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No es la primera vez que desde Estados Unidos amenazan a un gobierno mexicano de castigarlo si no hay combate al narco.
En el último medio siglo ha sido la constante en la relación binacional y en buena medida por esas presiones los gobiernos mexicanos han estructurado su política de seguridad al gusto estadounidense.
En ese periodo han sido desaparecidas al menos una docena de entidades gubernamentales que combatieron (sin éxito) al narco con muchos de sus miembros bajo sospecha o en la cárcel. (Desaparecen la DIPD, la DFS, la Dirección de Inteligencia, Policía Judicial Federal, Instituto Nacional de Combate a las Drogas, Cendro, Coordinación Nacional de Seguridad Pública, la AFI, la Policía Federal Preventiva, la Policía Federal, el Cisen, la PGR, entre otras, y se mantienen la AIC, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad, sin contar dependencias del Ejército y Marina).
Han habido 18 procuradores o fiscales en 7 sexenios. Una ruta de inestabilidad. Y de derrota.
En 1986 en Washington se instauró la Certificación de Drogas, un mecanismo de presión del Capitolio y la Casa Blanca que calificaba anualmente si México hacía lo suficiente para combatir al narco. Si no era certificado venían sanciones comerciales.
La exigencia de certificación terminó en 2002 y vino "la cooperación". El saldo: Genaro García Luna procesado en Nueva York y El Mayo Zambada secuestrado en una vendetta narcopolítica para entregarlo a autoridades de Estados Unidos.
· · · Dos velocidades, dos tiempos. El horizonte para el gobierno mexicano es de cuatro años. Actuar con serenidad para el largo plazo y responder, una a una e inmediatamente las acciones punitivas, es la difícil combinación. Trump ha cumplido sus dichos.
Y como señaló el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, atacar cárteles mexicanos sigue en la mesa. Es la bala en la recámara dentro de la abusiva guerra comercial contra México.
¿Qué está dispuesto a construir el gobierno mexicano en cuatro años? La estrategia de cuatro años -de hecho para el efecto mexicano es de seis-, ahora debe proponerse una combinación de acciones.
Es buen síntoma la instalación de una mesa con empresarios para la revisión del día a día. Debe profundizarse. La prudencia ayuda. Justin Trudeau está en campaña electoral; él sublima para el voto. Claudia Sheinbaum no. Apenas construye gobierno.
No ha habido la correspondencia de diálogo en el ámbito político; al contrario, el Congreso este sábado terminó a gritos con la oposición exclamando "¡Narcogobierno!" y el bloque oficial tomando la tribuna parlamentaria plural para un mitin partidista.
Pero el punto esencial, más allá de si en las negociaciones binacionales se lograra separar el condicionamiento de política seguridad y política comercial, es si el gobierno federal asume como conflicto central las complicidades de funcionarios públicos con grupos criminales.
Evadirlo, ignorarlo o negarlo choca diariamente con las propias acciones gubernamentales. La Operación Enjambre de Edomex, las detenciones de Eduardo Ramírez en Chiapas (alcaldes y policías delincuentes), las denuncias de Javier May en Tabasco, las manifestaciones en Sinaloa, la incrustación en las legislaturas estatales y federales de abogados y representantes de grupos delictivos, la extorsión criminal para apropiarse del presupuesto público en ayuntamientos, los asesinatos de alcaldes, regidores, legisladores, candidatos.
Ese reconocimiento de la evidencia concitaría un mayor apoyo interno para desarticular redes criminales en los gobiernos por el bien del país y no solo por pedirle a Trump que borre algún párrafo ofensivo en sus documentos. Que eso suponga indagar y castigar a morenistas, petistas, verdes, panistas y priistas evidentemente sí. Algo necesario para no terminar como rehén, también, de ellos y del injerencismo.
*Publicado por Reforma el 3 de febrero de 2025