Chihuahua, Chih.

No hay, a la vista, explicaciones racionales que expliquen la sorpresiva decisión del gobernador Javier Corral de ir a la ruptura con los legisladores de Morena, intención manifestada por la aprobación, impulsada por los diputados locales del PAN, de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante la cual desaparecieron la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales, a la cabeza se encontraba al ex presidente del Consejo Estatal de Morena, Omar Holguín.

Menos argumentos y explicaciones se encuentran si se toma en cuenta lo argüido por los diputados panistas para efectuar tales cambios. Alegaron que la reforma tenía como objetivo el ahorro en el gasto del Congreso.

Pero si este era el argumento central, entonces ¿Porqué no la hicieron en diciembre, justamente cuando se discutía el presupuesto del Gobierno del Estado, que contenía el del Congreso?

No, el argumento verdadero no era el del ahorro. Entonces ¿Cuál?

Hasta se dió pie a un rumor, según el cual el gobernador Javier Corral habría obtenido del presidente López Obrador su aprobación para efectuar la reestructuración de la deuda y que el delegado Juan Carlos Loera sería el encargado de hacerla llegar a los diputados de Morena.

Luego, se habló de una reunión de los diputados de Morena, Miguel Colunga y Gustavo de la Rosa, con Corral. Lo que ha sido desmentido por éstos.

Lo único firme que hay es la oposición, de peso, es el rechazo de Morena a la reestructuración de la deuda y al presupuesto 2019.

Eso desató la furia de Palacio. La orden fue tajante, sacar a como dé lugar a los morenistas de los espacios de poder.

Los diputados de Morena argumentaron que el partido gobernante rompía los acuerdos para mantener la gobernabilidad del Poder Legislativo, cosa que el diputado del PT, Rubén Aguilar, caracterizó como simples acuerdos de reparto del pastel.

Todo eso sucedía en medio de una soterrada y áspera disputa entre los equipos de los aspirantes a la gubernatura al interior de Morena que, conforme pasan los días, se convierte en su verdadero problema.

No se puede catalogar de otra manera la desusada manera de celebrar 50 años de vida del senador Cruz Pérez Cuéllar, enfilado en el afán de mostrarle a los altos mandos de Morena que es “el bueno”, montado en un abigarrado equipo de operadores políticos, entre los que destacan:

“Pável Aguilar Reynal… Aparte del dirigente del PRD, participan en la organización los líderes panistas Demetrio Kosturakis y Héctor Ortiz; el exdirigente del PRI municipal chihuahuita y exdiputado, Francisco “Pancho” Salcido; el mano derecha de Yeidckol Polevnsky, lideresa nacional de Morena, Fernando Villarreal; el excandidato a diputado priista, Ian Gerardo Martínez; el excandidato a gobernador por el PRI, Enrique Serrano; la exdiputada y exdirigente del PRI municipal juarense, Mayra Chávez, y otros muchos de la región centro y sur del estado”. (Nota de La Columna, El Diario de Juárez, 23/I/19).

Pero el senador y Juan Carlos Loera, los dos más mencionados aspirantes morenistas afrontan un problema mayor: El de que la operación política del nuevo gobierno la están asumiendo operadores del viejo régimen.

Así se advierte en prácticamente todos los aspectos del quehacer gubernamental, en casi todo el país.

Así, los nuevos delegados del Issste, IMSS y SCT provienen del viejo partido gobernante en México.

Jorge Esteban Sandoval es un luengo operador político del PRI, con una estrecha amistad con el Director General del Issste, Luis Antonio Ramírez, hijo del eterno cacique de la CNC, Heladio Ramírez.

Enrique Orozco Besenthal, del IMSS, transitó por el PRI jalisciense, antes de ser subdelegado y delegado de la misma dependencia en Coahuila, bajo el gobierno del priista Rubén Moreira, hoy poderoso diputado federal, promovente del apoyo del PRI a la aprobación de la Guardia Nacional, propuesta por AMLO.

Julio César Huerta, por su parte, de la SCT, es un antiguo funcionario de esa dependencia.

La 4T pareciera transitar por los viejos rieles, del viejo régimen, con las mismas viejas prácticas.

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