Chihuahua, Chih.

A propósito de la puesta en circulación, a partir del 14 de octubre,  del documental, “Las tres muertes de Marisela Escobedo”, por Netflix, creímos conveniente reeditar el siguiente artículo, publicado en El Diario, el 19 de diciembre de 2010.

¿A qué intereses se enfrentó la activista Marisela Escobedo, llegada a esa faceta de su vida a causa de exigir, hasta la muerte, la aplicación de justicia?

-Mátenme frente a Palacio, para vergüenza de las autoridades-, les gritó días antes de su asesinato el jueves anterior.

Era lo que faltaba, un asesinato frente a las puertas del Gobierno de Chihuahua, sin duda el más violento del país -por lo menos en ejecuciones a lo largo del año, y de los tres últimos también- que desnudase con toda crudeza la gravísima crisis de las instituciones chihuahuenses.

La febril actividad de Escobedo la llevó a encontrar hasta en dos ocasiones al presunto asesino de su hija Rubí, Sergio Barraza, pareja sentimental y padre de su hija, ahora de dos años.

Realizó lo que todo un aparato de procuración de justicia no pudo -no quiso- efectuar: Ubicar y detener a quien pensaba pudiera ser el responsable del asesinato de su hija.

Pero enseguida tropezó con un escollo mayor, que ahora repiten periodistas, gobernantes, analistas y políticos en general. Barraza fue liberado a pesar, dicen, de haberse confesado culpable del asesinato. 

Sin embargo, tres jueces de juicios orales no encontraron evidencias de que fuera el responsable, vamos, ni siquiera pudieron demostrarles (los fiscales, en aquel entonces agentes del Ministerio Público) que Barraza hubiese estado en el lugar del crimen. Sólo existía, machaconamente, la supuesta confesión del presunto.

El caso arrastra -sostiene el abogado Salvador Urbina- "una deficiente integración del agente del Ministerio Público, de la carpeta de investigación en la que se pretendía responsabilizar a Sergio Rafael Barraza Bocanegra por la muerte de su esposa Rubí Marisol Frayre Bocanegra".

Quienes ahora deploran la actuación de los jueces, han pasado por alto que la responsabilidad de la exoneración decretada pasa, también, por la contundencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, cosa que alegarán los jueces destituidos fast track el viernes anterior, en una deplorable demostración de sometimiento de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia a los dictados del titular del Poder Ejecutivo y que seguramente objetarán legalmente.

Peor aún, si se llegara a esa etapa, acudiremos a la ventilación de un conjunto de corruptelas pues la mecánica del asesinato de Marisela, intuida al principio, constatada luego por el video de las cámaras de seguridad del Palacio y primeras versiones oficiales, nos habla de la concreción de un asesinato por elementos muy profesionales, con la participación de, al menos, cuatro o cinco personas, además del asesino, hechos que se advierten de la lectura detallada de tal evidencia.

Aterra la sincronización del grupo y espantan las condiciones de relajamiento absoluto de las dependencias de seguridad pública.

Una mujer, denunciante de un salvaje asesinato, decidió manifestarse permanentemente frente a Palacio de Gobierno de la entidad más violenta del país. Ella misma denunciaba una y otra vez, a quien quisiera escucharla, que había sido amenazada de muerte por los familiares del presunto asesino de su hija.

Bueno, pues ni en uno u otro caso existía la más elemental medida de seguridad alrededor, ni de Palacio de Gobierno, ni de la activista ¿Acaso no estamos en medio de una fatal guerra de los cárteles, o de la "guerra" de Calderón contra ellos? Ni un solo elemento de seguridad pública se encontraba cerca en el momento de los hechos.

La misma noche del asesinato, las autoridades afirmaron que Escobedo sí contaba con una protección "discreta" y que Palacio de Gobierno se había cerrado minutos antes del asesinato.

 
Marisela no tenía protección de ningún tipo y las puertas de Palacio se cerraron en el momento que se detenía el vehículo blanco (según se aprecia en el video, 33 segundos antes del disparo fatal) que transportó al asesino de Marisela Escobedo.

Hasta unos momentos atrás, salieron y entraron personas del recinto ¿Por qué cerraron en ese momento?

¿Alguien puede explicarnos la razón? ¿Los agentes de seguridad se percataron del atentado y prefirieron cerrar?

¿Por qué razón, si Marisela había denunciado amenazas de muerte en su contra no se le asignó una protección, así fuera "discreta", como asevera el fiscal general? Porque de haber existido ésta, los segundos que le ofreció su hermano a Marisela, al lanzarle una silla al asesino, hubiesen bastado para evitar su muerte.

Vaya valentía la de esta mujer, emblemática ya de la lucha por la impartición de justicia, huyendo de su agresor tuvo la entereza de, con el movimiento de su brazo, pedirle a su hermano que se apartara.

Pero si de la mecánica del asesinato no se desprendieran conclusiones más aterradoras, el "levantón" del cuñado de Marisela y el incendio del negocio de su pareja, provocado por individuos armados, el día de ayer, no puede ubicarse como una fatal coincidencia.

¿Nos debe llevar a la conclusión de que Marisela se había enfrentado a un grupo del crimen organizado?

¿Qué sus protestas, sobre todo mediáticas, influyesen en esos grupos criminales a grado tal que los llevó a tomar determinaciones funestas para la doliente madre de Rubí?

Cuesta trabajo creerlo. La otra sospecha es la perversa colusión de esos intereses y los de quienes no efectuaron su trabajo y que la actividad de Marisela la llevase al descubrimiento de una más de las cloacas de los aparatos de seguridad.

Lo cierto es que la actuación de esos elementos raya en la provocación al orden establecido, su actuación, presta, profesional, retadora pues sabían del enorme riesgo corrido de efectuarse un atentado en ese lugar. No les importó.

Y empezó el linchamiento ¿Contra quién? Pues por supuesto contra los jueces.

Éstos pueden ser responsables de omisiones, quizá hasta delitos, pero afirmar tajantemente que son los culpables deberá merecer la atención de los niveles superiores del Poder Judicial.

Implica luchar contra una forma de apreciar la aplicación de justicia. En Chihuahua, para acabar con los chivos expiatorios, se determinó quitarle a la declaración autoinculpatoria toda la importancia del pasado.

Ya no basta decir que alguien confesó su delito -¿por qué no lo detienen?

Eso forma parte de la historia, hasta ahora, y ha evitado que nos hubiesen fabricado ya a los responsables de los más de 10 mil ejecuciones en Chihuahua, sólo basta recordar a cuántos presuntos asesinos nos han presentado las autoridades federales (En horario estelar, cadena nacional y sendas entrevistas con los supuestos sicarios), responsables, cada uno, de decenas de asesinatos y luego nos enteramos, por informaciones casi clandestinas, que fueron acusados, sólo, de posesión de armas prohibidas.

Tampoco se puede afirmar -desde esta tribuna que Barraza sea inocente, lo que sí tenemos a la mano son los suficientes elementos a la mano para sustentar que las instituciones fallaron en el pasado reciente de esta familia ¿Por qué no ir más adelante y haber evitado cosas tan funestas como las ahora comentadas?

¿Por qué ninguna autoridad se molestó, como lo hacen en prácticamente todas las manifestaciones, en dejar al lado de los tres manifestantes del jueves pasado a un par de policías de cualquiera de los niveles de gobierno?

¿Por qué no había guardias en la puerta principal de Palacio de Gobierno?

Y no son señalamientos orientados a ubicar a los responsables del asesinato en las dependencias responsables de tales omisiones, sino que éstas demuestran el bajo nivel con el que se desempeñan, no obstante la matazón de que somos testigos impotentes.

La sociedad chihuahuense espera la versión de los jueces que ahora han sido linchados mediáticamente; otros esperamos los informes de quienes tenían la responsabilidad de demostrar la culpabilidad de Sergio Barraza; la de las autoridades que no lo detuvieron y no lo ubicaban; la de los magistrados del Tribunal de Segunda Instancia que revocó la absolución de Barraza Bocanegra y le dictó sentencia de 50 años de prisión, por unanimidad.

Igual que sus antecesores lo habían declarado inocente, con las mismas pruebas.

Ojalá no nos vayamos a encontrar con resoluciones judiciales al gusto del gobernante en turno.

En otra de sus declaraciones, el Gobernador César Duarte le pidió al fiscal general, Carlos Manuel Salas, una investigación sobre los agentes encargados de la seguridad de Marisela Escobedo.

Esto quiere decir que él estaba informado de la existencia de una protección a cargo del gobierno a su mando ¿Y entonces?