Chihuahua, Chih.

La semana pasada, la diputada panista Blanca Gámez presentó una iniciativa de ley para reformar la Constitución del Estado con el único propósito de reducir el número de los consejeros del ICHITAIP: de 5 a 3; a esta iniciativa se ‘adhirieron’ 20 diputados, tanto del PAN, como de Morena, de MC y hasta del PT. 

La ‘justificación’ política de Blanca es que “es un hecho que el ICHITAIP realiza un esfuerzo para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales; no obstante, también es  cierto que el número de personas Comisionadas integrantes del Consejo General del Instituto resulta elevado y oneroso”.

“…la presente iniciativa propone reducir el número de personas Comisionadas integrantes del Consejo General, para pasar de cinco a tres; sin que ello implique afectar su autonomía o esfera de competencia… prevaleciendo con ello el interés público y social”.

“La disminución de las personas integrantes del Pleno del Órgano Constitucional Autónomo es signo inequívoco de que se está contribuyendo a fortalecer la tendencia en materia de maximización de recursos, conservando su independencia orgánica para proteger el acceso a la información pública y la protección de datos personales”.

En un Artículo Transitorio se precisa que los comisionados “continuarán en sus cargos para cumplir el período para el cual fueron designados y, de ninguna forma, se afectarán sus derechos derivados de la designación por el Congreso, por lo que durarán en su encargo el período que se señala en el Decreto de su designación”.

Si acaso fuera cierto que la actual administración estatal pretende ‘maximizar’ los recursos públicos a través de la reducción de cargos públicos excesivos, sobra tela de donde cortar; en especial, en los órganos autónomos electorales.

En efecto, la existencia de 5 magistrados electorales en el TEE es sinónimo de un cínico dispendio presupuestal; no se diga los 7 consejeros electorales del IEE. Plaga de funcionarios ociosos que denigran la esencia de la función pública, ya que no desquitan los sueldos que devengan.

Luego, de ser cierta la política de austeridad que pregona Blanca, también debería de presentar otra iniciativa de reforma constitucional en la que se reduzca el número de magistrados electorales (de 5 a 3) y de consejeros electorales (de 7 a 3). Así como también, una reducción de sus inmerecidos y ofensivos sueldos.

Por desgracia, el plan de austeridad que pregona Javier Corral (a) “El Inútil” es, como lo hemos dicho tantas veces, un discurso hipócrita en el que se repite una burda mentira: la promoción de la austeridad presupuestal. Lo anterior es así, ya que no existe estrategia alguna para garantizar la estabilidad presupuestaria estatal.

Recordemos que al inicio de su mandato, Javier Corral anunció un estricto control del gasto público mediante una “serie de medidas y recortes” (que se reflejó en el despido de miles de burócratas y el cierre de las cajas chicas); sin embargo, a la fecha, no se han reducido los estratosféricas sueldos de los funcionarios de primer nivel de gobierno y de los organismos autónomos. Mucho menos, el financiamiento público de los partidos políticos.

Pero también en el Congreso y en el STJ hay personal de más: dice la gente que los 33 diputados “son una manada”. Y muchos magistrados y jueces del Poder Judicial “son una jauría”, por ser los ejecutores de infames venganzas políticas en contra de ex-duartistas y de analistas políticos de oposición.

Porque la cuestión de fondo es muy sencilla: los sueldos de los altos funcionarios no son proporcionales a su desempeño; pero además, si los comparamos con los míseros sueldos de los trabajadores asalariados, son un insulto a la ciudadanía.

Reitero: ¿Verdad, amable lector, que es muy evidente el contubernio entre todos los partidos políticos para conservar los privilegios salariales de sus compinches incrustados en el gobierno y en los órganos electorales? ¿A poco no?