Chihuahua, Chih.

Este cierre de año pareciera estarse convirtiendo en un cúmulo de controversias que atañen a asuntos de mujeres, de esos que tienen gran influencia en la sociedad. Abordarlas en conjunto se hace necesario puesto que comparten el mismo hilo conductor: el machismo y la impunidad con que se arropa.

La denuncia que la diputada Carmen Rocío González de la bancada parlamentaria del PAN realizó sobre el acoso y hostigamiento sexual puso en evidencia lo que es una práctica común (no un hecho aislado ni de uno solo) al interior del recinto parlamentario y que se ejerce por parte de no solo de diputados, también de asesores y demás hombres que laboran ahí.

Las flores en el espacio laboral, los piropos no solicitados, el someter la eventual negativa frente a estos actos al despido o sanciones con graves afectaciones en el empleo de quien las recibe, no representa una muestra de amor, cariño o reconocimiento, solo apuntala el poder que el remitente ejerce sobre la mujer en cuestión y que se convierte en una relación víctima-agresor. Ella puede verse afectada si no accede a las pretensiones de quien la violenta.

El domingo pasado se hizo del conocimiento público un video que mostraba al Juez de garantías Guillermo Gómez Cortés golpeando a su hermana, Carolina Cortés. La viralización, en medio de una sociedad que ha normalizado la violencia de género y al mismo tiempo ha convertido en tabú hablar de ella, generó opiniones que se extrapolaron entre la indignación por el evidente maltrato a una mujer, como quien justificó al infame sujeto. Afirmaban que ella agredió primero al retirarle el teléfono con que estaba intimidándola y otras voces (con las que concuerdo), manifestaban ella había respondido a la agresión.

Al día siguiente se filtraron videos de sus audiencias que fueron retomados por esta casa editora. En ellos se comprobaba que su misoginia, su poca tolerancia a la frustración, mal manejo de la ira, su prepotencia y misoginia sí afectaba de modo negativo su papel como juzgador. Un par de videos más, previo a la agresión videograbada y uno adicional en lo que parece ser un rancho (se supone que es el que se encuentra en controversia) hicieron girar algunas de las voces que parecían defenderlo al inicio de la polémica.

Otro asunto que no puede dejarse pasar es la respuesta por la reciente aprobación de los lineamientos de paridad de género por parte del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que tienen la finalidad de garantizar de modo efectivo la postulación igualitaria y el acceso a los cargos de elección popular para las mujeres chihuahuenses.

La respuesta era predecible; quien de modo permanente se ha negado al avance de los derechos de las mujeres ha gastado mucha tinta y páginas en tratar de denostar esta reivindicación so pretexto de argumentos leguleyos tergiversando jurídicamente el sustento que nos permite ser parte activa de la sociedad y sus decisiones políticas. Los argumentos son los mismos; que no hay suficientes mujeres que deseen participar y que, forzando su entrada a la política serán las peores y no mejorará el ámbito político local.

Como si la permanencia exclusiva de hombres en los gobiernos eliminara las malas prácticas del ejercicio del poder y garantizara una arena política donde todas las personas estuviéramos conformes y libres de corrupción e impunidad.

Los tres hechos que recapitulo tienen como elemento en común los afanes por desestimarlos o restarles importancia.

En el Congreso local la diputada denunciante -a pesar de ser una acérrima enemiga de los derechos humanos de las mujeres- ha recibido cuestionamientos y el intento de destitución en comisiones de las que forma parte.

Referente a lo del juez iracundo y prepotente, la titular del ICHIMU a título personal y en representación de la institución que dirige de inmediato se posicionó en contra de los actos criminales del funcionario judicial; la consejería ciudadana de la judicatura tomó el caso para abordarlo con carácter de urgente y las mujeres del comité ejecutivo estatal de Morena, se declararon vigilantes de no tolerar sujetos violentos y de poca calidad moral en sus filas.

En redes sociales cientos de mujeres del estado y el país se han manifestado y suscrito a la exigencia de destitución, inhabilitación y acción penal contra dicho sujeto.

Por la paridad sustantiva hay un movimiento nacional al que nos suscribimos porque estamos convencidas del poder de la participación de las mujeres en política. Desde hoy, los partidos tendrán que modificar drásticamente sus formas de organización y reparto de candidaturas, ya no por cuotas para los distintos grupos de poder, sino que están obligados a la búsqueda de nuevos consorcios y acuerdos que lleven a los mejores hombres a participar de las contiendas ante lo que supone la reducción de espacios para ellos. Porque hace tiempo se advirtió que empoderar a las mujeres de los partidos era tarea urgente y lo dejaron pasar, ahora la urgencia son otras formas de hacer política que a falta de voluntad, la normatividad y la ley les obliga.

Sigo en la insistencia de que los hombres frente al avasallante paso y permanencia de las mujeres en puestos públicos y de poder tienen que hacerse cargo de sus propias violencias, de las que se construyen estructuralmente y por cuestiones culturales se sostienen a través de las omisiones, silencio y complicidades que al callar, defender o exigir exhaustividad para comprobar la verdadera intención de un agresor cuando comete un delito de género a todas luces y en lo obscuro, acosa, violenta u hostiga a una mujer; no se pronuncian porque es muy probable que al levantar la voz, alguien le diga: “tú también”.

Porque después de todo, ¿qué hombre en este sistema que los otorga todos, no ha ejercido sus privilegios para sostener su status quo, comodidad en el espacio privado, hacer crecer su carrera o relaciones de poder?

¡Háganse cargo de sus violencias! Porque ya bastante tenemos nosotras con hacernos cargo de los estragos que provocan.



marielacastroflores.blogspot.mx

@MarieLouSalomé