Chihuahua, Chih.
Se tomó como un episodio más de las frivolidades de la clase política, como un episodio más de las disputas protagónicas de los titulares del Poder Ejecutivo en el estado el país.
Eso parecía. Se les olvidó que los actos y decisiones que toman quienes tienen en sus manos diversas responsabilidades de gobierno, pueden generar graves consecuencias en sus gobernados, que pueden llegar hasta lo máximo: La pérdida de sus vidas.
Eso es lo que ha ocurrido a raíz del episodio en el que los gobernantes estatales y federales decidieron abandonar la Mesa de Seguridad, la instancia que, se supone, serviría para coordinar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad pública de ambos niveles de gobierno, aspecto imposible de eludir en el caso de Chihuahua, entidad en la que, desde quince años atrás, se presentan las cifras de las más altas en el país, de la comisión de homicidio doloso, de tal modo que la ubican como una de las cinco entidades con las más altas cifras en este delito a lo largo de este período.
La aseveración del padre de una las víctimas de la emboscada en la que integrantes del crimen organizado asesinaron a cuatro cuatro elementos de la policía estatal una semana atrás en la comunidad de La Concha, municipio de Temósachi, son contundentes, además de dolorosos: “Pleitos de Corral provocaron su muerte: padre de víctima. El padre de una de las víctimas culpa al mandatario del incidente por sus diferencias con la Federación”. (Nota de la redacción, El Diario de Chihuahua, 7/IV/21).
“Sergio Luna, padre del oficial Sergio Arturo Luna Escalante, uno de los oficiales que perdió la vida en dicho enfrentamiento” acusó a las diferencias del gobernador Javier Corral Jurado con el gobierno federal, como la causa de la muerte de su hijo.
La referencia es directa. Unos cuantos días de los mortales acontecimientos, su hijo le refirió que “no estaban contando con el respaldo de la Guardia Nacional, por las diferencias existentes entre el estado y la federación y tenían que patrullar con sus propios recursos y las carencias, en unidades que presentan deficiencias mecánicas”. (Ibídem).
Obligados a patrullar en zonas en las que las bandas del crimen organizado ejercen un absoluto control, desde hace muchos años, merced a las disputas estado-federación, en los patrullajes, le dijo el agente Luna Escalante a su padre, no les acompañaban las fuerzas federales, y que, cosa aún más grave, “la Guardia Nacional … no acudía en apoyo al momento de los enfrentamientos a pesar de que sus elementos se encontraran a escasos minutos de distancia”.
Esa apreciación, guarda una estrecha similitud con lo ocurrido años atrás, cuando se presentaron varios enfrentamientos entre bandas del crimen organizado en los alrededores de Cuauhtémoc y en los cuales las fuerzas federales -eran los tiempos del presidente Peña Nieto- tampoco hicieron esfuerzo alguno por intervenir…. Como ahora.
Estamos frente a un verdadero problema, a cuya solución ojalá sirva la decisión de reanudar las reuniones de los integrantes de la Mesa de Seguridad, así sea solo para atenuar de alguna manera lo que hoy ocurre en Chihuahua, en donde los niveles de violencia desatada por el crimen organizado se han elevado, sin que ello enturbie el ánimo vacacionista del gobernador Corral y del principal funcionario de su gobierno, encargado de este tema, el Secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz.
Y es que, de acuerdo con el informe presentado por el Observatorio Ciudadano de FICOSEC, “… durante el primer bimestre de 2021 el homicidio doloso aumentó un 36.2 por ciento contra el mismo bimestre de 2020 en tasa por cada 100 mil habitantes; lo mismo ocurrió con el delito de robo a casa habitación que creció un 42.5 por ciento en 2021 contra el 2020, así como los delitos sexuales que tuvieron un alza del 17.4 por ciento en este primer bimestre 2021 contra el mismo 2020”. (Nota de De la Redacción/El Diario, 7/IV/21).
Parecían simples frivolidades, sin consecuencias que lamentar, por desgracia no es así.
De ese modo culmina su gobierno Javier Corral, incapaz de interrumpir sus vacaciones para ofrecerles a las familias de las víctimas, por lo menos, un pésame adolorido y un reconocimiento a su tarea, de tan mala manera cesada.
N’ombre, es mucho pedir.
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