Chihuahua, Chih.

“Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena no es motivo de vergüenza, vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como humanos. Actualmente conocemos autoridades ignorantes, corruptos y vendidos, no les damos las gracias, les exigimos que si no saben hacer su trabajo renuncien a sus cargos. Si no tienen dignidad que sea por vergüenza, si no tienen vergüenza que sea por sus hijos, por mis hijos por los de todos nosotros… …Hasta que la dignidad se haga costumbre”. 

Esthela Hernández Jiménez

En la semana que recién concluye se dio a conocer el fallecimiento de Deisi Adelaida Chaparro Almodóvar, joven ódami originaria de Santa Tulita, localidad del municipio de Guadalupe y Calvo que se encontraba desplazada viviendo en Delicias, Chihuahua. Víctima de muerte materna por negligencia médica, encontró en las instituciones una cadena de violencias que desembocaron en su fallecimiento.

La muerte materna es un asunto de poder sobre la vida; este término se define por suceder dentro de los 42 días luego de terminar un embarazo, independientemente de la duración y la localización del mismo, por cualquier causa vinculada o agravada por la situación de preñez o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. 

La de Deisi fue una muerte obstétrica directa por resultar de complicaciones obstétricas y probables omisiones que apresuraron su deceso, de acuerdo a lo informado por Patricia Mayorga para Raichali.

La negativa de ingreso a una unidad clínica y de atención médica agravó los síntomas que le llevaron a posteriores cuidados intensivos con diagnóstico de “infección neuronal, que todo indica fue adquirida durante el parto”; primero en Delicias y luego en Chihuahua, donde encontró fatal desenlace. 

Las muertes maternas son perfectamente previsibles y prevenibles, se estima que por cada mujer que muere de complicaciones obstétricas, aproximadamente otras 30 sufren lesiones, infecciones y discapacidades que pudieron haberse evitado. Y como toda desigualdad en nuestro país, la suma fragmentaria de condiciones de vulnerabilidad acrecentó la tragedia: a consecuencia del racismo institucional a la tragedia vivida por la familia de Deisi se le añadió encontrar solo puertas cerradas en las dependencias que, dentro de su ámbito de facultades y competencias, debían atender y acompañar en la procuración de un funeral digno de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

¡Por ser fin de semana! De ese tamaño la negligencia y el desdén por la vida de las mujeres indígenas.

En la recta de los últimos meses la Secretaría de Salud de la entidad ha sido señalada por administrarse de esta forma: omisa, negligente y criminal. Ya en ocasión previa, el mismo Raichalí reseñó el despido injustificado del doctor y la enfermera del hospital comunitario de Guadalupe y Calvo por orden directa de su departamento jurídico sin razón aparente, presumiblemente, por apoyar una opción política distinta a la que gobierna el estado. La violencia padecida por ambos profesionales de la salud con más de 20 años de experiencia y amplio reconocimiento de la comunidad, se dio en medio de la situación de violencia exacerbada que ni siquiera ve aproximarse su fin. Este mismo municipio cuenta con una significativa población indígena. 

El problema del racismo y la discriminación étnica es estructural en México; sin embargo, cuando de políticas públicas en materia de salud se trata, en el norte del país no se atiende de modo debido por no considerarse como algo endémico o común, el grado de invisibilización de las problemáticas que acuden a los pueblos originarios suelen desdibujarse con otras a partir de consideraciones sociales basadas en ideologías clasistas que a la postre derivan en una estratificación socioeconómica que suma a la violencia quebrantando el tejido social.

Dicha estratificación se refleja en la prestación de servicios de salud de modo deficiente a consecuencia de la condición laboral (la familia de Deisi además de encontrarse desplazada por la violencia, se desempeñaban como jornaleros agrícolas), adscripción étnica (Deisi y su familia son ódami) y posición socioeconómica (además de ser pobres, vivían en condiciones de profunda precariedad).

Los datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) de 2009 a 2023 demuestran evidencia estadística sobre sobre el peso de la discriminación étnica en la cobertura efectiva de intervenciones de salud materna. La diferencia entre mujeres indígenas y no indígenas no solo es significativa, resulta abismal.

La triple diseminación que padecen las mujeres indígenas inhibe la posibilidad de que accedan a servicios de calidad, les hace padecer múltiples formas de violencia institucional, obstétrica y un profundo desprecio a su cosmovisión que concluye fomentando y consolidando estereotipos que terminan haciendo más amplias las brechas de desigualdad y que se siga normalizando la histórica discriminación, racismo y clasismo que padecen las personas indígenas, sobre todo las mujeres y las niñas.

Las autoridades de Salud de Chihuahua no han emitido declaración alguna y desde luego, por tratarse de una mujer indígena a la que se le suman múltiples víctimas indirectas, como su hijo recién nacido, no se espera siquiera que se abra una investigación para deslindar responsabilidades y así, su familia y comunidad puedan acceder a la justicia.

Deisi, te nombramos.

Fue el Estado.

@marielousalomé