Chihuahua, Chih.

Comete el delito de terrorismo aquella persona que utiliza “explosivos, o armas de fuego… o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.

De este tipo penal federal, resulta evidente que los arteros ataques a la sociedad civil en los estados de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja california y Michoacán constituyen, sin duda alguna, actos de terrorismo; cuya competencia corresponde investigar a los cuerpos de seguridad federal y al ejército. 

Para la inmensa mayoría de los estudiosos del terrorismo, esta actividad delictiva constituye una amenaza real e inminente para la seguridad e integridad de los Estados. “El terrorismo es una de las prácticas más crueles, sangrientas, e inmorales que existen para establecer los objetivos de las personas que lo llevan a cabo”.

En efecto, los grupos terroristas “actúan con la finalidad de desestabilizar a los gobiernos, socavando a la sociedad civil en detrimento del desarrollo socio-económico de los Estados”.

Por desgracia, la inexistencia de estrategias globales para combatir la pobreza genera que la humanidad siga acumulando contradicciones que fomenta la “implosión social”, es decir, el crecimiento de la marginalidad, de la delincuencia, de la drogadicción, de la violencia y el vandalismo, de la criminalidad juvenil.

En México, las narcoejecuciones acaparan las principales notas periodísticas: Su reseña, ocupa espacios de primera plana en los medios de comunicación. A pesar de ello, paradójicamente, se fomenta la narco-cultura en la sociedad mexicana a través de series televisivas que enaltecen la actividad criminal.

Al respecto, el especialista en Seguridad Pública, David Saucedo, le critica al presidente López Obrador el hecho de que no utilice la palabra narcoterrorismo, “porque pondría en tela de juicio la estrategia de seguridad que tanto ha defendido a capa y espada”; sin importarle que los recientes hechos sangrientos “evidencia un tipo narcoterrorismo de alto nivel”.

Existe un consenso nacional de que los arteros ataques de la semana pasada tipifican el delito de terrorismo, toda vez que son “actos de violencia extrema que buscan atemorizar tanto a la sociedad civil, como a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, mediante ejecuciones, decapitaciones con exhibición pública, cuerpos colgados en puentes vehiculares; emboscadas y ejecución de policías y militares, atentados contra gobernadores, alcaldes y asesinatos de periodistas”.

David Saucedo afirma, de manera categórica, que “AMLO no quiere reconocer que hay narcoterrorismo… El presidente López Obrador se niega a reconocer que bajo su gobierno exista esta modalidad de cooperación estratégica entre mafias del narco y grupos armados terroristas”.

Además, “el presidente no quiere aceptar que hay narcoterrorismo porque tiene temor que salga en los titulares en las primeras planas, en la opinión pública nacional e internacional, teme el señalamiento de que bajo su gobierno se realicen actos de narcoterrorismo. Este es un problema de imagen y hay que sacrificar la imagen por la seguridad”.

La negativa del Presidente es obvia, “porque el Gobierno Federal carece de una estrategia antiterrorista. No existe una sola división de combate al terrorismo, no hay presupuesto antiterrorista, no hay personal capacitado, no hay estrategias políticas, no hay diseño institucional”.

Así las cosas, a pesar del pánico que agobia a la sociedad mexicana, y ante la indolencia del Gobierno Federal para reconocer que estos ataques criminales son actos de narcoterrorismo, seguiremos siendo -por muchos años más- víctimas cotidianas de la delincuencia organizada.