Chihuahua., Chih

Tras la llegada a México del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin y las recientes filtraciones a la prensa acerca del entramado de la corrupción transexenal, en aquel entonces con el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018),  a la cabeza de una de las administraciones más repudiadas en la historia del México contemporáneo, la oscura trama de corrupción y privilegios, comienza a bosquejar a personajes que participaron supuestamente directa o indirectamente en la poderosa red de corrupción institucional que "ayudó" a comprar al legislativo mexicano durante la LXII Legislatura, aprobando sin chistar al paquete de reformas y medidas presentadas por Enrique Peña Nieto, en un intento por mostrarse ante México y el mundo como un líder joven, moderado, progresista y reformador.

Sin embargo las reformas aprobadas gracias al Pacto por México, firmado en diciembre de 2012 en interiores del Castillo de Chapultepec, comenzaron a oxidarse, a expirar y finalmente a ser desechadas, como suele suceder en una transición democrática mexicana y el nuevo presidente electo crea una ruptura con el legado de su antecesor.

Tan solo el pasado fin de semana el diario capitalino Reforma reveló que la estructura jerárquica del entonces PRI gobernante, repartió supuestamente 52.3 millones de pesos destinados a legisladores como medida coercitiva para aprobar a las reformas del otrora Pacto por México. Sumándole el "generoso patrocinio", que otorgó el gigante brasileño de las construcciones Odebrecht, a la campaña del expresidente Peña Nieto por 4 millones de dólares.

Un escándalo político de grandes dimensiones que no solo ha salpicado nuevamente a un PRI debilitado y moribundo, además ha afectado al principal partido de oposición: el Partido Acción Nacional (PAN). 

Según una supuesta declaración de Lozoya, el exsecretario de Hacienda y excanciller de la SRE (Secretaria de Relaciones Exteriores), Luis Videgaray envío 6.8  millones de pesos al expresidente de la Cámara de Diputados y excandidato del PAN por la carrera presidencial acontecida en julio de 2018, Ricardo Anaya.

La entrega del monto efectuado se habría realizado en el más completo hermetismo, supuestamente el 8 de agosto de 2014 por medio de un intermediario con identidad reservada.

Entre otras figuras del partido albiceleste se encuentran el exsenador y exaspirante presidencial Ernesto Cordero, el exsecretario de la Función Pública durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Salvador Vega, además de los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente.

Cómo es de suponer, las figuras mencionadas anteriormente rechazaron las supuestas declaraciones realizadas por Lozoya, en el caso de Anaya mencionó a la información expuesta por Reforma como "absolutamente falsa".

Sin embargo, el supuesto soborno realizado a Ricardo Anaya por parte de las altas esferas del priísmo ha captado mayor atención nacional, a diferencia de sus demás correligionarios de Acción Nacional, al ser una de las figuras de oposición más conocidas en el país.

No obstante, tal y como menciona el periodista y editorialista de Reforma, Sergio Sarmiento, en su columna Jaque Mate bajo el título "Sobornos Gratis", (27/07/2020), el equipo presidencial de Peña Nieto no hubiera pasado por grandes inconvenientes al tratar de convencer a un político con un perfil ideológico liberal como Anaya, de que aprobara reformas políticas y sociales que se presentaban a si mismas como novedosas y transformadoras para el país.

En cambio el gabinete oficialista hubiera tenido mayores inconvenientes en convencer a los legisladores de su mismo partido (PRI), o de oposición como PRD o Movimiento Ciudadano (MC), mismos que votaron en contra de las reformas estructurales del peñanietismo.

Además, el semanario Proceso en su versión digital e impresa reveló que el exdirector Lozoya, sacó grandes cantidades de dinero en efectivo, utilizando helicópteros oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana y bolsas de uso deportivo para trasladar las sumas.

Incluso en el piso número 45 de las oficinas de Pemex en la Ciudad de México, se planteó la estrategia para corromper al Congreso mexicano, utilizando el recinto como un "cuarto de guerra", tapizado con imágenes de los 500 diputados federales y 128 senadores de aquella legislatura, además de contar con una especie de clasificación que los tipificaba por colores y nivel de convencimiento.

El parámetro de medición de intención de voto consistía en colores, el verde consistía en el mayor nivel de convencimiento, mientras que el amarillo y el rojo eran indicadores de una posible aceptación o un rechazo evidente, respectivamente.

El exprófugo Lozoya, a pesar de no haber sido presentado ante un juez de control, y de supuestamente habérsele leído sus derechos por parte de un empleado del Ministerio Público (sin evidencias que logren afirmar tal aseveración), hasta el día de hoy no ha puesto un solo pie ante el reclusorio , e incluso hasta el día de hoy continúa recibiendo atención médica en una unidad médica privada, bajo la vigilancia de la FGR del fiscal Gertz Manero, sin haber realizado tan siquiera una declaración formal ante el Ministerio Público.

Sin embargo ante aquel "vacío legal", las recientes revelaciones difundidas por dos de los principales medios más influyentes del país, han vuelto a incentivar la polémica en torno a la corrupción desmedida del casi extinto PRI, sin embargo, coinciden muchos expertos en que la trama acabará señalando al expresidente Peña Nieto, jefe directo de Lozoya y de Videgaray.

Lamentablemente la especulación continúa sobrevolando en el aire y el proceso judicial está plagado de "lagunas judiciales" que entorpecerán el resultado del mismo.

Incluso las mismas esferas del gabinete presidencial del lopezobradorismo continúan incentivando la especulación y obstaculizando el debido proceso del mismo, ya que la información obtenida del caso es presentada por el oficialismo que habita en Palacio Nacional, a pesar de que la información o averiguación previa de un caso judicial no debe ser expuesta y caer en manos de una tercera persona, eso incluye al presidente y a cualquier funcionario público.

Lo único certero es que Lozoya tiene mucho aún por contar, es cuestión de tiempo para una caída libre y estrepitosa de la cúpula del peñanietismo, sea en este sexenio o en el siguiente.