Chihuahua, Chih.

San José, CR.— Por las calles de México, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y otros países de América Latina y el Caribe circulan a diario las fuerzas militares para cumplir tareas de seguridad pública típicas de las corporaciones policiales.

Al amparo de combatir al narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado, los militares volvieron a salir de los cuarteles en el siglo XXI luego de que en el siglo XX ocuparon posiciones políticas al comandar las dictaduras castrenses que gobernaron de facto en la zona en asocio con Estados Unidos, aceptaron replegarse a sus bases para abrir paso a la democracia y dejaron un historial de masivas violaciones a los derechos humanos.

Un reporte acumulado, actualizado y parcial del (no estatal) Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés) sobre el gasto militar de 1949 a 2022 de 22 de las 33 naciones de América Latina y el Caribe sumó dos billones 32 mil 131,9 millones de dólares.

SIPRI, que evalúa la situación militar global con estadísticas oficiales y propias y con el valor del dólar a 2021, precisó que el gasto de los 22 subió de 969 mil 4 millones de dólares en medio siglo de 1949 a 1999 a un billón 63 mil 127 millones de dólares en solo 23 años de 2000 a 2022. Panamá todavía invirtió en ejército en la década de 1990 cuando lo abolió y emuló a Costa Rica, que lo eliminó en 1948.

El presupuesto castrense de los 21 restantes (México, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Guyana, Paraguay, Jamaica, Haití, República Dominicana y Trinidad y Tobago) ascendió a 53 mil 346 millones de dólares en 2022, reportó SIPRI.

En una región marcada por su fragilidad democrática e institucional y de unos 661 millones de habitantes y, según datos oficiales, con unos 190 millones en miseria, el gasto sumó 57 mil 424 millones de dólares en 2021 en los 21, todavía bajo ataque de la pandemia del coronavirus de 2020 a 2022, indicó.

“La militarización es un indicador de baja calidad de las democracias y un fracaso en la redefinición institucional de los enfoques represivos”, afirmó el sociólogo, politólogo y relacionista internacional boliviano Franco Gamboa, catedrático para Bolivia de Fulbright, programa internacional estudiantil y cultural de EU.

“Son los vacíos en las fuerzas armadas sin saber cómo comportarse en los largos periodos de convivencia democrática donde debería triunfar la construcción de consensos y la legitimidad de la sociedad civil, antes que la vocación represora que siempre fue la alternativa más fácil para los militares en América Latina y el Caribe”, dijo Gamboa a EL UNIVERSAL.

“La militarización regional tiene un crecimiento desmesurado por la guerra contra las drogas. Las fuerzas armadas, en muchos países, se reorganizaron y readaptaron a un nuevo contexto de guerras de baja intensidad. Con ese argumento se fomentó la participación ampliada de la militarización en la lucha contra el narcotráfico”, aseveró.

“En aquellos países donde la guerra contra las drogas no era un fenómeno crucial, los altos mandos militares reorientaron sus esfuerzos contra el crimen organizado, en función siempre del acomodo a las guerras de baja intensidad”, subrayó.

En el paso de dictaduras militares, que gobernaron en la mayoría de países del área en el siglo XX, a nacientes democracias de finales de esa centuria e inicios del XXI, la transición, a juicio de Gamboa, mostró los siguientes elementos:

+ Los gobiernos democráticos fueron incapaces de rediseñar las funciones y la identidad de las fuerzas armadas en un Estado de Derecho y dejaron “casi intocable” el carácter represivo que tuvieron en “los periodos negros” de las dictaduras en América Latina y el Caribe.

+ La falta de renovación en la identidad represiva de las fuerzas castrenses las arrinconó ante los nuevos factores, como las guerras cibernéticas y las amenazas digitales en la invasión de bases de datos, con muchos países de América Latina y el Caribe bajo ataque tecnológico.

+ La “policialización” de las fuerzas armadas recorta “enormemente” la capacidad de liderazgo de sus altos mandos para, desafortunadamente, conectarlos con influencias negativas provenientes del narcotráfico y la corrupción.

Para el mayor nicaragüense en retiro, Roberto Samcam, en el exilio en Costa Rica, “sacar a las tropas a las calles es pretender simplificar las causas que originan el flagelo (del narcotráfico) y no corregir los problemas estructurales que le dan origen”.

En el sexenio de Felipe Calderón como presidente de México, de 2006 a 2012, “ese experimento, aparte de fracasar, dio como resultados totalmente contrarios al objetivo buscado”, recordó Samcam a este diario.

Al señalar la “tentación de los gobiernos” de atacar al narcotráfico con los ejércitos, argumentó que ese proceso “esconde” el “intento de militarizar la seguridad, que debe descansar en fortalecer las leyes, de la policía y sus órganos respectivos para combatirlo y en eliminar la corrupción en el Estado, principal soporte de las mafias del crimen organizado”.

“Las misiones del Ejército son totalmente diferentes a la lucha contra el narcotráfico, siendo estas, en lo fundamental, proteger la soberanía nacional y la integridad territorial. La formación del ejército se prepara en tiempos de paz para enfrentar a un enemigo externo del Estado o a enemigos internos que ponen en peligro la existencia misma del Estado”, aclaró.

Con el ejemplo en El Salvador, donde las fuerzas armadas reforzaron en 2022 su presencia en las calles para unirse a las policiales y asumir labores de seguridad pública, o de México y Colombia, el recién instalado presidente de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, reformó la cúpula militar y policial ecuatoriana y le declaró la guerra a la delincuencia organizada ante el descontrol de la violencia y la inseguridad interna.