Chihuahua, Chih.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) a noviembre pasado, el año pasado, seis de las 32 entidades federativas sumaron 49.6% del total de los feminicidios cometidos en todo el país: “Sinaloa, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, el Estado de México y la Ciudad de México acumularon 377 casos, prácticamente la mitad del total”. (Nota de Excélsior, 7 de Enero de 2019).

Sin embargo, al decantar las cifras y ubicarlas en el número de habitantes por entidad, Chihuahua se colocó en el tercer lugar nacional, con una tasa del 2.47%, sólo abajo de Colima, 3.11% y Nuevo León con el 2.78%.

En el top ten de crimen tan doloroso se encuentran las dos principales urbes locales, Chihuahua y Juárez.

Pero cifras tan pavorosas encuentran una correlación directa con otro de los delitos en los que Chihuahua se colocó en el primer lugar en el país.

En el mismo año, 2018, tuvo el estado la mayor tasa de violación sexual en el país. (Nota de Manuel Quezada Barrón, El Diario, 22/II/19).

“El estado de Chihuahua cerró el 2018 con una tasa móvil de 26.75 casos de violación sexual por cada 100 mil habitantes, la más alta de todo el país, según datos nacionales comparativos, presentados por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC)”. (Ibídem).

De ahí que Chihuahua alcanzara una tasa de 26.75 por cada 100 mil personas, seguido por Baja California con 26.50 y Morelos 21.58.

En 2017, el estado grande se ubicó en el segundo lugar nacional, sólo abajo de Baja California con la tasa de 28.34, seguido de Chihuahua que tuvo 26.04.

¿Qué hace en esa materia el gobierno del “nuevo amanecer” para abatir tan dramáticas y dolorosas cifras?

Han transcurrido más de dos décadas desde la aparición de “Las muertas de Juárez”, primero, y más de tres lustros de la irrupción de “Las muertas de Chihuahua” y el fenómeno, en lugar de disminuir, se acrecienta, del mismo modo que uno de los principales delitos correlacionados, las violaciones sexuales.

Ambos delitos, los feminicidios y las violaciones sexuales van de la mano de otro de los delitos que más sufrimiento producen y que, a diferencia de aquellos, se comete soterradamente y así se mantiene, la violencia doméstica, hasta que las dimensiones de las agresiones escalan a cualquiera de los anteriores o son denunciados por las víctimas y/o algún otro familiar.

En todo caso, al contrario de otros delitos, estos sólo podrán disminuir su incidencia si el conjunto de la sociedad actúa en contra de ellos y el gobierno mejora sus herramientas en la procuración de justicia, combate la impunidad y dedica ingentes recursos, de todo tipo, a fin de construir una mentalidad -y no sólo en los niños y jóvenes- en la que el respeto a la “la otredad”, así como el de la tolerancia sean rasgos inherentes a los chihuahuenses.

El problema es que, a cambio de tales tan urgentes medidas, el gobierno de Corral está más empeñado en evitar la aprobación de la legislación, mediante la cual se despenalice el aborto, o en evitar que sean aprobados los matrimonios homosexuales y no se advierte una política, que incida, que influya determinantemente en afrontar un inmenso problema social, caracterizado popularmente como “machismo” y que no es más que una de las facetas de la extrema violencia existente en la sociedad para dirimir las diferencias o de afrontar diversas situaciones que se escapan de los estándares impuestos por una sociedad patriarcal, misógina y autoritaria.

Frente a eso, sólo las medidas de mediano y largo plazo funcionarán, las que cambian la mentalidad de las personas, y en ese sentido, como en otros, el gobierno del “amanecer” está reprobado.

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