terror y de violencia nos abre varios flancos para el análisis; ¿Participan y de qué forma las personas en procesos electorales en áreas de conflicto? ¿Qué tanto es posible es realizar ejercicios de participación ciudadana en zonas –prácticamente- de guerra? ¿Estos lamentables eventos se suscriben a una lógica de violencia política? ¿El asesinato de la candidata a regidora del PRD fue feminicidio a consecuencia de violencia política? ¿Cuántas mujeres suscritas a esta narrativa son asesinadas por la misma razón? ¿Habrá capacidad operativa de garantizar condiciones de seguridad para la jornada electoral? ¿Cuándo el gobierno estatal se hará presente para contener o revertir la actual situación?
Queda claro que la situación no es competencia de las autoridades electorales; sin embargo, poco han urgido a las que sí cuentan con competencia para ofrecer soluciones.
El conflicto ebulle porque la vorágine no mejora, al contrario, por inercia se acrecienta y empeora. En el estado, el único caso que merece la atención de este gobierno es el de la Coneja.
Usted dirá cómo revertimos eso. Cuénteme, compartamos, soy toda oídos.
marielacastroflores.blogspot.mx
@MarieLouSalomé
