Chihuahua, Chih.

Los caminos para hacer política en Chihuahua han tomado la forma del juego de las serpientes y escaleras, que pueden hundir o encumbrar la carrera de María Eugenia Campos.  

La candidata a gobernadora y los abogados que la defienden, lanzan los dados y esperan que en la casilla siguiente aparezca una escalera que les permita seguir trepando hacia las alturas del poder, aunque es probable que aparezca una serpiente que conduzca a la panista hacia los sótanos donde se remite a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia.  

A lo largo de los acontecimientos que escandalizan su carrera política, la exalcaldesa de Chihuahua ha tenido mala suerte con los sótanos que suele pisar.  

En el cúmulo de información que se hizo pública durante la audiencia de vinculación a proceso que se realizó la semana pasada, se menciona que la candidata a gobernadora por el PAN recibió algunos de los pagos de la nómina secreta de César Duarte en el sótano del edificio Héroes de Reforma, donde se ubica un estacionamiento. 

Así lo indica la declaración del testigo RST-32/CPP/2018, quien menciona que la imputada ya ni siquiera subía a la oficina de la Secretaría de Hacienda, sino que llegaba al estacionamiento del edificio en una Suburban blanca, en la cual recibía los pagos (“Maru Campos acudía cada mes al Héroes de Reforma por dinero. Testigo: RST-32/CPP/2018”, Omnia, 26 de marzo de 2021). 

Entre las entregas de dinero que se hicieron a María Eugenia Campos, se documentan un cúmulo de pagos realizados entre los meses de febrero de 2014 y diciembre de 2015: “En el caso de la actual candidata a la gubernatura del PAN-PRD, Maru Campos, supuestamente recibió 7 millones de pesos en efectivo mediante 27 exhibiciones; otro millón 180 mil pesos en 7 pagos; además de 20 mil en su tarjeta de crédito Bancomer 4772143939003014, así como un millón 67 mil 200 pesos a favor de un hermano, mediante 19 transferencias y depósitos bancarios.” (“Caso Maru: Revela MP supuestos pagos y transferencias”, Norte Digital, 26 de marzo de 2021). 

El caso de posibles actos de corrupción de la candidata panista a la gubernatura ha sido documentado de manera abundante por la prensa local y nacional, aunque el proceso jurídico apenas inicia y los resultados derivados del mismo son de pronósticos reservados.  

Es obvio que el asunto se ha politizado en exceso, por parte del gobernador Javier Corral y sus operadores políticos, y por parte de María Eugenia Campos y los abogados que llevan su caso, quienes tienen una filiación panista. 

El juez de control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, quien está a cargo del caso de la panista -y de los exdiputados María Ávila Serna y Rodrigo de la Rosa- tiene en sus manos una decisión, que de una u otra forma quedará atravesada por variables de tipo político. 

En México son numerosos los ejemplos de los casos de corrupción que han sido denunciados por la prensa que no han logrado un ejercicio pleno en la aplicación de la justicia. 

Los actos de corrupción cometidos por la clase política, han sido relatados y documentados de manera detallada y abundante por diversos medios. 

En el año 2001, una investigación de la periodista Anabel Hernández, denunció el toallagate, revelando el gasto de 7 millones 795 mil pesos que fueron despilfarrados por la presidencia para el sostenimiento del menaje en Los Pinos, donde vivía el entonces presidente Vicente Fox. (“Presidencia compra toallas de 4,025 pesos”, Milenio, 19 de junio de 2001).  

Sobre el caso del toallagate no se siguió algún proceso administrativo o penal que afectara al gobierno del presidente  panista Vicente Fox. 

En noviembre de 2014, Carmen Aristegui y un grupo de periodistas dieron a conocer el asunto de la Casa Blanca, que implicó al entonces presidente, Enrique Peña Nieto, y su esposa, Ángelica Rivera, en actos de corrupción en los que participó el grupo Higa y el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. (“La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, Aristegui Noticias, en: http://www.periodismo.org.mx/assets/2014-reportaje.pdf). 

El asunto de la Casa Blanca fue ampliamente difundido en medios periodísticos y se convirtió en uno de varios escándalos del gobierno de Peña Nieto, que condujo a la debacle electoral del PRI en 2018. 

Es posible que la participación de María Eugenia Campos en la nómina secreta de César Duarte se convierta en un lastre que le abone a la derrota del PAN en las elecciones de 2021. 

En los meses que siguen, la guerra sucia será despiadada. 

Entre los casos de denuncias periodísticas de los años recientes destaca la estafa maestra, que fue investigada y documentada por Animal Político y por Mexicanos Contra la Corrupción en 2017 (“La Estafa Maestra. Graduados en desaparecer dinero público”, en: https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/).  

En las investigaciones sobre el asunto de la estafa maestra, actualmente la Fiscalía General de la República sigue un proceso penal en contra de Rosario Robles. Pero no se han impulsado denuncias contra otros funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. 

En el caso de María Eugenia Campos,  los asuntos pendientes con la justicia van más allá de su participación entre los beneficiarios de la nómina secreta de César Duarte. 

Contra la panista, existe una segunda denuncia que también ha sido narrada y documentada ampliamente por la prensa: “La candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, también es investigada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente haber cobrado “moches” y favores a proveedores de su gobierno como alcaldesa de la capital chihuahuense. 

Se trata de una investigación distinta de la llamada “nómina secreta”, en la que Campos Galván es acusada de haber recibido sobornos millonarios de parte del exgobernador César Duarte cuando ella fungía como vicecoordinadora del PAN en el Congreso local, previo a su periodo como alcaldesa” (“Fiscalía acusa a candidata del PAN en Chihuahua, Maru Campos, de cobrar soborno a empresarios”, Animal Político, 5 de marzo de 2021). 

La publicación de Animal Político detalla el “modus operandi” de los presuntos actos de corrupción cometidos durante el gobierno de la panista en el municipio de Chihuahua.

En caso de que Campos Galván no sea vinculada a proceso y se libre de la acusación por su participación entre los beneficiarios de la nómina duartista, tendría que librar en segundo proceso penal que ya está en marcha, que la señala por los delitos de cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades durante su gestión como presidenta municipal de Chihuahua.

Por el contrario si la panista es vinculada a proceso por el asunto de la nómina duartista, ella y sus abogados tendrán que atender dos denuncias en su contra. 

A lo largo de los meses de la campaña, los dos flancos jurídicos que están abiertos en contra de Campos Galván, y el flanco de confrontación de la campaña por la gubernatura, se pueden convertir en una trenza que coloque al PAN de Chihuahua en una posición sumamente débil y vulnerable ante los ataques de los adversarios. 

Resulta lamentable que el ejercicio de la justicia quede a merced de las variables del poder que se ponen en juego durante un proceso electoral que será sumamente reñido.  

De cualquier forma, el ejercicio de la justicia en los actos de corrupción cometidos por la clase política seguirá siendo necesario, antes o después de las elecciones.  

O incluso, por sobre las elecciones mismas.