Chihuahua, Chih.

La pregunta salta casi sola: Si las cosas que prometieron las van a aprobar “por consenso”, entonces ¿Para qué el obsceno espectáculo de la licencia concedida al gobernador chiapaneco, Manuel Velasco?

¿Acaso no era para tener la mayoría necesaria, a fin de llevar al cabo las innumerables promesas de Andrés Manuel López Obrador, especialmente las referentes a la disminución de los salarios de los diputados y la desaparición de sus privilegios?

Ciertamente, el anuncio de la desaparición de las partidas del seguro de vida institucional, del seguro de gastos médicos mayores, del seguro de separación individualizada y del fondo de ahorro son una considerable disminución de los ingresos de los legisladores, los cuales ascenderán a $91 mil 507 al mes, merced a que se integrarán con la suma de la dieta, de 73 mil 764 pesos, aportaciones a la seguridad social, 4 mil 562; ahorro solidario, mil 472; y la proporción mensual del aguinaldo, 11 mil 708. (Con información de Néstor Jiménez y Roberto Garduño, La Jornada, 11/IX/18).

Pero de disminuir la “dieta”, nada.

Sorprende, por decir lo menos, la justificación-explicación del líder de la mayoría parlamentaria, la de Morena, Mario Delgado, al aducir que no había habido “consenso” para disminuir los elevados ingresos de los diputados federales.

Peor, quedan subsistentes otras partidas, generadoras de mayores privilegios de los legisladores, como “las partidas de apoyo ciudadano y asistencia legislativa que engloba cada mes -por cada uno de los legisladores- 70 mil pesos”, integrada por “asistencia legislativa, cada diputado recibe 45 mil 686 pesos y para atención ciudadana 28 mil 772, que junto con los vales de alimentación al mes por 2 mil 85 pesos, suman 76 mil 643 pesos”. (Ibídem).

Es decir, que en conjunto, los nuevos diputados federales recibirán, de acuerdo con todo lo anterior, más de 160 mil pesos mensuales, ya con las “rebajas” realizadas.

Además del espíritu “consensuador” de la mayoría parlamentaria, impacta la insensibilidad de prácticamente todos los diputados. Los privilegios de los legisladores fue uno de los temas que mayor rechazo concitaron en la población; la promesa de quitarlos y disminuir sus ingresos fue uno de los asuntos que más simpatías le generaron al tabasqueño convertido en presidente electo.

¿Cómo es posible que a unas semanas de las elecciones, quienes recibieron la encomienda de acabar con tal sistema de privilegios, estén esperando que el resto de las fuerzas políticas acepten acompañarlos en ella?

Durante décadas se construyeron, quienes hoy son oposición, este entramado de privilegios y de corruptelas ¿A poco son tan ingenuos que esperan que algún día estarán de acuerdo en desaparecerlos?

Y la promesa-justificación de que en el presupuesto 2019 se incluirá la disminución es increíble ¿Porqué el resto de las partidas, en lo que falta del año, sí pudieron quitarlas, y la “dieta” y los otros arrimadijos -como los “vales de alimentación”, plenamente injustificados para funcionarios que perciben tan elevados ingresos- no los quitaron para lo que resta del 2018?

Los funcionarios públicos morenistas cargan, para bien o para mal, sobre sus espaldas, una gran responsabilidad: Ser congruentes con lo esgrimido durante más de 12 años, la de asumir una conducta republicana.

Deberían aprender de la experiencia de los blanquiazules. Durante largas décadas -mientras fueron oposición- gozaron de una bien ganada reputación de ser honorables.

Puestos en los mandos del gobierno -y no todos lo hicieron, pero a nivel de entidad colectiva, sí- en unos cuantos años se desbarrancaron debido, sobre todo, a la pérdida de la autoridad política al perder esa aureola de honradez.

Para que ello ocurriera debieron transcurrir largos años de ejercicio gubernamental, pero ahora los morenistas tienen un factor en contrario, el extremadamente elevado hartazgo ciudadano, presto a criticar y rechazar cualquier desviación de las promesas realizadas en las campañas electorales.

Y si las críticas a los diputados federales de Morena se han desatado por este tema, los legisladores locales -y también los federales de Chihuahua están obligados a responder- deberían adelantarse y, por ejemplo, proponer, desde ya, la inmediata disminución de sus ingresos y empezar el desmantelamiento de la red de privilegios.

Están obligados.

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