Chihuahua, Chih.

​En los últimos días, tal vez obedeciendo a una estrategia, han arreciado las declaraciones de los principales funcionarios del actual gobierno estatal, en las que lo central son las supuestas numerosas anomalías y corruptelas cometidas por los funcionarios de la anterior.

​Encabeza tales declaraciones el gobernador Javier Corral, sobre todo las referentes a la "pronta" detención del ex gobernador César Duarte y, recientemente, las referentes a los supuestos apoyos económicos otorgados por ese gobierno al Partido Revolucionario Institucional, inmediatamente desmentidos por el líder estatal, Guillermo Dowell.

​Los temas son variados, pero en todos los casos la característica común es la de que se habla de acciones futuras, sin que tengan correlación con las acciones realizadas por las dependencias gubernamentales estatales, especialmente las encargadas de la procuración de justicia y en las que, incluso, pudieran estar ofreciéndoles a los señalados, elementos que pudieran servirles de defensa y argüirlos como parte de una indebida actuación e intromisión del titular del Poder Ejecutivo del Estado, algo que ha empezado a argumentar la defensa del ex gobernador César Duarte, en busca de asilo político en EU, alegando la existencia de una supuesta "persecución política".

​Del mismo modo, la acusación pública de Corral, en contra del ex gobernador Duarte, de haber apoyado económicamente al PRI, con recursos públicos, sin que existan otros elementos -quizá puede referirse a la entrega de las supuestas cuotas que el gobierno de Duarte recaudaba, vía Secretaría de Hacienda- y sólo los contenidos en las causas penales, que por ley está obligado a no hacer públicos los detalles, abona a lo asentado inicialmente.

​Igualmente, las filtraciones -que no se pueden explicar de otra manera- a los medios de comunicación, de información contenida en las causas penales, sólo hacen crecer las especulaciones y los rumores, sin que se correspondan con las acciones prejudiciales, esto es, con el procesamiento penal adecuado a los señalados y exista certeza, tanto sobre las acusaciones -es decir, que una autoridad judicial dictamine que efectivamente se presume la comisión de delitos e irregularidades administrativas-, como por las posibles sanciones que se les aplicarían a los acusados y la hipotética recuperación de los bienes patrimoniales.

​Ejemplo de lo anterior es la acusación al ex gobernador Duarte de recibir pagos en función del otorgamiento de contratos de prestación de servicios al gobierno de Chihuahua, o de construcción de obra pública, los denominados popularmente como "moches", de acuerdo con las informaciones otorgadas por los testigos protegidos, entre los cuales se encuentra, de acuerdo con lo contenido en los procesos penales en contra de los ex colaboradores detenidos semanas atrás, el ex Contralor y ex rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Raúl Arturo Chávez, según la información ofrecida por el periódico Reforma, de acuerdo a una carpeta de investigación, en la que revelaron -de manera pública, con datos duros- el supuesto modus operandi del ex mandatario, en el que lo central eran los pagos inflados hasta de 400%, en contratos cuya asignación era controlada por el mandatario.

​"En los casos de empresas creadas para generar facturación sin servicios (empresas fantasmas), éstas operaban en su recuperación de manera directa por el Director General de Administración y su equipo más cercano. El mecanismo de cobranza se realizaba a través de los diversos operadores externos señalados, y la entrega de recursos en efectivo eran trasladados y entregados al ex Gobernador y su grupo cercano", dijo el testigo.

​Las declaraciones forman parte central de los cargos que enfrentan Antonio Tarín García (ex director de Adquisiciones) y Gerardo Villegas Madriles (ex director de Administración).

​"Ellos, además de ser familiares de César Duarte, mantenían con él una comunicación directa y cercana que los llevó a desarrollar negocios personales en su beneficio, con fondos del erario". (Nota de Abel Barajas, Reforma, 7/V/17).

​A su vez, el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo, acusó a César Duarte Jáquez de haber financiado, no solamente al PRI, sino a otros partidos, a los que no señaló expresamente y cuyos nombres, dijo, se reservó "por ser parte de las investigaciones".

​¿Si los nombres de los partidos no los pueden dar a conocer, porqué se empeñan a ofrecer tales declaraciones en las que se advierte que los actuales funcionarios no entienden que ya no son activistas de su partido y que ese tipo de declaraciones pueden tener consecuencias legales y que, por tanto, tienen vedado hacerlas?

​Obviamente, el escribiente le apuesta a que las autoridades puedan demostrar lo que a ojos de la mayoría de los chihuahuenses fue un enorme atraco, pero los actuales gobernantes no deben ofrecerles una sola posibilidad de que por fallas en los procedimientos, o por actos como los ahora señalados, los presuntos responsables puedan eludir la acción de la justicia.

​Ese es otro de los retos del actual grupo gobernante, actuar como tales y no como activos militantes de su partido, empeñados en señalarnos que sus adversarios son extremadamente perversos o corruptos.

​No tienen necesidad de insistir en ello, el 5 de junio pasado la mayoría de los chihuahuenses les demostró que esa era -y es- su opinión y que lo esperado por esa mayoría es ver que serán enjuiciados los presuntos delincuentes y que los tribunales fallen en ese sentido, después de valorar que las evidencias y las pruebas aportadas demuestren la responsabilidad de quienes integraron el anterior grupo gobernante y hubiesen cometido las corruptelas señaladas.