Chihuahua, Chih.

“No tenemos comunicación reciente con él (Javier Corral), no descartamos que pueda aceptar trabajar con el gobierno federal, pero no hemos establecido comunicación con él; tuvimos momentos de diferencias, pero también reconozco en él a una gente con rectitud, una persona inteligente, con criterio propio, y rebelde, y eso a mí me simpatiza, bastante”. AMLO.

Una visita cargada de símbolos, de mensajes, pletórica de lo que la clase política mexicana es pródiga: Risas, sonrisas, saludos afectuosos, peticiones, coincidencias de reciente cuño, olvido de agravios recientes, elogios mutuos, pronunciamientos en favor de la construcción de nuevas civilidades y mensajes presidenciales a la oposición en clara contradicción a sus dichos de prácticamente todas las mañaneras.

Contradicción central en los protocolos de los actos del presidente: En tanto nadie -salvo la jefa de gobierno de la Cd. de México, Claudia Sheinbaum, y ahora el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla- usa frente al presidente el cubrebocas y, por supuesto, éste tampoco, la exigencia del equipo de Presidencia es que los reporteros, ni cuando hacen uso de la palabra en la mañanera, se quiten el cubrebocas.

La visita del presidente López Obrador a Chihuahua, el viernes, fue al más puro estilo del tabasqueño: Varios actos protocolarios, la infaltable mañanera y cero reuniones con los ciudadanos, organizaciones de éstos, o representantes populares.

Fuera de la gobernadora Campos, de los alcaldes Bonilla, de Chihuahua, y de Cruz Pérez Cuéllar, de Juárez, el presidente no escuchó más voces chihuahuenses que las escasas de los reporteros de la localidad que pudieron preguntarle en las conferencias de prensa.

De ahí en más, no concedió oportunidad alguna a que los inversionistas de Aras le expusieran su problema; ni que los jubilados del magisterio le plantearan su preocupación acerca de las pensiones, tasadas en UMA’s, en lugar de salarios mínimos, como es su pretensión; ni que los agroproductores le plantearan sus problemas, los de siempre, y los generados por la política gubernamental reciente.

Nada, el presidente no escucha a nadie, por lo menos en Chihuahua en las ocasiones que ha estado aquí.

Vino a instalar una comisión que se encargará de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los activistas y opositores del Estado mexicano, de 1965 a 1990, pero nada dijo de la inmensa tragedia que asola a la entidad en la que más de 20 mil personas han desaparecido, -desde la última década del siglo XX y lo que va del presente siglo- la mayor parte de ellas a manos de las bandas del crimen organizado.

¿Porqué no entrevistarse con las organizaciones que a lo largo de tres décadas han aparecido, integradas por las mamás -especialmente- de las mujeres desaparecidas, o de los hombres que el crimen organizado ha “levantado” en ese tiempo?

¿Porqué hasta 1990? ¿Porqué no incluir el período de mayor número de violaciones a los derechos humanos, homicidios y desapariciones en el país, esto es, hasta 2018, por lo menos?

Porque es muy importante esclarecer la elevada responsabilidad de los gobiernos de la república en el período de la guerra sucia, en la que sus fuerzas policiacas y armadas causaron infinidad de agravios y delitos, pero lo ocurrido a partir de 1990, especialmente del 2009 a la fecha, es infinitamente peor.

Por supuesto que hay enormes diferencias entre ambos grupos de víctimas y violaciones a los derechos humanos. Los de la “Guerra sucia” eran combatientes, la mayoría, enemigos del régimen vigente, al que intentaban transformar.

En cambio, las víctimas de la parte final del siglo XX y lo que va del presente, son víctimas de la oleada criminal presente en el país.

Le hace falta a Andrés Manuel López Obrador sentarse a conversar -y no sólo en Chihuahua- con quienes gobierna. 

Está bien que lo haga con los gobernantes emanados de otros partidos; eso, siempre será bienvenido, pero hace falta lo otro, la interacción del mandatario con los gobernados, a lo mejor le servirá para cambiar sus opiniones preconcebidas sobre muchos asuntos en los que, está demostrado -y está lejos de su alcance, de cualquiera- no tiene, ni la información suficiente, ni los conocimientos necesarios para dilucidar los gravísimos problemas que aquejan a los mexicanos, y en especial a los chihuahuenses.

No basta con repetir las viejas fórmulas de la historia local -que siempre será bueno enaltecerlas- y que la gobernadora Maru Campos, astutamente, usó en su discurso sabiendo que tales menciones son de las cosas que más le agradan al presidente. Pero no bastan para gobernar.

A pesar de todo -o precisamente por eso- es de aplaudirse la nueva relación entre el presidente y la gobernadora, construida desde la etapa de gobernadora electa. 

Seguramente ha contado, en el cambio de talante del presidente, la cercanía cada vez mayor de las elecciones presidenciales del ’24, la personalidad del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la de la mandataria chihuahuense.

Es evidente que el presidente pretende distensionar el clima político, de ahí su anuencia, primero, al acuerdo Maru-Augusto López sobre el agua y luego la de autorizar la reunión de Santiago Creel con el secretario de Gobernación, para establecer una nueva relación entre el gobierno y la principal oposición, la del PAN.

Ahí deberá enmarcarse la actitud presidencial hacia la mandataria chihuahuense que, a lo mejor, traerá algunos atenuantes a los graves problemas que padece la entidad.

Seguridad es el tema que más les duele a los de la 4T, por eso celebraron la reunión de seguridad en la capital del estado, con la presencia de todo el gabinete de seguridad, integrado casi exclusivamente por militares, con la excepción de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.

Los informes que debieran hacer los policías encargados de la seguridad pública, ahora los rinden los más altos jefes militares, como si el país estuviese inmerso en una guerra.

Hay razones de peso para la celebración de tal reunión y la adopción de medidas que enfrenten la crisis de inseguridad existente en el estado, que desde hace 15 años se ubica dentro de los primeros 5 estados con el mayor número de homicidios y que, en el actual gobierno federal, se encuentra en el lugar número tres, por la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

El Gral. Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, brilla como estelar en ese escenario, en el que todos lo obedecen como el jefe militar que es del país, incluido el jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quien hipotéticamente no debiera ser subordinado de Sandoval, sino de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez.

El gobierno de la 4T le hizo fraude a la ley, la de la Guardia Nacional, pues en lugar de poner en manos de civiles la seguridad pública, como exige la legislación, los tratados internacionales y la Constitución, además de los especialistas de todo el orbe, en materia de seguridad pública y de derechos humanos, ahora todo está en manos de las fuerzas armadas las que, y es lo más lamentable, han fracasado, por lo menos hasta la mitad del sexenio, en el combate a la inseguridad y al crimen organizado, responsable de la mayor cantidad de delitos violentos, particularmente los homicidios, que rebasan los 107 mil en el actual sexenio.

El logro del gobierno federal en esta materia, y es correcto, es que el ritmo de crecimiento de las cifras homicidas se ha detenido, pero que de todos modos mantiene un leve crecimiento.

Asombra el hecho de que en el estado están ubicados 8 mil 784  elementos de las fuerzas armadas, en un número muy semejante al que el gobierno de Felipe Calderón concentró en Chihuahua, entre soldados y policías federales, en la época más aciaga de la entidad en la que las ejecuciones, los secuestros, los robos de vehículos a mano armada y las extorsiones alcanzaron las cifras más altas de toda la historia local, y los resultados son similares: Fracaso absoluto.

Hubo más material para comentar, pero llamó la atención la postura presidencial, a partir de la pregunta de una reportera de la ciudad de Chihuahua, en la que el presidente elogió al ex gobernador Javier Corral, al que, incluso, dijo, podía llamar al gobierno federal.

La mención de Corral denotó que puede inferirse que AMLO sí lo llegó a considerar como posible ocupante de una posición en el gobierno federal, en un evidente despropósito del presidente.

No hay nada, en el balance gubernamental de Corral, que lo haga merecedor de un premio como ésos.

Por otro lado, López Obrador es incapaz de romper con las prácticas del viejo régimen, el que tenía como una de sus normas premiar en el extranjero a algunos de sus “mejor portados”. 

Así, AMLO pretende nombrar como embajadores a algunos de los exgobernadores de la oposición. 

Se arriesga mucho ¿Y qué tal que algunos de ellos deba enfrentar a la justicia como resultado de sus corruptelas en el gobierno?

Asombran algunos morenistas. 

Con tal de aprobar la conducta presidencial, en lo que sea, son capaces de lanzar frases como la del coordinador parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, que aprobó el hecho de que pudiese ser llamado Corral al gobierno de AMLO, en aras, dijo, de la pluralidad política.

¡Híjole!

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Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)