Chihuahua, Chih.

Por una parte, el décimo aniversario del asesinato de Marisela Escobedo, de manera natural, revivió la doble tragedia ocurrida con el asesinato de la activista y la de su hija -unos meses antes-, Rubí Frayre, y; por otra, la sorpresiva detención del exalcalde de Chínipas, Hugo Schultz, ex alcalde del municipio de Chínipas, Chihuahua, del 2013 a 2016, por la Fiscalía General de la República, por su presunto involucramiento en el asesinato de a periodista Miroslava Breach, pusieron de relieve, nuevamente, sin atenuantes, el enorme mar de impunidad tejido alrededor de ambos asesinatos.

Los asesinatos de Rubí y Marisela parecieran hundirse en la tiniebla del tiempo y la impunidad tendida sobre innumerables mandos policiacos y funcionarios gubernamentales -de los tres poderes del gobierno de Chihuahua, de tres administraciones estatales- y su colusión con el crimen organizado, en una relación hasta ahora no esclarecida.

Sin duda, por las relaciones, por su papel, por la participación de otros destacados panistas en el caso, la detención de Schultz -por la orden de un juez federal- y hasta por la posibilidad de que las derivaciones del caso lleguen hasta al gobernador Javier Corral, y otros dos funcionarios, uno de ellos del gobierno estatal, y otro, del grupo parlamentario del PAN; además, por el hecho concreto de que, con toda probabilidad, el asesinato de la periodista obedeció a temas relacionados directamente con el ejercicio de su profesión, de nueva cuenta el caso se colocó como uno de la mayor importancia.

Schultz Alcaraz fue aprehendido por elementos de la Policia Federal Ministerial luego de que un juez federal liberara la orden de captura en su contra, se le imputa su probable participación en auxiliar a los autores intelectual y materiales del homicidio de Breach Velducea.

“De acuerdo con los datos de prueba presentados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la FEMDH, el Tribunal Unitario de Circuito competente en el estado de Chihuahua, logró establecer la probable responsabilidad de Hugo Amed, buscar y entregar información al grupo de la delincuencia organizada que ordenó y ejecutó el homicidio”. (Nota de Gustavo Castillo, La Jornada, 17/XII/20).

El involucramiento de los funcionarios panistas, gubernamentales y partidistas pudiera ubicarse, solamente, como posibles propiciadores del homicidio de Breach Velducea, pero sin duda no podrán descartarse otro tipo de relaciones y ascendencia sobre los presuntos responsables del crimen que estremeció al mundo del periodismo en el país y que obligaba a las autoridades estatales a una escrupulosa actuación, sin nada que enturbiase la posibilidad del esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, al castigo a los que se presumía participantes del crimen organizado y su indudable injerencia en la definición de candidatos a las alcaldías, tanto del PAN, como del PRI, para las elecciones del 2016.

La presunta relación -diferenciada- de los funcionarios partidistas y gubernamentales implicados es directa, sin atenuantes, comprometida y propiciadora del asesinato de Miroslava. 

*Foto de La Opción.mx

Queda en el aire si su compromiso en los hechos delictivos llegase sólo hasta los hechos hasta ahora conocidos, y por los cuales han ordenado la aprehensión del ex alcalde chinipense. 

Hasta ahora, de acuerdo con las investigaciones y las declaraciones de numerosos testigos del caso, aparentemente, Schultz, Piñeira y Luévano solo estuvieron involucrados al momento de otorgarle la información solicitada por los integrantes del clan familiar Los Salazar, pero de ninguna manera puede descartarse un mayor involucramiento, especialmente en lo referente al ex alcalde de Chínipas, quien, ahora sabemos, tanto por sus relaciones personales, como por su papel en la comunidad, estaba obligado a mantener contacto con los integrantes de ese grupo familiar.

Además, no obstante la demostración de la plena participación de los funcionarios en las etapas previas del asesinato -sin que, de ninguna manera, se pueda afirmar que lo hicieron más allá de eso- lo más llamativo de ello es que la Fiscalía General del Estado, primera responsable de las investigaciones, decidió no otorgarles un papel preponderante, ni en las investigaciones, ni en los interrogatorios y, peor, a pesar de su participación, ni fueron separados de sus cargos -uno de ellos de altísima responsabilidad- ni se les permitió que afrontaran los hechos sin la cobertura política que indudablemente les otorgó la autoridad estatal.

Detengámonos en los hechos.

Unos presuntos integrantes de un grupo criminal, asentado en la población de Chínipas -lugar de origen de Miroslava Breach- se quejaron con el alcalde de que éste le proporcionaba la información “sensible” que la periodista publicaba en El Norte de Juárez y en La Jornada (de la ciudad de México). 

El alcalde, Hugo Schultz, de extracción panista, le pidió al entonces presidente estatal en funciones, José Luévano, (el titular, Mario Vázquez, estaba de licencia pues buscaba ser candidato a diputado plurinominal) que obtuviera las evidencias necesarias para mostrarle a los Salazar que, efectivamente, él no era la fuente de la información.

Y como era del ámbito de la prensa, Luévano le dio a conocer a su vocero, Alfredo Piñeira, el problema. Este les informó que hablaría con la periodista, que era su amiga. Así lo hizo, por teléfono. De ella obtuvo las declaraciones que buscaban, sólo que, sin informárselo, grabó las conversaciones.

Enseguida, las grabaciones se le entregaron al alcalde y éste, a su vez, a los integrantes de la familia Salazar.

Luego del asesinato, en el domicilio en el que presuntamente encontraron el vehículo usado para el traslado de los asesinos, fue localizada una computadora en la que se encontraban guardadas las grabaciones de esas conversaciones.

La publicación de las indagatorias hizo del conocimiento generalizado tan activa, aquiescente y riesgosa conducta de los participantes en la obtención de las grabaciones. De esos hechos no podía ser ajeno el gobernador Javier Corral, no solo por la cercanía personal, sino,  fundamentalmente, porque se involucró directamente en las investigaciones y tuvo acceso, de primera mano, a tan cuestionables conductas.

No pareció importarle (s). El ex alcalde fue colocado en la estructura de la Secretaría de Educación Pública, en una responsabilidad regional en la sierra. El ex dirigente estatal fue llevado a la Secretaría Particular del gobernador y el vocero de prensa fue colocado en la oficina del Coordinador de los diputados locales del PAN.

Ante los ojos del mandatario del amanecer lo que habían hecho no motivaba, ni siquiera, una pizca de preocupación; no habían hecho nada -N’ombre, ¿Qué puede haber de malo llevarle esa grabación a los “malandros” de la sierra?- ¡No pasa nada!

-Y así nos los quitamos de encima- ¿Qué tiene que les digamos que la periodista es la fuente de todos esos “chismes”?

Es un cuadro por demás espeluznante.

Una reportera publica, con suficiente consistencia, el involucramiento del crimen organizado con las candidaturas de varias alcaldías -del PAN-, lo que motiva la molestia de uno de esos grupos y exige le digan quien le informó a la reportera y los panistas cercanos a esos grupos le obtienen la fuente de la información.

Y matan a la reportera.

¿Pues en qué pensaban Schultz, Luévano y Piñeira? ¿Y en qué pensaba el gobernador Corral al darles cobijos a los tres, a uno de ellos en un lugar por demás sensible, el de la oficina al lado de la suya, con acceso a toda la información que le llega al gobernador de una entidad?

No hay nada que los vincule directamente al asesinato de Miroslava, por lo menos no hay información al respecto hasta ahora, pero el hecho es estremecedor: Sin ningún resquemor entregaron una información altamente sensible a un grupo que en la región es extremadamente conocido por su participación en el crimen organizado.

¡Y después de que hicieron eso, se fueron alegremente a gobernar a los chihuahuenses!

¡Ah, pero el gobernador todavía se atreve a declarar que no ha “protegido a nadie; rechazo categóricamente eso”.

Eso declara, pero al ex alcalde la Fiscalía del Estado le otorgó el estatus de testigo protegido, y no como probable auxiliar de los homicidas.

¡Qué bueno que no protegía a nadie!

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