Chihuahua, Chih.

Mañana hará una gira de trabajo por Chihuahua el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se efectúa en uno de los peores momentos de las relaciones entre un gobernante chihuahuense y un presidente de la república.

Los separan no pocos ni menores diferendos, acrecentados por los temperamentos de ambos. Los motivos de las diferencias se elevan, además, por la participación de miembros de los equipos gobernantes de ambos en los distintos conflictos, presentados a lo largo de prácticamente toda la gestión del tabasqueño, pero ahora señaladamente por el generado por los compromisos del Tratado de Aguas (TILA) y, además, por la discusión sobre el presupuesto.

En el centro de todo ello está, por añadidura, la endeble seguridad pública y la -aparentemente- ausente coordinación en esta materia.

Si faltara algún elemento para las posiciones encontradas, ahí está, además, la investigación del asesinato de Jessica Silva a manos de elementos de la Guardia Nacional; hasta la fecha, impune.

Las descalificaciones han provenido de ambos lados, la mesura ausente en las dos partes.

¿Quién tiene la culpa primaria? ¿El presidente? ¿El gobernador? ¿El delegado Juan Carlos Loera cuando lanzó duras críticas al gobernador, quien respondió cerrándole la puerta a la Mesa de Seguridad Pública?

¿Y las dos partes acusándose de todo? Uno señalando al gobernador de ser el instigador del movimiento de los agricultores, o el mandatario local de lo mismo al presidente.

¿O, ahora el presidente, que realiza una gira por Chihuahua y no le notifica al gobernador que la efectuará, notificación que, además, debiera incluir, al detalle, la agenda de la visita?

Por si faltaran ingredientes, el delegado Loera especificando que la agenda será de carácter federal, porque las obras las efectuó la administración federal, con seguimiento del gobierno municipal.

¡Híjole!

¿Pues en que mundo viven?

¿Será necesario recordarles el difícil momento por el que transitamos en el que, por si faltara, a los problemas generados por la pandemia y al clima de violencia, ahora debemos agregarle el de la sequía?

¿Dónde, dónde se encuentra la experiencia adquirida por ambos gobernantes a lo largo de décadas de transitar por la vida política del país?

¿Acaso no hay lugar para exponer y mantener sus diferencias y discutir y resolver en los asuntos que tienen competencias concurrentes, como el de la seguridad pública, en la definición de políticas públicas y la incidencia del presupuesto en ellas?

Ni Corral tenía derecho a impedirle la participación al Delegado Juan Carlos Loera a la reunión de la Mesa de Seguridad, ni el presidente a negarse a ser acompañado por el gobernante de la entidad que visita.

A todos deberemos recordarles que vivimos en una república, en la que existe la división de poderes, de competencias y que, para mejores señas, se trata de una federación en la que están obligados, más allá de sus temperamentos, de sus partidos o de sus proyectos políticos, a la más amplia coordinación en las tareas de gobierno.

El nuestro no es un país con un régimen monárquico, somos una federación, de ninguna manera una obra, un conjunto de obras, o la puesta en marcha de un proyecto, un programa gubernamental, del orden federal, le compete sólo a este orden de gobierno; por supuesto, no, porque los debe aplicar en un territorio determinado, ocupado por una población que eligió a sus gobernantes de los tres niveles y a ellos deberá respetárseles, porque no se trata de las personas, sino de los ciudadanos que representan.

Nomás.

Hay un aspecto no menos importante.

El presidente López Obrador, como todos, tiene un estilo personal de gobernar, pero el suyo adolece de una materia esencial para hacerlo: No escucha, con una preocupante frecuencia, a los gobernados, a sus dirigentes sociales o políticos; ni a los grupos de ciudadanos que desean ser escuchados en sus quejas, en sus planteamientos, en sus dolores.

Necesita hacerlo. Llega a Chihuahua y su equipo no es capaz de programar una reunión con los dirigentes de los usuarios de los distritos de riego.

¿Cómo puede ser eso?

Si el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía, los calificó, casi, como delincuentes, pero no ha presentado una denuncia formal, porque no puede hacerlo, porque no hay conductas delictivas y, sin embargo, el conflicto que escaló a niveles insospechados, continúa ¿Porqué no reunirse con ellos?

El presidente llega a una entidad atravesada por serios problemas.

¿Cómo es posible que ni siquiera quiera ver al gobernador de ella, independientemente de los agravios -reales o ficticios- que éste le haya inflingido?

Es de no entenderse.

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