Chihuahua, Chih.

¿Tendrán veracidad los rumores que infinidad de integrantes del llamado círculo rojo han difundido acerca de la decisiva intervención de la gobernadora electa, Maru Campos, en varios de los asuntos controversiales de los últimos días?

Unos y otros afirman que el nuevo grupo gobernante cabildeó con los magistrados del Tribunal Estatal Electoral para que estos resolvieran en un sentido tal que salieran de la nueva legislatura los candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano (MC), Oscar Castrejón y Francisco Sánchez, respectivamente, debido a que ambos serían unos “diputados muy molestos” para la cuasi gobernadora.

En esa línea de la rumorología, los consejeros del Instituto Estatal Electoral estarían obedeciendo la línea del gobernador Corral, pues fue este organismo el que colocó a estos dos candidatos como los que podrían ser designados diputados plurinominales

Otros, acaso más “perspicaces”, explicarían que esa maniobra les quitaría diputados afines al inminente delegado federal, Juan Carlos Loera, y al todavía alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, a los que les achacan ser políticos que estuvieron cercanos al “solitario de Palacio”, al todavía amanecido gobernante de Chihuahua, Javier Corral.

A su vez, el abogado y activista, Jaime García Chávez, publicó que una persona de su confianza le informó que Maru Campos condicionó concederle  una audiencia al rector de la Uach, Luis Fierro, si le pedía la renuncia a la defensora de los Derechos Universitarios en la UACh, Lucy Chavira.

La renuncia se haría efectiva a partir del 16 de agosto, de tal manera que de ser ciertos esos hechos se habrían presentado en los primeros días de ese mes.

Luego, “de acuerdo con fuentes bien informadas” del Poder Judicial del Estado, se rumora que el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Pablo González, saldría y “todo apunta a que la influencia de la gobernadora” hará que el magistrado Luis Villegas, antiguo militante panista y colaborador de Javier Corral, convertido ahora en su detractor, se convertirá en el sucesor de González.

¿Cuántas otras cosas se atribuirán a los entrantes y cuántas otras se dirán de los salientes, pero todo ello en los círculos de las columnas políticas, de políticos de todos los partidos, de los lectores más informados de los medios de comunicación y, por supuesto, de éstos últimos.

¿Cuánto de ello será cierto? Imposible saberlo ahora, luego, probablemente.

Lo cierto es que el largo período entre la elección y la toma de posesión, que ahora se acrecentó por la muy evidente confrontación entre Corral y Campos (y más por el continuo hostigamiento del primero a la segunda) ha hecho que la rumorología se encuentre en todo lo alto.

La primera apuesta será la de que son fruto de las presiones de los distintos grupos políticos y económicos, tratando de influir en la toma de decisiones y en el nombramiento de los funcionarios del nuevo gobierno… y los que se derivan de los relevos en distintos organismos y dependencias y que para ello se fabrican, alientan, fortalecen y se esparcen viralmente esos   rumores.

Ahora bien, de ser ciertos nos llevarían a una regresión por demás perniciosa pues nos colocarían, nuevamente, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia reciente, pero más destacadamente en el presente sexenio y el pasado, ante el desmedido poder del titular del Poder Ejecutivo, frente al cual todos se doblegan y que subsume a todas las instituciones democráticas que nos hemos construido, entre ellas, por ejemplo, la de la división de poderes, la del respeto a la autonomía de las universidades, la independencia del Poder Judicial, la de la Comisión de los Derechos Humanos, etc.

Triste conclusión sería, entonces, que estemos llegando a lo que ya es una realidad en el ámbito nacional, a que el poder extralegal de los titulares del Poder Ejecutivo -local y federalmente- se ha disparado, prácticamente ya sin control, lo que en términos coloquiales mexicanos significaría que la “institución” emblemática del antiguo régimen, el presidencialismo, ha regresado por sus fueros.

Combatirlo en todas sus expresiones es la tarea de las fuerzas democráticas -incluidas las de la izquierda democrática- del México de nuestros días, el fruto de ello será el pleno fortalecimiento de la vida democrática del país.

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