Chihuahua, Chih.

Bien dice el dicho que las cifras no mienten. En lo que va del 2019, en nuestra entidad se han registrado entre el 1 de febrero y el pasado 18 de marzo, 292 asesinatos.

De esos 175, fueron perpetrados en los 28 días de febrero, lo que representa una tasa de 6.5 asesinatos diarios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que de mantenerse esa tendencia, los muertos por homicidio doloso podrían llegar a los 2 mil 300.

Más de las dos terceras partes de esos asesinatos están vinculados al crimen organizado. Ciudad Juárez es la ciudad con más delitos de este tipo. En enero se registraron 108 víctimas de la narcoviolencia, 95 en febrero y 62 más hasta el 18 de marzo.

En la capital del Estado se registraron 38 asesinatos en enero, 26 en febrero y 18 en marzo del año en curso.

Y nos estamos refiriendo solo a los homicidios de estas dos ciudades. Si se suman los de la zona serrana, la cifra se incrementa en forma significativa.

Chihuahua ocupa el cuarto lugar de las entidades de la República con mayores índices de violencia.

Estas cifras dejan en claro que la narcoviolencia lejos de reducirse se ha acrecentado de manera exponencial, no sólo en Chihuahua sino en 24 de las 32 entidades de la República.

En el occidente del país los grupos criminales de los cárteles narcotráfico se disputan la plaza y se pasean desafiantes.

Ejemplo de ello es el video difundido en las redes sociales en el cual un convoy con hombres armados y encapuchados a bordo de camionetas con siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG se traslada tranquilamente ante cientos de personas y decenas de policías, en una calle aledaña al boulevard donde se celebraba el Carnaval de Veracruz.

Es evidente que los carteles de la droga están aprovechando la lentitud del proceso de la configuración de la Guardia Nacional civil, para arrebatar, al costo que sea, el dominio de las plazas y territorios en manos de grupos rivales.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) de los tres meses que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo corroboran. En este trimestre se han registrado alrededor 6 mil asesinatos en el país. Febrero fue el mes mas violento de los últimos 21 años en el país.

No obstante ello, legisladores y gobernantes de los tres niveles de gobierno siguen sin definir la estrategia a seguir para extirpar este cáncer que carcome cada vez más el cuerpo social de México.

Si bien el martes 26 de marzo se expidió el decreto constitucional que da sustento a la Guardia Nacional Civil, queda aún pendiente procesar y expedir la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del uso de la fuerza, la del registro nacional de detenciones y adecuar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Adicional a ello, como bien lo señala el analista en Seguridad Alejandro Hope “se va a requerir un reglamento de la Guardia Nacional, de diversos tipos y circulares varias, todo lo cual es indispensable para pagar al personal, contratar nuevos reclutas, y adquirir nuevo equipo. Y eso antes de empezar con los perfiles de puesto, los profesiogramas y demás parafernalia burocrática”.

Todo lo anterior, se lleva un lapso de alrededor de 6 meses, sino es que más, tiempo suficiente para que los cárteles de la droga sigan consolidándose y haciendo de las suyas con plena impunidad.

El incremento de la tasa de homicidios por narcoviolencia deja en claro, una vez más, que las corporaciones policiales estatales y municipales no están en condiciones de ponerles freno; tan es así, que muchos de sus elementos han engrosado la lista de ejecutados a lo largo y ancho de la República. .

Es grotesco, en este contexto, que en vez de acelerar lo más breve posible el proceso para la configuración y operación de la Guardia Nacional Civil, el Secretario de la Defensa Nacional y el presidente de la República, se aboquen a presumir los dos uniformes de que dispondrá:

El de campo que será utilizados por el personal que se despliegue en las 150 Coordinaciones regionales de la Guardia Nacional que en tres meses se pondrán en operación y el de proximidad del personal de la fuerza que estará en contacto “con la sociedad, con actividad policial que así lo amerite”, como se dio a conocer en la jornada “mañanera” del miércoles pasado. Para no variar, la producción de los uniformes estaría lista en un mes y medio.

A este ritmo, la tasa de homicidios dolosos por cada 10 mil habitantes se disparará aún más que el trimestre que está por concluir.

Veremos y diremos