Chihuahua, Chih.
En los últimos dos años, en diversas colaboraciones editoriales he denunciado un sinnúmero de actos -debidamente documentados- de corrupción judicial. Lo que demuestra que esta forma de corrupción es una práctica cotidiana y reiterada, como consecuencia de miles de sentencias parciales e incongruentes.
En efecto, en no pocas veces, los juzgadores federales emiten sentencias que rayan en la perversidad y en la abyección. El caso concreto que hoy denunciamos, es prueba palpable de ello.
Previo a ello, es oportuno recordar las declaraciones vertidas en el evento en el que se anunció la ‘reforma judicial federal’ que habrá de desterrar (¿?) la añeja desconfianza en la justicia, los promotores reconocieron que los jueces federales “no siempre se conducen con la ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad que deberían observar en sus funciones. Muchas veces sucumben ante intereses mezquinos”.
Asimismo, se dijo que no ha sido posible “desterrar la corrupción, sino que, por el contrario, la endogamia y el amiguismo han producido redes clientelares muy arraigadas, en las que se trafica con plazas, se intercambian favores, o peor aún se pone precio a la justicia. Lo cual, lastima a la sociedad”… y denigra a las instituciones encargadas de la impartición de justicia.
Hoy, por enésima vez, se acredita a plenitud, otro acto de corrupción judicial; cometido por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa (José Raymundo Cornejo Olvera, José Martín Hernández Semental y Rosalba Salazar Luján); en el que se evidencia un alto grado de perversidad, con el ánimo de encubrir la violación a los principios fundamentales de la sociedad chihuahuense, por el aún Gobernador del Estado, Javier Corral.
Acreditémoslo:
1. Acto Reclamado: La designación, por parte del Gobernador del Estado, de la nueva Consejera de la Judicatura del TSJ.
2. Resolución Impugnada: El auto dictado por el Juez Segundo de Distrito, que desecha la demanda de amparo, so pretexto, de que “se advierte que el Congreso cuenta con facultad soberana para nombrar a los miembros del Consejo de la Judicatura, características que se aprecian como discrecionales y exclusivas”.
3. Concepto de Agravio: La designación de la nueva Consejera de la Judicatura, es un acto emitido por el Ejecutivo Estatal, sin intervención alguna del Congreso Local; por lo cual no es un acto soberano.
4. Argumentos de los magistrados del Tribunal Colegiado: “Los agravios vertidos por el quejoso resultan fundados, en cuanto a la incongruencia en que se incurrió en el auto reclamado, pero insuficientes para revocar el acuerdo recurrido… a juicio de este Tribunal Colegiado el amparo es improcedente, por una razón diversa, pues el quejoso carece de interés jurídico y legítimo… ya que se trata de un acto soberano y discrecional del titular del ejecutivo estatal”.
5. Luego, el quejoso carece de interés jurídico y legítimo… toda vez que el Art. 104 de la Constitución Local le otorga la absoluta libertad al Gobernador Constitucional para realizar el nombramiento respectivo, sin que su determinación se sujete al cumplimiento de alguna condición en particular, es decir, queda a su (total) discreción la designación del consejero…”
6. “…por tanto se advierte que se está en presencia de una facultad soberana de elegir a uno de los consejeros de la judicatura, sin que sea óbice que la Constitución Local o ley que rige el procedimiento (¿cuál?) no refieran ‘expresa’ o ‘’sacramentalmente’ que tal facultad es soberana, toda vez que esa facultad no está sujeta a la voluntad de un tercero”.
Así las cosas, me queda claro que el desechamiento de la demanda de amparo acredita las malas prácticas judiciales que prevalecen en los tribunales federales (por ausencia generalizada de ética profesional) y, además, revela la perversidad y abyección cotidiana de muchos juzgadores federales en México. Y como decía JuanGa: “Qué cinismo, ya ni vergüenza tienen...”
