La designación de Lucha Castro Rodríguez como integrante del Consejo de la Judicatura se ha convertido en uno de los asuntos más controversiales de la actual administración estatal.

Por el cargo, sus facultades y la personalidad de la dirigente derechohumanista, además de sus antecedentes, no tanto de los últimos años, en los que decidió -porque los reclamos sociales habían variado- dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a la defensa de los derechos de las mujeres, por lo que dió origen, al lado de un abigarrado grupo de compañeros, del Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, sino del pasado más lejano, justamente cuando se agravó la crisis de la cartera vencida, sino la historia previa, cuando un gran número de chihuahuenses se vió en la imposibilidad de pagar sus créditos, lo que originó una gran cantidad de conflictos, no solamente judiciales, sino sociales y económicos.

Hoy todo parece más sencillo, pero para que esto ocurriera debieron pasar largos años de tensas luchas, de mucho dolor y stress, de un sinnúmero de enfrentamientos, hasta personales, entre los barzonistas y los abogados de los bancos, no pocas veces apoyados por la fuerza pública.

Pero gracias a esas luchas se logró que el agio se catalogara judicialmente como un delito; se le pusieron límites a los intereses anatósicos; se impusieron trabas a las adjudicaciones fast track de casas y bienes por las financieras, bancos y agiotistas, que entonces tenían a su favor hasta el marco legal. Los abusos eran legales.

De esa etapa y de su continuación al presente, pero disminuída, provienen la mayor parte de las quejas de los abogados y de las expresiones de rechazo a su nombramiento.

Como en todos los casos, hay, no cabe duda, razones que sustenten, en algunos casos, las serias y hasta viscerales acusaciones en su contra.

Hoy no es el tema del escribiente, al contrario, la actuación de Lucha en el ámbito de la defensa de los derechos humanos ha merecido el reconocimiento nacional e internacional; ahí no hay margen a la duda, gracias a la lucha de ella y sus compañeros y de un, por desgracia, numeroso grupo de madres y padres de mujeres desaparecidas y asesinadas, y las organizaciones que han dado origen -en las que mucho han influido para su creación, tanto Lucha, como Gabino y Alma Gómez- hoy hay una mejor defensa de los derechos de las mujeres y, ojalá, hayan contribuido a disminuir la violencia doméstica, aunque si así no fuera, no se les podría achacar culpa alguna, al revés.

Pero, precisamente por lo anterior, tanto Lucha como Javier Corral, estaban -están- obligados a que sus actuaciones impulsen el fortalecimiento del Estado de Derecho en Chihuahua.

Hoy es miembro del organismo encargado de velar por la correcta actuación de los integrantes del Poder Judicial. Una chicanada es la que le permite estar en ese puesto, la que estaría proporcionada por una interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá ratificarse o no, si, como se ha anunciado, algunos abogados impugnarán su nombramiento.

Podrán haber muchas interpretaciones, pero una cosa es cierta, al imponer restricciones en la edad de quienes integren ese organismo -y otros- tiene, en el fondo, la intención de que a ellos lleguen personas en distintas condiciones físicas a quienes rebasan los 65 años. Rebasarlos por unos meses más o menos es un asunto menor, que no debiera a llevar al desgaste político -así fuera pequeño- al grupo gobernante.

En el pasado, El Barzón debió hacer frente, con una extraordinaria frecuencia, a las chicanadas usadas por los abogados de los bancos y los patrones abusones; la queja, entonces, era la de no contar a la mano con los instrumentos necesarios para modificar el marco legal y desaparecer, por tanto, la posibilidad de que hicieran uso de ese recurso, legal, pero indebido.

Así ahora, muchos podrán cuestionar la honorabilidad de Lucha Castro, Javier Corral tiene la opinión contraria, por eso la designó, y otros podremos considerar como de muy elevado valor sus aportaciones a los chihuahuenses, pero su designación y la aceptación, en estas condiciones, pone en entredicho la sensibilidad política del actual grupo gobernante, al cual pertenece, de hacer cosas al filo de la navaja, lo que los coloca, por desgracia, en la misma tesitura que sus antecesores en el poder.

¿Porqué no colocar a Lucha al frente de, por ejemplo, la fiscalía de los delitos en contra de la mujer -o como se llame ahora- o en la de los derechos humanos de la misma fiscalía, y preservar en esos espacios a reconocidos juristas, de largas trayectorias en el ejercicio, estudio o enseñanza del derecho?

¿Porqué no hacer cosas distintas, ahora que están en el gobierno, y designar a funcionarios que no conciten la controversia, sino el consenso, precisamente por lo elevado y delicado de las funciones de tales posiciones?

¿Porqué no aprender de las experiencias de los más destacados integrantes del grupo gobernante, como César Jáuregui Robles, el Secretario de Gobierno, quien fuera muy criticado porque pasó, sin tocar baranda, del Comité Nacional del PAN, al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación?

Lo dicho, …no hagan cosas buenas que parezcan malas…

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