Chihuahua, Chih.

Muchos años atrás, en una entrevista, el entonces gobernador Francisco Barrio, declaró que él tenía un método para auto controlarse, que era una especie de vigilante propio, que era quien le ponía límites a su actuación. No le funcionó, los escándalos sobre su modo de gobernar lo llevaron a la derrota interna en las elecciones del PAN para designar candidato. Luego, en las constitucionales, el PRI retomó el gobierno.

Poco desarrollados entonces, y ahora, cuando suponíamos que habíamos avanzado en el desarrollo y mejoramiento de los controles constitucionales, para ponerles límites a los gobernantes, en virtud de que otorgarles esa cualidad es punto menos que la locura ciudadana, nos hemos encontrado, a cada paso, y con distintos protagonistas, de distintos partidos, con la amarga novedad que los hacen a un lado con extrema facilidad.

Claro que ahora ya hay -así sea de a poquito y de vez en cuando- una mejor actuación del Poder Judicial de la Federación que ha servido, en no pocas ocasiones, para ponerles controles a los gobernantes, por lo menos en el ámbito estatal y municipal.

El caso de la destitución de Rodolfo Leyva como comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia (el Ichitaip) y luego el amparo otorgado por un juez federal que ordena su restitución en el cargo, debido a muchísimas violaciones legales cometidas por el resto de los comisionados del Ichitaip para destituirlo, pues no tienen esa facultad y a que violaron diversos derechos del funcionario, es un ejemplo emblemático de los controles superados por el extremo poder de quienes lo ejercen desde el Poder Ejecutivo.

Una de las razones de fondo para explicar la pretensión del grupo gobernante es evitar que Leyva siguiese en la presidencia del organismo encargado de hacer cumplir la ley en materia de transparencia, es que formaría parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, organismo integrado, hasta ahora, por puras personas cercanas a la élite gobernante; el miembro discordante sería el restituido Rodolfo Leyva.

En estricto sentido, la determinación del juez federal, en un país con mediano desarrollo democrático, hubiese implicado la renuncia, o la destitución de los funcionarios que hubiesen violado tan flagrantemente la ley, y más si estos son de los que tienen una de las encomiendas más delicadas, vigilar que el ejercicio de los recursos públicos se haga de manera transparente, para lo cual necesitan una completa independencia del gobernante en turno.

Más aún, ante la contundencia de los argumentos usados por el juez, a pesar de que legalmente tienen derecho, a la revisión del amparo otorgado a Leyva, no debieran hacerlo, alguien debiera aconsejar al gobernador Javier Corral que lo mejor para su gobierno es dejar de lado la controversia jurídica, que por momentos pareciera hasta personal y permitir que, por lo menos uno de los controles establecidos para el sano ejercicio del gobierno, permaneciera ajeno a él, por la salud del gobierno del amanecer, por la de la sociedad chihuahuense que acude, desalentada, a un conflicto más, que es de la misma naturaleza que los sostenidos por Rodolfo Leyva contra el gobierno de César Duarte, el de la lucha contra el autoritarismo de quien gobierna.

Y hay que enfatizar en este aspecto, el de que en el sexenio anterior, Leyva impugnó las decisiones de los diputados locales, que actuaron como subordinados de Duarte, para que los porristas de Corral no lo etiqueten como “priista”, dado que una buena cantidad de personas es muy dada a ubicar de esa manera las críticas en contra del gobernante de la actualidad, tampoco es simpatizante de Morena y no se le conoce filia política personal, aunque sus raíces familiares más bien lo ubicarían en el panismo.

No, el problema es que, como antes, como siempre, el gobernante en turno no desea que nadie ajeno le vigile el modo en el que ejerce el poder, en cómo gasta y emplea los recursos públicos, y si antes no existían los controles jurídicos que ahora existen, entonces el modo que ya encontraron es el de pervertirlos, controlar el acceso de quienes integran tales organismos controladores del poder y, como antes, rodearse de los suyos para impedir que la sociedad -¡Ni lo permita diosito santo!- se entere de las corruptelas, y menos, que las pudieran sancionar.

¡Hábrase visto!

¡Pos cómo creen!

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