Chihuahua, Chih.

«Sin la campaña de Estado en el proceso electoral, encabezada por el Presidente,  quizá su partido habría triunfado, pero sin asfixiar al pluralismo y cargando de autoritarismo al sistema político»: Francisco Valdés Ugalde.

A lo largo de 5 años y medio el presidente y Morena operaron una elección de Estado: Mañaneras, spots ilegales con la permanente voz e imagen presidencial (que hasta la fecha se transmiten), ataques permanentes a la libertad de expresión, programas clientelares, los “siervos de la nación” convertidos en auténticos propagandistas de Morena; uso indebido de recursos públicos, especialmente de la Secretaría del Bienestar, como lo denunció hasta Marcelo Ebrard; millonadas en propaganda en favor de Claudia, desde dos años antes de la elección, etc.

Nos regresaron a los tiempos en que la oposición enfrentaba elecciones de Estado; con una diferencia, entonces la ley les permitía todos los abusos; hoy no, quienes gobiernan violaron todo el entramado legal construido a lo largo de décadas de luchas ciudadanas, que tenían como eje fundamental acotar el poder e intervención del presidente de la república.

Ahora, los órganos electorales emitieron 55 sentencias de la Sala Superior del TEPJF sancionando al presidente López Obrador y nada pasó.

En tanto no se resuelvan las impugnaciones a la elección de diputados federales, con lo que el INE asignará los plurinominales, se sabrá la composición final de la Cámara de Diputados.

Mientras, la nueva fuerza hegemónica en México -Morena- seguirá imbuyendo en la sociedad que cuenta con mayoría calificada en la Cámaras de Diputados y esperar a que inicien sus trabajos en la Cámara de Senadores para que, con las negociaciones y la inmensa «capacidad persuasiva» de que han hecho gala, convencer a 4-5 senadores, -número que les faltó- para alcanzar las dos terceras partes de los senadores.

Y si esos hechos se concretaran, entonces deberemos ponernos a elucubrar que clase de país quiere construir la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, ya sea por su propia iniciativa, o «acompañada» por las directrices que López Obrador envíe desde su rancho en Palenque.

Las elecciones del 2 de junio arrojaron, también, una nueva realidad en Chihuahua:

Que en la elección presidencial ganara un candidato de un partido ajeno a la fuerza gobernante en el ámbito local, ya se había presentado en las del 2000, 2006 y 2018.

En 2012, Peña Nieto ganó. El gobernador era el también priista César Duarte. En el 2000 ganó Vicente Fox y en las del 2006, Felipe Calderón. Los gobernadores eran, respectivamente, los priistas Patricio Martínez y Reyes Baeza. 

En 2018 gobernaba el todavía panista, Javier Corral.

Pero en las elecciones locales, salvo el cuasi empate en votos para el Congreso del Estado en 2018, en ninguna elección Morena se había alzado triunfadora en ellas.

En las del 2 de junio, tanto en la suma de los votos obtenidos en las candidaturas a diputados, como en la de los ayuntamientos, el bloque gobernante en Chihuahua obtuvo menos votos que el del bloque gobernante en México.

Los morenistas obtuvieron 175 mil 95 más votos que los candidatos a diputados del PRIAN; diferencia que disminuye en la elección de ayuntamientos en la que su ventaja fue de 143 mil 434 votos.

Diputados: 745,579 frente a 570,484.

Ayuntamientos: 724,640 frente a 581,206.

En cualquiera de las elecciones, en estos resultados se refleja la influencia del voto por Claudia pues la candidata presidencial obtuvo 883 mil 448 votos, 140 mil 290 más que los candidatos a diputados locales.

Así, no solo en la elección federal, sino también en las locales, Morena emergió como favorito para las elecciones al gobierno de Chihuahua, con un agravante, para el PAN-PRI, que en Juárez Morena obtuvo 354 mil 422 votos al ayuntamiento, esto es, casi la mitad de los votos obtenidos en el estado.

Además, Morena sacó una ventaja, en Juárez, de 243 mil 237 votos frente al bloque prianista; en tanto que éste alcanzó una ventaja de 119 mil 6 votos frente a los morenistas en la capital del estado, una diferencia, entre ambas ciudades, de 124 mil 231 votos.

Esa es la ventaja con la que arrancaría la 4T en las elecciones estatales del 2027. Por supuesto que son diferentes, pero sin duda alguna que son los mejores referentes rumbo a esa contienda.

Esos números no explican el porqué Morena tiene menos diputados que el PAN-PRI, en los distritos, eso obedece a la legislación, la que le permitirá al grupo gobernante de Chihuahua contar con la ventaja de solamente un diputado, una vez efectuada la asignación de diputados plurinominales, aunque tal correlación podría cambiarse con las determinaciones del TEPJF.

Por otra parte, fue la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la que desde la misma noche del día de la elección dictaminó lo que después, prácticamente todos, repiten: Que Morena tendría mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que se quedó a 3 o 4 senadores de serlo en la Cámara de Senadores.

Estas cifra le dio Taddei al bloque gubernamental: PVEM, entre 67 y 77 diputaciones; PT, entre 46 y 52 diputaciones y Morena, entre 233 y 251 diputaciones, en total, entre 346 y 380. Las 2/3 son 333.

Sin embargo, ese bloque obtuvo el 54% de la votación y la consejera presidenta le concedía hasta el 74% de los diputados, pasando por alto la discusión existente sobre la asignación de diputados pluris a las coaliciones, y que en las elecciones previas, la del 2015 y la del 2018, aplicaron criterios distintos.

La ley establece que las coaliciones deben considerarse como si fueran un solo partido, por eso se les exigen algunos requerimientos con esa categoría: Asignación de tiempos en radio y tv; el registro de sus candidatos de manera conjunta, los que se consideran como si fueran de un solo partido y para efectos de financiamiento y fiscalización, las coaliciones pueden ser tratadas como un solo partido.

Aspecto esencial de la presente discusión lo aporta el Artículo 96 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE): 

«En el conteo de votos, los sufragios emitidos a favor de la coalición son considerados como si fueran para un solo partido. Los votos se suman en conjunto para determinar la cantidad total de votos obtenidos por la coalición, lo cual es crucial para la asignación de curules plurinominales y la declaración de ganadores en elecciones por mayoría relativa».

Y la asignación de Diputados de Representación Proporcional está más que diáfanamente establecida en el Artículo 54 Constitucional: 

«En la asignación de diputados de representación proporcional, los votos obtenidos por la coalición se consideran de manera conjunta. Esto significa que los partidos coaligados comparten los resultados obtenidos como si fueran un solo partido para efectos de la distribución de escaños plurinominales».

La consejera presidenta, al dar a conocer los resultados del conteo rápido, estaba violando lo preceptuado en la Constitución, pues dio cifras individualizando lo ganado por cada partido.

Pues bien, descontando los votos nulos, de la candidatura  independiente, de los sin registro y los obtenidos por el PRD, que perdió su registro por no alcanzar el 3%, se obtuvo la votación válida emitida (VVE) -hasta los cómputos distritales- que alcanzaría la cifra de 55 millones 705 mil 598 votos. Faltarían los cambios derivados de las impugnaciones.

De ella, los partidos de la 4T alcanzaron 32 millones 533 mil votos, equivalente al 58.4% de la VVE. 

Si al momento de asignar los diputados pluris se le aplicara el máximo de sobre representación establecida en la Constitución (8%), rebasaría por décimas el límite, lo que le daría derecho a tener el 66.4% de los diputados.

Pero estos cálculos están efectuados de manera directa, simple, y los órganos electorales deberán asignar esos diputados por medio de un mecanismo extremadamente complejo, del cual emergerán resultados que, sin duda, estarán sujetos a las impugnaciones que interpondrán los partidos y que resolverá en definitiva el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF), máxime si, como lo hemos visto en apenas unos cuantos días después de la elección, es de la mayor importancia.

Podría darse el caso que derivado de la asignación de los pluris en cada circunscripción no se le otorgue -al total de la coalición oficial- el 8% tope de la sobrerrepresentación con lo que no alcanzaría la mayoría calificada y así se repetiría lo sucedido en 2018: Que Morena no tuvo mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras y estaría obligada a “negociar”, o en lo individual con cada diputado y senador de la oposición proclive a ser “convencido” de las “bondades” de la 4T; o, lo mejor para todos, que el bloque oficialista estuviera dispuesto a negociar con los otros partidos y aprobar las reformas de manera consensuada.

Ese sería el mejor escenario, que el presidente está dispuesto a oponerse con todas sus fuerzas (y no son pocas) y para ello, él, Morena y Claudia echaron toda la maquinaria propagandística para que, todos, demos por hecho que contarán con mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

En esa tesitura se encuentran las dos grandes cadenas de televisión y sus principales comentaristas, los que, coincidentemente, no han efectuado el ejercicio aquí presentado.

Además, y eso casi es un hecho, Morena no sacó mayoría calificada  en la Cámara de Senadores.

Nos esperan no pocos, ni tenues intentos por imponerle a los órganos electorales (y a la sociedad) las decisiones tomadas en Palacio Nacional.

¿Resistirán los funcionarios electorales? 

¿Tomarán en cuenta que una parte importante de la sociedad salió a las calles para defender la neutralidad y la imparcialidad de los organismos electorales?

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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